El control que ejerce la Asamblea Legislativa sobre el Ejecutivo registró el mayor retroceso entre 2015 y 2025. El indicador sobre intentos de censura a la prensa llegó a su nivel más bajo en 75 años.
El Programa Estado de la Nación (PEN) identificó señales de concentración del poder del Ejecutivo en Costa Rica, aunque destacó que el país conserva un sistema robusto de controles y contrapesos.
Según el informe, entre 2015 y 2025, Costa Rica registró retrocesos leves en cinco de los seis factores que miden los límites al poder gubernamental en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project.
La mayor caída correspondió al control que ejerce la Asamblea Legislativa sobre el Ejecutivo, cuyo puntaje bajó de 0,81 a 0,75. Le siguieron la alternancia en el poder conforme a la ley, que pasó de 0,95 a 0,90, y los controles que ejercen actores no gubernamentales, que pasaron de 0,83 a 0,79. El único factor que mantuvo el mismo puntaje en ambos años fue el de los límites que imponen los órganos de control, con 0,78.
El Informe Estado de la Nación 2026 también examinó datos del proyecto Variedades de la Democracia (V-Dem). En esa medición, el indicador sobre los intentos del Gobierno de censurar a los medios de comunicación registró su peor resultado en 75 años.
El investigador del PEN, Ronald Alfaro Redondo, explicó:
Los indicadores internacionales evidencian un proceso incipiente de concentración del poder del Ejecutivo, aunque Costa Rica mantiene un sistema robusto de controles y contrapesos. Los intentos del Ejecutivo por ampliar sus atribuciones someten al sistema político a fuertes tensiones que pueden dificultar la construcción de acuerdos y la atención de los problemas del desarrollo humano”.
Tres casos ilustran el alcance del poder del Ejecutivo
El informe explica que el Ejecutivo puede ampliar su poder al asumir decisiones que antes compartía con otros actores. El PEN indicó:
La concentración del poder no siempre implica romper las reglas establecidas, lo que dificulta su identificación. Puede producirse al cambiar quién controla una decisión, asumir competencias antes compartidas, reducir la participación de otros actores, controlar información necesaria para tomar decisiones o modificar procedimientos y reglas en beneficio de quien las impulsa".
El informe explica que este fenómeno es conocido como agrandamiento del Ejecutivo o “autoagrandamiento”, y supone ampliar la capacidad de decisión de un actor a costa de la de otros, incluso mediante intentos de exceder las atribuciones que le otorga el marco constitucional y legal.
Como ejemplo, señala que la administración de Laura Fernández Delgado nombró a Chaves simultáneamente ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda, dejando en Chaves el manejo de las finanzas públicas, la coordinación del Gobierno y la conducción de sus relaciones con la Asamblea Legislativa.
El PEN también incluyó la destitución de integrantes de la Junta Directiva del Banco Nacional, sin embargo, destaca que en este caso la Sala Constitucional actuó como contrapeso, anulando las actuaciones que llevaron a su separación y ordenando restituir a los directivos.
Finalmente, el informe apunta a la influencia del oficialismo en los gobiernos locales. Al cierre de la edición del informe, 19 titulares de alcaldías habían dejado las agrupaciones con las que ganaron la elección municipal para respaldar al oficialismo. Cuatro anunciaron su decisión en actos oficiales de Gobierno. El informe señala este apoyo de autoridades municipales como uno de los factores que contribuyeron al triunfo del Partido Pueblo Soberano en las elecciones de 2026.
Los ataques del Ejecutivo contra otros poderes pasaron de 10 a 152
El PEN revisó la cobertura de distintos medios de comunicación durante la administración de Rodrigo Chaves Robles y documentó 10 ataques del Ejecutivo contra otros poderes en el primer año de gobierno, 18 en el segundo, 88 en el tercero y 152 en el último. Conforme avanzó el mandato, el Ejecutivo también dirigió sus señalamientos contra diputaciones y jerarcas de las instituciones que cuestionaba.
En un análisis aparte, el PEN estudió las 173 conferencias de prensa que organizó el Ejecutivo entre 2022 y 2026. En el último año de gobierno contó 1.893 alusiones directas a actores políticos e instituciones, incluidas referencias al propio Ejecutivo. De ellas, 856 (45%) correspondieron a comentarios personales negativos, 649 (34%) a intervenciones de control político con connotación negativa y 303 (16%) a intervenciones de control político con connotación positiva. Chaves hizo el 90% de las intervenciones.
Durante el último año, el Ejecutivo aludió con mayor frecuencia al Poder Judicial, pero incluyó en sus ataques al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), principalmente por sus actuaciones en los procedimientos por presunta beligerancia política contra Chaves.
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