Consejo Universitario manifestó preocupación por la corta de 748 árboles e instó a valorar estudios para determinar si el área reúne características de bosque.
La Universidad de Costa Rica (UCR) expresó su preocupación por el permiso otorgado para la corta de 748 árboles de 22 especies en Playa Panamá, Guanacaste, como parte de un proyecto turístico e inmobiliario dentro del Polo Turístico Golfo de Papagayo.
Mediante un acuerdo aprobado este miércoles por el Consejo Universitario, la institución advirtió que la posible corta podría generar daños graves a la vida silvestre, los ecosistemas y la biodiversidad de la zona.
La UCR señaló que existe un conflicto socioambiental sobre si los árboles autorizados a cortar forman parte de un bosque. Por esa razón, instó a sus unidades académicas con competencias en biología, ecología, geografía y gestión ambiental a valorar la realización de estudios técnicos y científicos para determinar si el área reúne las características necesarias para ser clasificada legalmente como bosque.
El acuerdo señala:
Ante la incertidumbre científica, resulta oportuno que la Universidad realice un estudio al respecto”.
La universidad también reafirmó que, en terrenos con bosque propiedad del Estado, la legislación nacional no permite otorgar permisos para tala de árboles.
El pronunciamiento se refiere al proyecto que se pretende desarrollar en Playa Panamá, distrito de Sardinal, cantón de Carrillo, en terrenos bajo administración del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Según el acuerdo, el proyecto contempla hoteles, residencias, canchas deportivas y otras instalaciones.
La UCR indicó que, de acuerdo con criterios técnicos citados en el documento aprobado, el área podría poseer bosque considerado Patrimonio Natural del Estado por tratarse de terrenos estatales.
El Consejo Universitario hizo un llamado al Instituto Costarricense de Turismo, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para que cumplan la legislación ambiental nacional, los convenios internacionales y el artículo 50 de la Constitución Política, que reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Solidaridad con comunicadores y líderes comunales
El acuerdo también expresó solidaridad con personas comunicadoras y líderes comunales que, según la UCR, han sido víctimas de persecución por denunciar posibles afectaciones ambientales.
La integrante del Consejo Universitario por el Área de Ciencias Sociales, Ilka Treminio Sánchez, señaló:
En los últimos años se ha producido persecución contra personas defensoras del ambiente y contra quienes se enfrentan a este tipo de procesos, en los que las empresas dominan los negocios y también buscan determinar el uso y disfrute de las playas y los recursos naturales”.
Treminio agregó que la próxima semana se realizará el juicio contra el comunicador Juan Bautista Alfaro Rojas, conocido como Juamba Caminando, quien ha difundido cuestionamientos sobre el proyecto en Playa Panamá.
Revisión del modelo turístico
Más allá del caso específico de Playa Panamá, la UCR planteó la necesidad de abrir una discusión nacional sobre el modelo de desarrollo impulsado en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.
El Consejo Universitario señaló que la Ley Reguladora del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, vigente desde 1982, responde a una visión de desarrollo que debe analizarse a la luz de los desafíos actuales en materia ambiental, social y territorial.
La integrante del Consejo Universitario por el Área de Ingeniería, Natalia Solano Meza, afirmó:
Como concesión territorial, el Polo Turístico de Papagayo lleva detrás una visión de desarrollo que implica despojo de tierras, daño ambiental, gentrificación y, como bien lo señala el dictamen, turistificación”.
El acuerdo sostiene que el país debe evaluar de forma integral los costos y beneficios del modelo turístico predominante en la región, incorporando criterios de sostenibilidad ecológica, participación comunitaria, justicia social y protección de los territorios.
La corta de árboles vinculada al proyecto Bahía Papagayo (Enjoy Hotels) ha sido objeto de distintos procesos ante la Sala Constitucional. En abril anterior, el magistrado Fernando Cruz Castro dictó medidas cautelares dentro de una acción de inconstitucionalidad relacionada con el régimen del Polo Turístico Golfo de Papagayo, incluida una moratoria total sobre el otorgamiento de permisos de tala de árboles en ese polo turístico, en el contexto del desarrollo de un proyecto hotelero.