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Imagen principal del artículo: Archivos fantasma: el desmantelamiento de la memoria forestal del Estado
Foto: Sergii Koviarov vía Pixabay

Archivos fantasma: el desmantelamiento de la memoria forestal del Estado

Una nación que extravía o sepulta las bitácoras documentales de su patrimonio natural no está cometiendo un simple descuido administrativo; está borrando de forma deliberada las huellas de su propia historia ecológica».

Hay silencios institucionales que resultan ensordecedores y administrativamente sospechosos. En la Costa Rica de este año 2026, que se vende ante los mercados globales como el paraíso verde de la sostenibilidad, la burocracia estatal esconde una realidad profundamente opaca.

Detrás de los discursos oficiales de conservación, el Estado costarricense ha permitido el desmantelamiento sistemático de su memoria histórica forestal, convirtiendo expedientes científicos críticos en auténticos archivos fantasma.

El caso del antiguo Vivero Forestal Profesor Alfredo Anderson —una infraestructura biológica medular para la historia de la reforestación nacional— desnudó de forma cruda este engranaje de impunidad procedimental. Tras múltiples solicitudes de información para rastrear las bitácoras técnicas de dicho centro, la respuesta del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) fue un absoluto portazo legal.

Mediante el oficio CARTA-MAG-DM-1071-2026, el jerarca del MAG rechazó de plano brindar explicaciones individualizadas, decretando de manera inapelable el fin de toda investigación interna.

El escudo de la inercia burocrática

El argumento central para negar el acceso a la información pública roza el absurdo y la irresponsabilidad material. El MAG se sacude el rastro documental alegando que, debido a la reorganización estatal de la década de los noventa, las competencias y los archivos de la antigua Dirección General Forestal fueron transferidos al sector ambiental.

Bajo esta premisa, el Ministerio afirma que «materialmente no dispone» de los expedientes y que forzarlo a buscar información de hace cincuenta años constituye una «carga administrativa desproporcionada».

Para blindar esta opacidad, el Ministerio ha recurrido al uso de artilugios legales y decretos restrictivos. Invocando el artículo 8 de la Ley N.º 9097, el Gobierno ha catalogado el legítimo ejercicio de la fiscalización ciudadana como un acto «reiterativo y dilatorio», escudándose en fallos recientes de la Sala Constitucional para legalizar el secreto administrativo.

Esta perversa inversión de la responsabilidad pública establece que es el ciudadano el que «abusa» de su derecho a saber, y no el Estado el que incumple su obligación de conservar de forma transparente sus registros.

La amnesia oficial ratificada por el SINAC

El verdadero laberinto de la opacidad institucional quedó evidenciado en las respuestas oficiales emitidas por el propio Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), bajo la hoja de trámite No. 0634.

El Ingeniero Antonio Orozco Barrantes, jefe de la Oficina Subregional de Cartago del SINAC, admitió explícitamente por escrito que la institución no posee registro alguno de las plántulas, especies ni memorias del centro botánico estatal, sentenciando textualmente que «lamentablemente no se posee la información solicitada mucho menos con el nivel de detalle solicitado (...) la información que solicita es de más de hace 20 años y no tenemos registro de la misma».

La Jefatura del SINAC justificó de forma alarmante esta pérdida de patrimonio documental alegando razones puramente logísticas. Orozco informó que no se ubicó un expediente individualizado debido a que el vivero presuntamente fue clausurado entre los años 2002 y 2004, un periodo de tiempo en el cual la oficina de Cartago se trasladó de centro operativo en dos ocasiones.

Peor aún, el jerarca reconoció que se intentó contactar a dos exfuncionarios de la Oficina Subregional que tuvieron injerencia directa sobre el vivero para reconstruir los datos, pero «ninguno mostró interés» en atender una entrevista para rescatar la memoria histórica del país.

El juego de la papa caliente institucional

La consecuencia inmediata de esta inercia es un peligroso juego de evasión de responsabilidades. Mientras el MAG cierra la persiana afirmando haber trasladado las competencias hídricas y forestales, el SINAC y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) operan sin un tracto documental claro que rinda cuentas sobre el paradero real de las actas de transferencia.

Las bitácoras del progreso agrario y ambiental del país simplemente flotan en un limbo burocrático donde nadie sabe, nadie responde y a nadie le importa. Esta pérdida de memoria histórica no es un asunto menor ni un mero papeleo archivístico de oficina.

Si el Estado costarricense extravía las bitácoras de sus viveros forestales, pierde la capacidad científica de evaluar los procesos de adaptación genética, la procedencia de las semillas nativas y los indicadores operativos que guiaron la recuperación de los territorios periféricos. Un pueblo sin archivos es un pueblo ciego ante su propio patrimonio natural, expuesto a repetir los errores del pasado.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional y la Ley N.º 7202 del Sistema Nacional de Archivos son tajantes. Está expresamente prohibido destruir o extraviar documentos públicos sin el dictamen favorable de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación Documental.

Costa Rica debe romper el muro de la complacencia oficialista. Es un imperativo cívico exigir al SINAC y al Archivo Nacional que levanten las alfombras de la burocracia y saquen a la luz los expedientes que se pretenden mantener en el olvido.

La salud de nuestra democracia y la integridad biológica de nuestra tierra dependen de que la verdad material prevalezca sobre el capricho del inmovilismo gubernamental.