Normas de ejecución también obligarían al Poder Judicial a acudir a la Asamblea para trasladar recursos y condicionarían el uso de plazas vacantes y el pago de compensaciones administrativas.
El Poder Ejecutivo propuso reducir en ₡10.552,5 millones el presupuesto del Poder Judicial para 2027 y mantener bloqueados otros ₡29.843,8 millones hasta que la institución cumpla una serie de condiciones relacionadas con auditorías, infraestructura y ejecución presupuestaria, según el proyecto de Presupuesto Nacional presentado este lunes ante la Asamblea Legislativa.
La propuesta, que se tramitará bajo el expediente 25.754, asigna al Poder Judicial ₡530.973,2 millones para el próximo año, frente a los ₡541.525,7 millones que componen su presupuesto actualizado de 2026, una disminución del 1,9%. Los mayores recortes aparecen en bienes duraderos, que bajarían ₡5.766,8 millones, y remuneraciones, con ₡5.698 millones menos; mientras los recursos para servicios aumentarían ₡2.212,1 millones y las transferencias de capital crecerían ₡704,1 millones.
Sin embargo, el proyecto incorpora además cuatro normas de ejecución dirigidas específicamente al Poder Judicial que limitarían el acceso y movimiento de parte de los recursos incluidos en el propio presupuesto.
Recorte obliga a reducir compra de vehículos y proyectos de construcción
La exposición de motivos señala que el Poder Judicial comunicó al Ministerio de Hacienda, mediante la Constancia 129-2026 del 8 de junio, que su propuesta de presupuesto para 2027 contemplaba sus “gastos ineludibles institucionales”, de conformidad con acuerdos adoptados previamente por Corte Plena y el Consejo Superior.
El documento reconoce además que las restricciones presupuestarias obligaron al Poder Judicial a reducir inversiones que tenía previstas para 2027. La principal afectación aparece en bienes duraderos, partida que pierde ₡5.766,8 millones y concentra más de la mitad de la reducción total planteada para la institución.
En el caso del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Hacienda señala que, debido a las “limitaciones presupuestarias existentes y al límite otorgado al Poder Judicial”, la institución tuvo que eliminar casi por completo los recursos que pretendía utilizar para comprar y sustituir vehículos y motocicletas. La exposición añade que el “límite total establecido al Poder Judicial” también obligó a reducir una parte importante de los recursos previstos para proyectos constructivos de impacto nacional.
Entre las obras afectadas figura la construcción de la morgue judicial de Buenos Aires de Puntarenas, cuya asignación para 2027 se redujo respecto de los recursos que tenía contemplados el Poder Judicial. La exposición también señala que la disminución de recursos para construcciones explica parte de la caída de la partida de bienes duraderos del OIJ.
Las transferencias corrientes disminuirían otros ₡171 millones, aunque Hacienda explica que en este caso la rebaja deriva de la reducción en remuneraciones: al disminuir el monto destinado a salarios también bajan las contribuciones calculadas sobre ellos para la Caja Costarricense de Seguro Social y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
Casi ₡30.000 millones quedarían bloqueados
La norma de ejecución 9 establece que ₡29.843.810.438 permanecerían bloqueados en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y el Poder Judicial no podría ejecutar esos recursos mientras no complete un procedimiento que involucra a la Contraloría General de la República, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y el Plenario Legislativo.
La primera condición exige presentar ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público los estados financieros auditados de 2026 del Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015. La segunda requiere que la Contraloría certifique el cumplimiento de todas sus disposiciones provenientes de auditorías ordinarias o especiales relacionadas con la ejecución de infraestructura inmobiliaria del Poder Judicial.
La tercera condición demanda otra certificación de la Contraloría, esta vez sobre el cumplimiento de las disposiciones de auditoría referentes a la ejecución de recursos del programa 926, correspondiente a la Administración Central del Poder Judicial. Aun después de cumplir esos requisitos, los recursos no quedarían liberados automáticamente.
La norma dispone que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público deberá conocer y aprobar el cumplimiento de las condiciones, remitir el asunto al Plenario Legislativo para una nueva aprobación y, posteriormente, comunicar al Ministerio de Hacienda que puede liberar los recursos presupuestarios.
El bloqueo alcanza numerosas subpartidas de Dirección y Administración, Servicio Jurisdiccional, Servicio de Investigación Judicial, ejercicio de la acción penal pública —que corresponde al Ministerio Público—, Defensa Pública y Atención y Protección de Víctimas y Testigos. El proyecto incluye entre ellas recursos para alquileres, servicios públicos, telecomunicaciones, mantenimiento, materiales, equipos y programas de cómputo, entre otros gastos.
Por ejemplo, solo en el programa de Dirección y Administración aparecen sometidos al bloqueo ₡861,4 millones para alquiler de edificios, locales y terrenos, además de partidas para agua, electricidad y otros alquileres. En Atención y Protección de Víctimas y Testigos aparecen recursos destinados a equipo de comunicación, mobiliario, cómputo, materiales y ₡24,8 millones correspondientes a gastos confidenciales.
Traslados tendrían que pasar por la Asamblea
La norma de ejecución 10 propone una segunda limitación: el Poder Judicial no podría trasladar recursos entre subpartidas de las partidas de remuneraciones, servicios, materiales y suministros, bienes duraderos, transferencias corrientes, transferencias de capital y cuentas especiales en los seis programas alcanzados por la disposición.
En lugar de realizar esas modificaciones mediante los mecanismos ordinarios de ejecución presupuestaria, cualquier movimiento entre esas subpartidas requeriría un presupuesto extraordinario aprobado por la Asamblea Legislativa. La misma norma también alcanzaría a la Defensoría de los Habitantes.
Condicionan compensaciones y plazas vacantes
Una tercera disposición, la norma 11, impediría al programa de Administración Central pagar compensaciones de administración a cualquier escala salarial de la judicatura hasta que exista un análisis costo-beneficio que compare el trabajo administrativo con el jurisdiccional. La Contraloría tendría que ratificar ese estudio, que posteriormente pasaría por la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y requeriría aprobación del Plenario.
La norma 12 también condicionaría el uso de las plazas que queden vacantes durante 2027. Los programas afectados no podrían utilizarlas sin un estudio técnico de costo-beneficio de la Contraloría y el conocimiento de Corte Plena; además, el análisis tendría que actualizarse cada tres meses para incorporar nuevas vacantes y remitirse después a la comisión legislativa para su “aprobación final”.
Estas restricciones alcanzarían a los programas de Dirección y Administración, Servicio Jurisdiccional, OIJ, Ministerio Público, Defensa Pública y Atención y Protección de Víctimas y Testigos. El programa encargado de la administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, que recibiría ₡2.604,3 millones, no aparece entre los programas incluidos en esas normas específicas.
El Poder Judicial tendría en total 13.856 puestos durante 2027, de los cuales 13.845 corresponderían a cargos fijos y 11 a servicios especiales. El proyecto también contempla ₡183.496,9 millones para el Servicio Jurisdiccional, ₡127.898,7 millones para el OIJ, ₡59.105,4 millones para el Ministerio Público, ₡44.884,9 millones para la Defensa Pública y ₡10.915,1 millones para Atención y Protección de Víctimas y Testigos.
La Asamblea Legislativa deberá tramitar el proyecto bajo los plazos especiales establecidos para el presupuesto nacional. La Comisión de Asuntos Hacendarios tiene como fechas límite el 20 de octubre para votarlo y el 25 de octubre para emitir dictamen, mientras que el Plenario deberá realizar el primer debate a más tardar el 27 de noviembre y el segundo el 29 de noviembre.