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PEN: Gestión fiscal requiere ajustes impostergables

El déficit del Gobierno Central pasaría del 3,4% del PIB en 2025 al 4,2% en 2031, aun si el país mantiene la contención del gasto.

El Programa Estado de la Nación (PEN) advirtió que la contención del gasto, principal vía por la que Costa Rica mejoró sus finanzas tras la reforma fiscal de 2018, ya no bastaría para evitar que el déficit vuelva a crecer, y señaló que "la gestión fiscal requiere ajustes impostergables para contrarrestar la caída de ingresos y el alto costo de la deuda".

El XXXII Informe Estado de la Nación, presentado este jueves, detalla que, entre 2021 y 2025, los ingresos del Gobierno Central promediaron el 15,2% del producto interno bruto (PIB), mientras que para el período 2026-2031, las proyecciones del Ministerio de Hacienda sitúan ese promedio en el 12,2%.

Según el informe, esta caída se explica por una disminución en dos de las principales fuentes de financiamiento del Estado: el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta, cuya recaudación disminuiría en 1,2 y 0,9 puntos porcentuales del PIB, respectivamente.

Ingresos del Gobierno Central, según tipo por período (porcentaje del PIB)

Los datos del informe contrastan que la recaudación perdió impulso al mismo tiempo que la economía costarricense mantuvo tasas de crecimiento saludables. Entre los factores que explican este fenómeno, el PEN señaló que la apreciación del colón redujo el valor en moneda nacional de las importaciones gravadas, así como los efectos de la baja inflación, las menores utilidades empresariales y que el crecimiento estuvo impulsado por el dinamismo de las zonas francas.

En 2025 la economía de Costa Rica creció un 4,6%, la segunda tasa más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El costo de la deuda limita el margen del Gobierno

El informe destaca que el Gobierno Central destinó al pago de intereses un promedio del 2,7% del PIB entre 2010 y 2019, mientras que para el período 2026-2031, esa proporción se proyecta que alcanzaría el 4,7%.

Evolución del balance fiscal, según componentes por año

Luis Vargas Montoya, investigador adjunto del PEN, señaló que la confrontación de la administración Chaves Robles con la Asamblea Legislativa dificultó los acuerdos para sustituir deuda interna más cara por financiamiento externo en mejores condiciones:

La estrategia confrontativa de la administración Chaves Robles redujo las posibilidades de construir los acuerdos legislativos necesarios para autorizar operaciones de endeudamiento externo que permitieran sustituir deuda interna más costosa por otra en mejores condiciones. Esta postura política obstaculiza el uso de una de las principales herramientas para reducir el servicio de la deuda y fortalecer la sostenibilidad fiscal”.

El informe también señala que la deuda del Gobierno Central ya cambió de rumbo. Después de bajar del 67% del PIB en 2021 al 58,9% en 2024, subió al 60,4% en 2025, y Hacienda proyecta que alcanzaría el 64% en 2030.

Las proyecciones de deuda del Gobierno Central solo contemplan una parte de las obligaciones pendientes del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que según los datos de la institución ascendía a ₡4,4 billones en mayo de 2025.

El PEN señaló que la toma de decisiones fiscales se hace más compleja al considerar la desatención de inversiones prioritarias para un desarrollo humano sostenible e inclusivo que ha vivido el país en los últimos diez años. La creciente escasez de recursos podría afectar aún más los pilares que sostienen el modelo de desarrollo de Costa Rica.

Como un ejemplo de este deterioro, el informe señal:

  • Las listas de espera de la Caja alcanzaron un máximo histórico de 1,3 millones de registros en 2025, un 64,2% más que en 2019.

  • La inversión en seguridad cayó de 2,5% a 2,1% del PIB en la última década, pese al aumento sin precedentes de la criminalidad.

  • La inversión en infraestructura de transporte alcanzó en 2025 su nivel más bajo de la última década, en un contexto en que San José figura entre las ciudades más congestionadas del mundo

  • La inversión en educación se ubica en de apenas un 5,3% del PIB, cada vez más alejada del mandato constitucional del 8%.

El Informe advierte que, independientemente de las acciones que se implementen para mejorar la solvencia fiscal del país, es fundamental analizar sus posibles efectos sobre el desarrollo humano y prever mecanismos compensatorios en caso de que estas medidas afecten el bienestar de la población.

Vargas advirtió sobre el costo de insistir en los recortes como principal respuesta al deterioro de las finanzas públicas:

Seguir apostando por medidas fiscales enfocadas en recortes a inversiones prioritarias como la seguridad, la salud, la educación y la infraestructura no solo menoscaba las condiciones necesarias para propiciar un desarrollo humano sostenible e inclusivo, sino que es insuficiente para asegurar la solvencia fiscal del país”.


Lea las notas sobre el XXXII Informe del Estado de la Nación: