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PEN: Desconexión con las realidades locales dificulta la aplicación de políticas ambientales

Informe evidencia debilidades en la coordinación institucional, limitaciones municipales en la gestión de residuos sólidos y respuestas tardías ante la contaminación del agua por agroquímicos.

El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó este jueves el XXXII Informe del Estado de la Nación, en el cual se advierte que las diferencias en las capacidades institucionales, los problemas de coordinación y la limitada participación de los actores locales en la planificación y toma de decisiones dificultan la implementación efectiva de las políticas ambientales.

Asimismo, subraya que la gestión de residuos sólidos evidencia desempeños desiguales entre gobiernos locales, mientras que los casos de contaminación de fuentes de agua en la Zona Norte y Cartago muestran respuestas institucionales predominantemente reactivas que no logran resolver las causas estructurales y territoriales de la contaminación.

Para documentar estas situaciones, el PEN combinó consultas a gobiernos locales con revisión documental, entrevistas y talleres.

Gobiernos locales enfrentan limitaciones para gestionar los residuos sólidos

El análisis evidenció que los municipios obtuvieron una calificación promedio de 57,7 puntos de 100 en el índice de gestión de residuos sólidos, lo que refleja las limitaciones institucionales para cumplir con sus responsabilidades ambientales.

La evaluación, en la que participaron 73 de los 91 gobiernos locales, determinó que, aunque el 97,2% cuenta con una oficina especializada y el 74% dispone de un plan vigente, ninguno había aplicado las multas previstas en la Ley para la Gestión Integral de Residuos, debido a la falta de convenios y mecanismos de coordinación con el Ministerio de Salud.

Entre octubre y diciembre de 2025, el PEN realizó una consulta telefónica a 73 gobiernos locales para conocer su desempeño en cinco áreas: capacidades y herramientas, acciones municipales, fiscalización, participación ciudadana y barreras de gestión. A partir de las respuestas se elaboró un índice que arrojó una calificación promedio de 57,7 sobre 100, sin que ningún municipio alcanzara los 80 puntos.

El estudio identificó cuatro perfiles de desempeño:

  • Consolidados (29 gobiernos locales): obtuvieron un promedio de 66,9 puntos y presentan mayores capacidades de planificación y gestión.

  • Intermedios con fiscalización (19): alcanzaron 59,9 puntos y muestran mejores condiciones para atender denuncias, pero menor participación ciudadana.

  • Capacidades sin fiscalización (17): registraron 52,3 puntos y presentan debilidades en los mecanismos de control.

  • Rezagados (8): obtuvieron 30,5 puntos y enfrentan dificultades en todas las dimensiones evaluadas.

Entre los cantones mejor calificados figuran Cartago, Jiménez, San Carlos y Coto Brus, mientras que Parrita, Turrubares, San José y Nandayure registraron los resultados más bajos.

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El PEN también identificó dificultades para implementar el Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos, introducido en 2025. Los actores consultados señalaron cuatro debilidades:

  • Obligaciones similares para municipios con condiciones distintas.

  • Insuficiente consideración del criterio técnico local.

  • Limitaciones institucionales y financieras para su implementación.

  • Escasa participación de los actores locales en la elaboración de la norma.

Los hallazgos evidencian que la gestión integral de residuos requiere fortalecer las capacidades municipales, mejorar la coordinación con el Ministerio de Salud y fomentar la participación de empresas, organizaciones sociales y ciudadanía.

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Fallas institucionales dificultan atención de contaminación por agroquímicos

Las dificultades de coordinación institucional también se reflejan en la atención de casos de contaminación difusa del agua asociada a agroquímicos en Pital, Aguas Zarcas y Río Cuarto, en la Zona Norte, y Oreamuno, en Cartago.

Mediante entrevistas, revisión documental y talleres con comunidades, Asadas y otros actores, el PEN identificó respuestas principalmente reactivas y debilidades para prevenir la contaminación y atender sus causas.

Aunque se realizaron acciones de monitoreo, inspección y abastecimiento, estas se intensificaron después de confirmarse la contaminación y, en varios casos, tras resoluciones judiciales. A abril de 2026, varias comunidades aún dependían de camiones cisterna y tanquetas para acceder a agua potable.

Además, las Asadas asumieron costos y responsabilidades para mantener el suministro, pese a su limitada participación en los espacios institucionales de decisión. De acuerdo con el PEN, "aunque se atendieron necesidades urgentes de suministro, persisten dificultades para prevenir las afectaciones, esclarecer sus causas, determinar responsables y recuperar las fuentes contaminadas".

Golfo de Nicoya destaca por su modelo de planificación y gobernanza marina

Como contraste a las dificultades identificadas en los otros casos, el informe destaca el proceso de ordenamiento espacial marino del Golfo de Nicoya, desarrollado por Conservación Internacional Costa Rica. Dicho proceso busca coordinar las actividades pesqueras, turísticas, de transporte y acuicultura, y reducir los conflictos entre los distintos usos del mar y equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo económico y social.

La iniciativa convirtió al Golfo de Nicoya en la primera Unidad de Gobernanza Marina del país con delimitación formal y un Comité Marino Local activo, integrado por más de diez sectores.

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Adicionalmente, permitió formular un Plan Director Marino con cuatro ejes estratégicos, 21 metas a cinco años y 14 indicadores de desempeño. El PEN resalta que esta experiencia representa un avance en coordinación institucional y participación local, aunque su implementación y sus resultados ambientales aún requieren seguimiento.

La investigadora del PEN, Karen Chacón, concluyó:

Las políticas ambientales pierden efectividad cuando no consideran las condiciones de los territorios donde deben aplicarse. Los estudios evidencian que esta desconexión se traduce en responsabilidades difíciles de cumplir y respuestas que llegan cuando los problemas ya se han manifestado. El desafío del país es transformar esa forma de gestionar el ambiente, incorporando las capacidades, necesidades y conocimientos de los actores locales desde la planificación”.


Lea las notas sobre el XXXII Informe del Estado de la Nación: