El informe advierte que los cambios presupuestarios dificultan seguir el recorrido de los recursos que financian programas como Avancemos y los subsidios de vivienda.
El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó este jueves el XXXII Informe Estado de la Nación, el cual destaca que el Ministerio de Hacienda ganó poder de decisión sobre los recursos que financian programas sociales en Costa Rica, mientras las instituciones responsables de fiscalizarlos perdieron capacidad para seguir su destino.
Según señala el informe, esta dinámica ha generando lo que el PEN denominó una reforma “de facto” del sector social: las decisiones presupuestarias modificaron quién controla los fondos sin que el país reformara formalmente la estructura del sector social.
El Informe documentó ese cambio en el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Hasta 2020, el fondo recibía una asignación presupuestaria directa. La Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), encargada de administrarlo, podía distribuir recursos entre programas, evaluar resultados y distinguir cuánto dinero provenía de las contribuciones sobre planillas y cuánto aportaba el Gobierno Central.
En 2021, el presupuesto nacional incorporó al Fodesaf y distintas instituciones y ministerios comenzaron a registrar los recursos del fondo en sus propios presupuestos. Desde entonces, la Desaf depende de las liquidaciones presupuestarias que le remite cada institución ejecutora para saber cómo utilizó el dinero. La Dirección gestionó ante Hacienda el acceso a la información necesaria para recuperar parte de su capacidad de control.
El informe señala que en la práctica, estos cambios han incrementado la discrecionalidad presupuestaria del Ministerio de Hacienda sobre recursos originalmente destinados a financiar programas sociales específicos:
Durante la formulación del presupuesto 2024, Hacienda propuso trasladar transferencias financiadas con recursos de Fodesaf, destinadas a programas como Avancemos, subsidios de vivienda y aseguramiento por cuenta del Estado, a programas presupuestarios administrados por otros ministerios. Según la DESAF, estos cambios fueron planteados sin su participación directa".
El PEN advirtió que las decisiones sobre dónde presupuestar los recursos pueden afectar su destino, la capacidad de las instituciones para ejecutarlos y la continuidad de los servicios.
Natalia Morales Aguilar, investigadora del PEN, explicó:
La mayor incidencia de Hacienda en las decisiones presupuestarias y la dispersión de las funciones de seguimiento dificultan reconstruir el recorrido de los recursos, desde sus fuentes de financiamiento hasta los programas y servicios que recibe la población. Por eso, es necesario fortalecer los mecanismos permanentes de control y definir claramente las responsabilidades de las instituciones que administran, ejecutan y fiscalizan esos fondos”.
La rectoría del sector cambió de manos durante dos décadas
El PEN documentó que, entre 2006 y 2026, la conducción de la política social selectiva pasó por distintas autoridades, entre ellas las de Vivienda, Salud y Trabajo. También cambiaron las instituciones que integran el sector y los mecanismos para coordinarlas. Actualmente, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) ejerce la rectoría del sector de Bienestar, Trabajo e Inclusión Social, que pasó de 16 instituciones y órganos desconcentrados en el período 2022-2026 a 23 en el período 2026-2030.

La coordinación abarca tanto a entidades dedicadas al combate a la pobreza como a instituciones que prestan servicios universales, entre ellas la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Educación Pública. También participan municipalidades, oficinas territoriales, organizaciones sociales y entidades privadas que prestan servicios con financiamiento, contratación o autorización del Estado.
Según recopiló el informe, los problemas de coordinación, la debilidad de la rectoría y las dificultades de articulación institucional motivaron la presentación de ocho iniciativas de ley entre 2011 y 2025, que buscaban reformar el sector social. Algunas propusieron mejorar la coordinación entre las instituciones existentes y otras plantearon fusionar entidades o crear una nueva autoridad rectora. Según el PEN, concentrar funciones tampoco garantiza una mejor coordinación: el reto consiste en definir quién planifica los programas, quién administra sus recursos y quién verifica los resultados para la población.
Morales enfatizó:
La reforma del sector debe comenzar por las relaciones institucionales. Es necesario considerar cómo circularán las decisiones; qué funciones requieren integración, cuáles necesitan independencia y de qué manera el cambio mejorará la experiencia y los derechos de la población atendida”.
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