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Foto: Casa Presidencial.

PEN: Crucitas arrastra décadas de rezago social y respuestas insuficientes del Estado

El conflicto por la minería de oro acumula más de 40 años y refleja las brechas socioeconómicas, la falta de oportunidades y las dificultades para conciliar la protección ambiental con el desarrollo local.

Este jueves, el Programa Estado de la Nación (PEN) presentó los resultados del XXXII Informe del Estado de la Nación, en el cual se revela que el conflicto socioambiental por la minería de oro en Crucitas, en Cutris de San Carlos, refleja las dificultades históricas de Costa Rica para ofrecer soluciones inclusivas, sostenibles y con visión local a problemas que involucran factores ambientales, sociales, económicos y políticos.

El PEN destacó que el caso acumula más de cuatro décadas de tensiones, con antecedentes desde el siglo XIX, y evidencia cómo las desigualdades socioeconómicas, la falta de oportunidades laborales y las distintas visiones sobre el uso de los recursos naturales han profundizado las diferencias entre comunidades, sectores e instituciones.

Esta situación también se refleja en las condiciones de vida de la población. Según el Índice de Desarrollo Social 2023, Cutris ocupó el puesto 430 de 490 distritos del país, dentro de la categoría de menor desarrollo relativo. Aunque los hogares con al menos una carencia básica disminuyeron del 45,5% en 2011 al 35,6% en 2022, más de uno de cada tres todavía enfrentaba esta condición.

El análisis del PEN advierte que la falta de respuestas estatales y sociales oportunas y sostenidas amplía las brechas y limita las oportunidades de desarrollo en esta zona fronteriza de alto valor económico y ambiental.

Para elaborar el análisis, el equipo investigador realizó una revisión documental, entrevistas con personas expertas y actores vinculados al conflicto, así como grupos focales con representantes institucionales y comunitarios. También se desarrolló un taller con especialistas para contrastar los hallazgos y plantear posibles acciones.

Tres etapas de un conflicto de más de 40 años

El informe reconstruye la evolución del conflicto en Cutris, un distrito de casi 850 km², y distingue tres etapas principales.

La primera, entre 1980 y 1993, estuvo marcada por las exploraciones preliminares de oro en un territorio con una presencia estatal tardía, limitada y reactiva. El interés por la actividad minera no estuvo acompañado de una estrategia que contemplara sus posibles impactos ambientales ni las necesidades de desarrollo de las comunidades.

La segunda, de 1993 a 2010, se caracterizó por el otorgamiento de permisos de explotación y el aumento de la conflictividad socioambiental. Las decisiones contradictorias del Estado sobre el proyecto llevaron a la judicialización del caso y a la prohibición de la minería metálica a cielo abierto.

La investigadora del PEN, Karen Chacón, explicó:

Para entonces ya existían posiciones encontradas sobre la minería en Crucitas. Algunas personas expresaban preocupación por sus consecuencias ambientales a corto, mediano y largo plazo, mientras otras veían en el proyecto una oportunidad para mejorar la calidad de vida en una zona históricamente desfavorecida”.

La tercera fase, entre 2010 y 2026, estuvo marcada por la expansión de la minería ilegal, especialmente a partir de 2017. La actividad, que inicialmente se desarrollaba como una alternativa de “subsistencia”, evolucionó hasta convertirse en un fenómeno delictivo de gran escala, con participación de redes de crimen organizado e importantes consecuencias sociales, sanitarias y ambientales.

PEN

El estudio también identifica una respuesta estatal principalmente reactiva y dificultades persistentes para mantener el control territorial.

En ese contexto, la investigadora explicó cómo las necesidades económicas han incidido en la percepción del problema ambiental:

El problema alcanzó una escala que supera las capacidades ordinarias del Estado en recursos económicos, personal, condiciones técnicas y voluntad política. A esto se suma que las necesidades sociales y económicas han influido en la forma en que parte de la población valora la dimensión ambiental. La protección de la naturaleza sigue siendo una preocupación, pero pierde peso ante la urgencia de generar ingresos y empleo”.

44 propuestas para atender la crisis en Cutris

Un taller realizado por el PEN el 21 de julio de 2026, con cerca de 20 personas expertas de los sectores institucional, social y académico, permitió reunir 44 propuestas para atender el conflicto en Cutris: 14 ambientales, 16 sociales y 14 económicas.

Entre las medidas ambientales destacan la investigación científica sobre contaminación, la restauración de ecosistemas y el impulso de actividades productivas sostenibles.

En el ámbito social se planteó mejorar la infraestructura, los servicios, el empleo, la seguridad y el control territorial, así como valorar una minería legal y controlada como alternativa a la ilegalidad.

Las propuestas económicas incluyen mecanismos para garantizar la trazabilidad y certificación del origen del oro, fiscalizar su comercialización y fortalecer la coordinación institucional.

El estudio subraya que no existe una solución única y que cualquier respuesta debe integrar las dimensiones ambientales, sociales y económicas del conflicto, así como las condiciones del territorio.

Foto: Casa Presidencial.

Dos caminos para enfrentar la minería ilegal en Crucitas

El informe identifica dos grandes vías que se debaten en el país para abordar la minería ilegal en Crucitas. La primera consiste en mantener la prohibición de la minería metálica a cielo abierto, reforzar las acciones contra el crimen organizado, atender los daños ambientales e impulsar inversiones en infraestructura, servicios básicos y alternativas de desarrollo socioeconómico.

La segunda propone modificar el marco legal para permitir nuevamente la actividad minera en Cutris, ya sea mediante la formalización de la minería artesanal de coligalleros locales organizados o el otorgamiento de concesiones a empresas extranjeras para desarrollar operaciones a gran escala.

No obstante, el informe del PEN advierte que ninguna de las dos alternativas ofrece una solución inmediata a la crisis y que ambas abordan de manera desigual los componentes ambientales, sociales y económicos del conflicto.

Ante este panorama, Chacón señaló que Costa Rica necesita una discusión informada y participativa para encontrar una respuesta integral:

Costa Rica requiere avanzar hacia una discusión informada, participativa y transparente sobre cómo abordar el conflicto en Crucitas desde la perspectiva del desarrollo humano sostenible. La degradación de los ecosistemas, la persistencia de la pobreza, las economías ilícitas y las limitaciones del Estado para ejercer control sobre el territorio son problemas que se refuerzan entre sí. Si se atiende únicamente una de estas dimensiones, se corre el riesgo de trasladar el problema en lugar de resolverlo”.

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Foto: Casa Presidencial.

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