Informe de seguimiento con datos de 2019 a 2025 revela que el Sinac carece de sedes en 65 áreas y depende de fondos externos para operar en 34.
La Contraloría General de la República (CGR) ubicó en un nivel de madurez intermedio (50,73%) la gestión de las 148 áreas silvestres protegidas (ASP) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), según el informe n.° DFOE-SOS-SGP-00002-2026, publicado este jueves 19 de noviembre. El estudio documenta déficit de personal en 137 áreas, ausencia de sede administrativa en 65 y recursos financieros insuficientes en 140.
El documento, titulado Conservación a largo plazo de la naturaleza y sus servicios ecosistémicos dentro de las áreas silvestres protegidas, fue elaborado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR. El análisis abarca el período 2019-2025 y compara la evolución de 141 áreas con registros de 2019, mientras que las siete restantes son de creación reciente o se incorporaron en esta medición.

Los resultados se basan en un cuestionario de 47 preguntas respondido por las propias áreas del Sinac —con el cual el ente contralor calculó un índice de madurez de 13 componentes— y en 19 visitas de campo realizadas en 12 áreas de conservación.
Déficit de personal y retroceso operativo
De acuerdo con el seguimiento, 137 de las 148 áreas reportaron falta de personal. Varias ni siquiera cuentan con funcionarios asignados en el sitio y se atienden de forma remota por recargo subregional, como ocurre en el Área Marina de Manejo Barra del Colorado (66.000 hectáreas), el Humedal Nacional Cariari, la Zona Protectora Las Tablas y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Carate.
En el Área de Conservación Guanacaste (ACG), el Sinac opera bajo un esquema de “planilla única” de 96 funcionarios para seis áreas protegidas, pese a que su propio estudio de cargas laborales estimó un faltante de 147 plazas. La CGR advierte que esta brecha compromete la vigilancia permanente en el Área Marina de Manejo Bahía Santa Elena y el Humedal Riberino Zapandí.
Al comparar los datos de las 141 áreas con información histórica, 53 (37,59%) retrocedieron o se mantuvieron estancadas entre 2019 y 2025, principalmente zonas protectoras, reservas forestales y refugios nacionales de vida silvestre. El mayor rezago se concentra en el Área de Conservación Central, donde retrocedió el 66,67% de sus áreas, seguida por las áreas de conservación Tempisque, Guanacaste y Tortuguero. En materia de protección, el 73,05% de las áreas no mostró evolución respecto a 2019 y opera bajo un esquema reactivo.
Recorte presupuestario, sedes y dependencia externa
En el plano financiero, 140 áreas señalaron que sus recursos no cubren la totalidad de sus necesidades y en 34 la operación depende total o mayoritariamente de fondos externos provenientes de organizaciones no gubernamentales y fideicomisos como Costa Rica por Siempre, Fundecodes y Fondo Azul.
Con base en cifras del Sinac y del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) recopiladas en el Informe Estado de la Nación 2025, la Contraloría consigna que el presupuesto del Sinac cayó un 40% entre 2020 y 2024, al pasar de ₡44.029 millones a ₡26.420 millones. En ese mismo período, los ingresos por venta de servicios y concesiones bajaron un 17,8% (de ₡18.079 millones a ₡14.861 millones).
La estructura administrativa también retrocedió al pasar de un 49,88% en 2019 a un 47,28% en 2025: 65 áreas carecen de sede administrativa propia, cedida o compartida; 91 no tienen equipo y mobiliario suficientes, y 80 enfrentan restricciones o ausencia total de servicios básicos como agua potable e internet.
Planes de manejo, monitoreo y uso público
Aunque 93 áreas reportaron contar con un Plan General de Manejo, el informe advierte que su elaboración depende casi por completo de cooperación internacional y ONG, y que su ejecución es mínima: en las 54 áreas que poseen planes operativos evaluados, la implementación es igual o inferior al 30%, y en 31 casos es nula.
En monitoreo de biodiversidad, 53 áreas no ejecutan mediciones y 134 consideran que los datos recopilados son insuficientes para evaluar la integridad ecológica de sus ecosistemas.
El estudio señala además que el 82,43% de las áreas (122) tiene vocación ecoturística, pero en 81 ese potencial se aprovecha parcialmente o está desatendido: 84 reportan infraestructura turística deficiente y 107 carecen de personal suficiente para supervisar la visitación y garantizar la seguridad. En cuanto a concesiones de servicios no esenciales, de 83 áreas con potencial identificado, 61 no tienen estudios de viabilidad y solo 19 cuentan con esquemas vigentes.
Participación comunitaria y conclusiones
En gobernanza territorial, 56 áreas indicaron que la participación de pueblos indígenas y comunidades locales en la toma de decisiones es baja, 111 reportaron cooperación baja o nula con las municipalidades y 93 no articulan acciones con actores no gubernamentales. Asimismo, aunque el Sinac implementó el Manual de Procedimientos para Adquisición de Terrenos tras un informe previo de 2021, sigue pendiente aprobar la política pública de mediano plazo para consolidar el Patrimonio Natural del Estado.
En el cierre del documento, la Contraloría resume así el diagnóstico del sistema:
La conservación opera bajo un modelo fragmentado y reactivo”.
Por tratarse de un informe de seguimiento a la gestión pública, el documento no emite disposiciones vinculantes ni plazos, pero plantea como prioridades dotar a las áreas de personal en sitio, servicios básicos y presupuesto; institucionalizar la participación de comunidades, pueblos indígenas y gobiernos locales; migrar hacia un modelo preventivo de protección, y elaborar estudios de preinversión para formalizar concesiones de servicios no esenciales.








