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Foto: Asociación de Concesionarios del Polo Turístico Golfo de Papagayo.

PEN: Gestión ambiental enfrenta riesgo de "regresión de hecho" por debilitamiento institucional

Informe advierte sobre la pérdida de impulso de la política ambiental desde 2022, cuestionamientos al sustento técnico de algunas reformas y un récord de 7.628 denuncias ambientales en 2025.

El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó este jueves el XXXII Informe del Estado de la Nación, y entre sus principales hallazgos se encuentra que el debilitamiento de las capacidades institucionales y financieras, la menor prioridad política del ambiente desde 2022 y los cuestionamientos al peso del criterio técnico y los espacios de participación ciudadana elevan el riesgo de una "regresión de hecho" en la gestión ambiental de Costa Rica.

Esto implica que las normas podrían mantenerse vigentes, pero con una menor capacidad del Estado para aplicarlas y fiscalizar su cumplimiento. El PEN analizó 162 documentos de política pública ambiental del Poder Ejecutivo, emitidos entre 1990 y 2025, y recopiló opiniones de personas expertas.

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Al respecto, la investigadora del PEN, Karen Chacón, explicó:

Durante décadas, Costa Rica sostuvo una apuesta ambiental que trascendió los cambios de gobierno, aunque persistieran dificultades para convertir las normas en resultados concretos. Hoy, la preocupación no se limita a posibles cambios en ese marco normativo, sino también a que disminuya la capacidad del Estado para aplicarlo, fiscalizar su cumplimiento y sostener los avances alcanzados”.

El análisis identifica tres etapas en la evolución de la política ambiental:

  • La creación de las bases institucionales durante los años noventa.

  • La ampliación de la agenda y su vínculo internacional entre 2001 y 2014.

  • Una expansión de políticas, planes y estrategias a partir de 2015, impulsada también por compromisos como la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.

Entre 2015 y 2021, el cambio climático se consolidó como eje central de la agenda ambiental, junto con temas como agua, biodiversidad, electromovilidad, género, ordenamiento territorial y transición energética.

Sin embargo, entre 2022 y 2025 cambiaron los énfasis: ganaron presencia la economía circular, los enfoques productivos, la generación de energía y el carbono azul, mientras disminuyó la atención relativa al agua, el género y la electromovilidad.

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Reformas ambientales generan dudas por falta de sustento técnico y participación

Costa Rica mantiene una amplia producción de normativa ambiental, pero enfrenta cuestionamientos sobre el respaldo técnico, la participación pública y la aplicación de las regulaciones.

Entre 2012 y 2025 se adoptaron 972 disposiciones ambientales, de las cuales el 53,4% fueron decretos ejecutivos, el 14,1% resoluciones y el 13,5% leyes. Asimismo, el informe advierte que los mecanismos de consulta no siempre permiten evaluar integralmente las implicaciones ambientales de reformas complejas.

Uno de los casos señalados es la reforma de 2024 al reglamento de la Ley Reguladora del Polo Turístico Golfo de Papagayo, que permitió trasladar capacidad constructiva entre fincas concesionadas. Su aplicación permitió que el Área de Conservación Tempisque autorizara la corta de 748 árboles en 2026, como parte de un proyecto turístico en Playa Panamá.

Tras la presentación de recursos, la Sala Constitucional dictó medidas cautelares que incluyeron una moratoria sobre permisos de tala para proyectos hoteleros en el Polo.

Por su parte, la Procuraduría cuestionó la falta de suficiente fundamento técnico-científico del mecanismo de compensación, la reducción del control individual por lote y los riesgos para los principios de tutela ambiental, precaución y no regresión.

En junio de 2026, el Ejecutivo derogó las disposiciones cuestionadas, sin resolver automáticamente los actos y procedimientos iniciados durante su vigencia ni los procesos constitucionales pendientes.

El informe detalla:

El caso puso en evidencia la tensión entre la modificación reglamentaria impulsada por el Poder Ejecutivo, su aplicación por el Instituto Costarricense de Turismo y las decisiones ambientales y forestales adoptadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación [...] El conflicto también reactivó los cuestionamientos en relación con la definición de bosque contenida en la Ley Forestal".

Otro ejemplo es la propuesta de reforma al reglamento de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, sometida a consulta pública por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) en 2025.

Aunque contenía 325 artículos y 22 anexos, el Minae otorgó únicamente diez días hábiles para recibir observaciones. El plazo fue considerado insuficiente por personas expertas, quienes también cuestionaron la participación tardía de sectores especializados y el rechazo de la mayoría de las cerca de 800 observaciones recibidas sin suficiente justificación técnica. Al cierre del informe del PEN, el nuevo reglamento seguía en trámite.

Denuncias ambientales alcanzan cifra récord y aumentan los fallos judiciales

Las denuncias ciudadanas y las resoluciones judiciales han ganado protagonismo ante las dificultades institucionales para atender los problemas ambientales. En 2025, el Sistema Integrado de Atención y Trámite de Denuncias Ambientales (Sitada), del Minae, registró 7.628 denuncias, la cifra más alta desde 2013 y un 9,9% superior a la de 2024.

Además, el informe identificó 33 resoluciones relevantes de la Sala Constitucional entre marzo de 2025 y marzo de 2026, relacionadas con contaminación, daños ambientales, áreas protegidas, fauna silvestre y residuos.

Entre ellas destaca una sentencia de abril de 2026 sobre la extracción de arena en el río Tempisque, en la que la Sala Constitucional calificó por primera vez a Costa Rica como un "Estado social, democrático y ecológico de derecho". El fallo señaló deficiencias en la protección ambiental y advirtió que las actuaciones institucionales, por ser parciales y descoordinadas, resultaron insuficientes para atender los riesgos que amenazaban el río y sus ecosistemas.

Al valorar estos hallazgos, Chacón aseveró:

La protección ambiental no depende únicamente de contar con leyes, sino de la capacidad del Estado para hacerlas cumplir. Esa capacidad puede debilitarse sin necesidad de modificar el marco legal, cuando se reducen los recursos institucionales, pierde peso el criterio técnico, se limitan los espacios de participación o las instituciones actúan de forma aislada ante problemas ambientales complejos. El desafío no es solo responder cuando los conflictos llegan a los tribunales, sino actuar de manera coordinada y oportuna para prevenir daños y garantizar la protección de los recursos naturales”.


Lea las notas sobre el XXXII Informe del Estado de la Nación: