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Foto: Con fines ilustrativos.

PEN: Economía del crimen amplía su presencia en Costa Rica

La cantidad de organizaciones criminales desarticuladas se multiplicó por 2,4 entre 2020 y 2025, mientras los cantones donde operaban pasaron de 17 a 37.

El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó este jueves el XXXII Informe Estado de la Nación, que señala entre sus principales hallazgos que la economía del crimen gana terreno en el país.

De acuerdo con el PEN, esta economía se nutre de la economía lícita y busca infiltrarse en ella para legitimar sus ganancias. Su expansión ocurre en un contexto de crecimiento económico poco inclusivo, desatención de inversiones estatales estratégicas para el desarrollo humano y expansión de los mercados internacionales de negocios ilícitos.

El investigador adjunto del PEN, Luis Vargas Montoya, explicó que la economía del crimen es una tercera economía que se suma a la doméstica y a la orientada al sector externo.

Esta opera mediante mercados como el narcotráfico, el sicariato, el fraude electrónico, la legitimación de capitales, el comercio ilícito y los préstamos gota a gota. Según el informe, estas actividades se diversificaron, se sofisticaron y se extendieron territorialmente, especialmente hacia zonas de menor desarrollo relativo, en conexión con redes criminales regionales y globales.

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El informe identifica como una señal de la expansión del crimen organizado que la cantidad de organizaciones criminales desarticuladas se multiplicó por 2,4 entre 2020 y 2025, mientras los cantones donde operaban pasaron de 17 a 37. Además, las autoridades investigaron a más de la mitad de estas organizaciones por delitos relacionados con el tráfico de drogas o la legitimación de capitales.

Otras actividades también muestran un crecimiento. Las denuncias por delitos informáticos ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) aumentaron de 2.123 en 2019 a 13.362 en 2025, principalmente por estafas informáticas, que representaron cerca del 77% de las denuncias ese último año.

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Asimismo, los asaltos y hurtos a unidades de transporte de carga que investigó el OIJ crecieron un 29% entre 2016 y 2025.

En 2025, el 90% de estos delitos se concentró en cantones del corredor que conecta los puertos de Caldera y Moín con el Valle Central. El informe muestra aumentos entre 2016 y 2025 que van del 33% en Cañas al 1.300% en Esparza.

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El investigador detalló:

Las actividades delictivas generan grandes volúmenes de capital que buscan incorporarse a la economía formal sin dejar rastro de su origen ilícito. El lavado de activos facilita este proceso, a la vez que transfiere poder económico desde los mercados, el Estado y la ciudadanía hacia las organizaciones criminales. Esto fortalece su influencia y ejerce un efecto corruptor sobre la sociedad”.

Costa Rica es vulnerable al lavado de activos y la expansión del comercio ilícito

El PEN advierte sobre la exposición de varios sectores económicos al lavado de activos.

Según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos que cita el informe, entre las actividades más vulnerables figuran la construcción, el mercado inmobiliario, la venta de vehículos, el cambio de divisas y la hotelería. Otras investigaciones que recoge el documento también señalan riesgos en los sectores financiero, comercial, de transporte y almacenamiento.

El informe cita al Fondo Monetario Internacional (FMI), que advierte que los flujos financieros ilícitos distorsionan los precios, desincentivan la inversión, afectan la asignación de recursos y debilitan las instituciones.

Asimismo, recoge un informe de 2025 de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), que identifica a Costa Rica como un nodo estratégico de las economías ilícitas regionales, por su papel en el tránsito de cocaína, como destino y punto de tránsito de armas ilícitas y como mercado de cannabis. Ese documento también señala actividades ambientales ilegales, como la extracción de madera para su tráfico hacia China y la minería ilegal de oro en Crucitas.

La investigación también alerta sobre las limitaciones institucionales para combatir estas redes. Al respecto, Vargas advirtió:

Costa Rica enfrenta el auge del comercio ilícito sin contar con las capacidades institucionales necesarias para responder de forma efectiva. La falta de coordinación entre instituciones, los recortes presupuestarios en entidades de control, la debilidad de los sistemas de información y monitoreo y la limitada capacidad para llevar casos a juicio generan vulnerabilidades que son aprovechadas por estas redes”.

El informe añade que la corrupción y la tolerancia social al comercio ilícito agravan el problema, mientras el país aún carece de un abordaje que reconozca el comercio ilícito como un ecosistema criminal interconectado.


Lea las notas sobre el XXXII Informe del Estado de la Nación: