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Asociación de Consumidores Libres rechaza proyecto del Frente Amplio para regular hospedajes tipo Airbnb

La organización cuestiona la creación de un impuesto del 10% a las plataformas digitales, los topes municipales y las multas de hasta ₡9,2 millones para anfitriones.

La Asociación de Consumidores Libres (ACL) manifestó este jueves 19 de noviembre su oposición al expediente 25.910, presentado por el diputado del Frente Amplio (FA) José María Villalta Flórez-Estrada para reformar la regulación de los hospedajes turísticos no tradicionales comercializados mediante plataformas digitales como Airbnb o VRBO.

El proyecto de ley plantea crear un impuesto especial del 10% sobre las comisiones, tarifas de servicio y demás ingresos que obtengan las plataformas digitales por intermediar alquileres de corta duración en Costa Rica. Según el texto base, lo recaudado se distribuiría en un 50% para las municipalidades, un 30% para el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi) y un 20% para el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Sin embargo, el presidente de la ACL, Juan Ricardo Fernández, sostuvo que ese tributo —adicional al 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA)— terminará trasladándose de inmediato al consumidor final:

Este impuesto aplicará solo a los hospedajes tipo Airbnb y no a otros tipos de hospedaje”.

Según el dirigente, el encarecimiento afectaría tanto a turistas extranjeros como a familias costarricenses que vacacionan dentro del país y a pacientes o estudiantes de fuera de la Gran Área Metropolitana que requieren pernoctar en San José.

Objeciones a los controles municipales y sanciones

La ACL también calificó como “prohibitivas” las demás disposiciones de la iniciativa, entre ellas la facultad para que los gobiernos locales fijen topes de cantidad y ubicación en barrios o edificios residenciales —previos estudios técnicos— y la definición del hospedaje no tradicional como una actividad comercial, lo que abriría la puerta al cobro de tarifas comerciales en los servicios públicos de viviendas particulares.

Asimismo, la agrupación criticó que se exija a quienes alquilan un solo apartamento cumplir siete requisitos de inscripción ante el ICT, bajo amenaza de multas de hasta 20 salarios base (unos ₡9,2 millones) para operadores, así como la obligación de las plataformas de entregar información de anfitriones y huéspedes a instituciones estatales sin salvaguardas explícitas de protección de datos.

En su pronunciamiento, la entidad calificó la propuesta como “proteccionismo puro” frente a otros sectores de alojamiento y advirtió sobre posibles caídas en la oferta y alzas tarifarias, citando regulaciones restrictivas aplicadas en ciudades como Nueva York.

Por su parte, la exposición de motivos del proyecto del Frente Amplio argumenta que la expansión de los alquileres de corta duración ha generado presiones sobre el acceso a la vivienda y el encarecimiento de los arrendamientos —particularmente en zonas costeras, según un informe de 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)—, por lo que busca equilibrar la actividad turística con la convivencia en las comunidades residentes.

El expediente 25.910 aún no inicia su discusión legislativa, pues la Asamblea Legislativa se encuentra en sesiones extraordinarias desde el 1.º de noviembre y el Poder Ejecutivo no lo ha convocado.