El proyecto de ley propone reformar integralmente la legislación que regula los hospedajes turísticos no tradicionales, como los ofrecidos mediante Airbnb y Vrbo, para otorgar a las municipalidades la potestad de limitar la cantidad, densidad y concentración de estos alojamientos en barrios, distritos, edificios residenciales y otras zonas, mediante estudios técnicos que consideren sus efectos sobre la vivienda y la convivencia comunitaria. La iniciativa también amplía los requisitos para inscribir los inmuebles ante el Instituto Costarricense de Turismo, obliga a las plataformas digitales a verificar los registros de los alojamientos que anuncian y establece multas de hasta 200 salarios base para las plataformas que incumplan sus obligaciones. Además, crea un impuesto del 10% sobre las comisiones y otros ingresos por intermediación digital, cuya recaudación se distribuiría entre las municipalidades (50%), el Banco Hipotecario de la Vivienda (30%) y el ICT (20%). El proyecto también reforma la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio para exigir el cumplimiento de las restricciones municipales sobre hospedajes turísticos. La propuesta no prohíbe Airbnb ni establece un límite nacional uniforme de alojamientos, sino que faculta a los gobiernos locales para regular su concentración.