El XXXII Informe Estado de la Nación advierte que Costa Rica tiene menos margen para responder al avance del crimen organizado y a los cambios en el comercio internacional.
El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó el XXXII Informe Estado de la Nación, el cual hace un llamado a las fuerzas políticas del país a recuperar el diálogo. Según el estudio, Costa Rica llegó a mayo de 2026 con una economía en crecimiento y menos hogares en pobreza, pero también con mayores tensiones entre poderes y con menos capacidad para sostener la inversión en educación, salud e infraestructura.
La portada del informe muestra un megáfono apagado, boca abajo y cubierto con expresiones que el equipo investigador identificó entre las más frecuentes en los ataques verbales contra actores políticos e instituciones entre 2022 y 2026.
La directora del PEN, Isabel Román Vega explicó el sentido de la imagen en el texto que acompaña la portada, indicando:
Decimos que es hora de bajar el ruido y conversarnos porque el país acumula problemas graves y cada vez más complejos que requieren la acción de todos los actores del sistema político para resolverlos”.
Román añadió:
La idea central de la portada es la siguiente: “a Costa Rica le urge apagar el megáfono de las descalificaciones para concentrarse en las soluciones a los problemas urgentes”. Es un llamado a cambiar el clima de ataques verbales, recuperar la conversación democrática y poner nuevamente en el centro los temas de fondo (rezagos estructurales acumulados, cambios en el Estado de Bienestar y el sistema político; aumento de la economía del crimen) que el país necesita atender".
El informe identificó cuatro tendencias en 2025 y la primera mitad de 2026. Según el PEN, persisten los retrocesos en desarrollo humano sostenible, el Estado cambió sus prioridades de gasto y el nuevo escenario político combina mejores condiciones para gobernar con señales incipientes de retroceso democrático. En conjunto, estos procesos dejan al país con menos margen para enfrentar amenazas internas y externas.
La economía creció, pero los beneficios siguen concentrados
Según destaca el informe, en 2025 la economía costarricense creció un 4,6%, la segunda tasa más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo promedio alcanzó el 1,8%.
El mayor dinamismo se concentró en empresas del régimen especial, conformado principalmente por las zonas francas, y en la Gran Área Metropolitana. Mientras que, las actividades que dependen del mercado interno crecieron a un ritmo menor y la informalidad siguió siendo una alternativa de trabajo.
La pobreza pasó del 18% de los hogares en 2024 al 15,2% en 2025. El PEN atribuyó el 41% de esa reducción al menor tamaño de los hogares y otro 20% a las transferencias monetarias estatales. Según el informe, las familias que lograron superar la línea de pobreza ya contaban, en promedio, con más personas ocupadas y mayor acceso al empleo formal que las que permanecieron por debajo del umbral.
El ajuste fiscal cambió el peso de las políticas universales
El PEN reconoció la estabilidad de las finanzas públicas como un logro de los últimos años y señaló que el ajuste descansó en buena medida en la contención del gasto. Sin embargo, esas restricciones afectaron inversiones en educación, salud e infraestructura. Según el informe, las políticas universales, que ofrecen servicios al conjunto de la población, perdieron peso relativo frente a los programas dirigidos a grupos específicos.
El informe también identificó un cambio de prioridades en materia ambiental. La conservación perdió importancia en la acción del Estado, mientras aumentaron las presiones sobre recursos como el agua. El PEN advirtió que el país puede mantener sus leyes e instituciones ambientales y, al mismo tiempo, perder la capacidad de hacer cumplir esas normas y sostener los resultados que alcanzó durante décadas.
La mayoría legislativa cambia las condiciones para gobernar
El PEN destacó que las elecciones de 2026 pusieron fin a un largo período de gobiernos divididos. Con una mayor participación electoral, el oficialismo ganó la Presidencia y obtuvo 31 diputaciones. Para el PEN, esa mayoría facilita la aprobación de reformas y abre una oportunidad para atender demandas ciudadanas, en particular las de los territorios con mayores rezagos.
El informe también identificó señales incipientes de retroceso democrático. Entre ellas señaló los ataques contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el deterioro de indicadores internacionales que miden los límites al poder gubernamental y una mayor apertura de parte de la ciudadanía a que quienes gobiernan ejerzan el poder con menos controles. Sin embargo, el PEN consideró que la evidencia aún resulta insuficiente para hablar de una erosión profunda de la democracia costarricense.
Entre las amenazas que ya comienzan a materializarse, el informe destacó la desaceleración de las zonas francas, que por primera vez registraron una pérdida neta de empleo. Para el PEN, ese resultado muestra el riesgo de depender de pocas actividades para sostener el crecimiento económico.
Adicionalmente, el informe advierte que, dentro del país, el crimen organizado amplió su presencia territorial y su participación en actividades económicas lícitas.
Además, el estudio examinó el caso de Crucitas, en San Carlos, donde la minería ilegal coincide con rezagos sociales y productivos de larga data y con respuestas estatales que el PEN calificó de tardías y discontinuas.
Desde Delfino.cr hemos preparado una cobertura especial para abordar los principales temas y hallazgos que presenta el XXXII Informe del Estado de la Nación, la cual puede encontrar en las siguientes notas:
Decisiones de Hacienda generan una reforma “de facto” del sector social costarricense.
Informalidad predomina entre las microempresas del sector comercio.
Aumento en gastos básicos presiona el presupuesto de los hogares.
Conductores pierden hasta 216 minutos diarios por congestión en la Ruta 1.
Gestión ambiental enfrenta riesgo de "regresión de hecho" por debilitamiento institucional.
Desconexión con las realidades locales dificulta la aplicación de políticas ambientales.
Crucitas arrastra décadas de rezago social y respuestas insuficientes del Estado.
Indicadores internacionales evidencian señales de concentración del poder del Ejecutivo.





