El deterioro de los indicadores ambientales, la reducción de recursos para la conservación y las crecientes amenazas sobre áreas protegidas evidencian los desafíos que enfrenta el país para sostener su trayectoria ambiental.
El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó este jueves el XXXII Informe del Estado de la Nación, en el cual se revela que Costa Rica muestra un debilitamiento de su liderazgo ambiental, debido a las crecientes presiones sobre los recursos naturales y el territorio, así como a decisiones recientes que afectan la capacidad institucional para proteger la biodiversidad.
El PEN subrayó que esta situación amenaza el patrimonio natural y deteriora la imagen internacional del país como "nación ecológicamente responsable".
El retroceso se refleja en el Índice de Desempeño Ambiental, donde Costa Rica pasó del tercer lugar en 2010 al puesto 45 entre 177 países en 2025. Su calificación también cayó de 86,4 a 49,3 puntos. Aunque la metodología de evaluación se amplió, el informe señala un deterioro en áreas como la protección de especies, agricultura, recursos hídricos, bosques y mitigación del cambio climático.

A este panorama se suman al menos diez observaciones internacionales formuladas entre 2022 y 2026 sobre la gestión ambiental de Costa Rica.
Entre los señalamientos destaca el cuestionamiento a la decisión del Gobierno, en 2022, de restar prioridad a la Alianza más allá del petróleo y el gas (BOGA, por sus siglas en inglés), iniciativa que busca promover la eliminación gradual de la producción de estos combustibles. La decisión llamó la atención debido a que Costa Rica fue uno de los miembros fundadores de la alianza y cuenta con reconocimiento internacional por sus esfuerzos de descarbonización.
Otro llamado de atención provino de la Convención sobre los Humedales (Ramsar), que en 2025 manifestó su preocupación por posibles alteraciones ecológicas relacionadas con actividades humanas en los humedales de Térraba-Sierpe y Gandoca-Manzanillo.

El informe también advierte sobre la reducción de recursos para instituciones encargadas de la conservación. En 2025, el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) fue 1,6 veces menor que el de 2020, mientras que el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) recibió 13,4% menos fondos que en 2024. Por ello, plantea la necesidad de fortalecer las capacidades estatales para proteger el patrimonio natural.
Pago por servicios ambientales cae 75,7% en 2025
El PEN expone que, tras tres años de crecimiento, el área contratada bajo el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) cayó un 75,7% en 2025 respecto al año anterior.
Al respecto, la investigadora del PEN, Karen Chacón, afirmó:
Se trata de una de las reducciones más grandes de toda la serie histórica y hace necesario dar seguimiento a la capacidad financiera y operativa del programa, así como a la sostenibilidad de su contribución a la conservación de los bosques y la provisión de otros servicios ecosistémicos”.

Además, entre 1997 y 2025, el 89,7% de las hectáreas contratadas correspondió a la protección de bosques, mientras que la regeneración natural tuvo una participación reducida, pese a su importancia para recuperar ecosistemas degradados y mejorar la conectividad del paisaje. Por cada hectárea destinada a reforestación se contrataron aproximadamente 15,4 hectáreas para proteger bosques.

Presión urbana en los Cerros de Escazú
El informe también incorpora un análisis especial de la Zona Protectora Cerros de Escazú (ZPCE), el cual destaca que esta enfrenta crecientes presiones urbanísticas, productivas y ambientales que amenazan su cobertura forestal y sus recursos hídricos.
Entre 2018 y 2025 se identificaron cambios de uso del suelo hacia infraestructura, principalmente en sus alrededores, pero también dentro de sus límites.
El territorio enfrenta amenazas como deforestación, sobreexplotación, contaminación de fuentes de agua, expansión urbana y avance de la frontera agrícola.

Chacón aseveró:
La zona protectora enfrenta una débil capacidad institucional, no por falta de normas, sino por la fragmentación y las dificultades para convertirlas en reglas operativas coherentes. Esto cobra especial relevancia ante las crecientes presiones urbanas, productivas y ambientales en un territorio donde convergen la expansión inmobiliaria en terrenos de alto valor económico y ambiental, las actividades agropecuarias, el desarrollo de infraestructura y el aprovechamiento de recursos”.
Según el PEN, el problema también radica en la debilidad institucional y las dificultades de coordinación entre las entidades responsables, que limitan la aplicación efectiva de las normas de protección.
El país enfrenta así una doble dificultad. Fuera de las áreas protegidas, persisten las dinámicas de uso de los bienes naturales y del territorio que profundizan la insostenibilidad; dentro de ellas, las crecientes presiones y el debilitamiento de las capacidades de gestión comprometen los objetivos de conservación. Esta combinación pone en riesgo los fundamentos de la apuesta ambiental que Costa Rica construyó durante décadas".
El informe advierte que la conservación legal de estas áreas no es suficiente: se necesitan mayores recursos y capacidades técnicas para controlar las presiones sobre el territorio.
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