El tribunal encontró vicios sustanciales de procedimiento en cinco disposiciones del Presupuesto Nacional 2027. Si el Congreso no las elimina, quedarán excluidas de la ley presupuestaria.
La Sala Constitucional declaró este viernes inconstitucionales cuatro normas que restringían el uso de recursos del Poder Judicial y una moción que rebajó ₡8048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), incorporadas al proyecto de Presupuesto Nacional para el 2027 durante su tramitación en la Asamblea Legislativa.
Las decisiones constan en las sentencias 2026-045630 y 2026-045631, dictadas este 20 de noviembre dentro de dos consultas facultativas de constitucionalidad relacionadas con el expediente legislativo 25.754, que fue aprobado en primer debate el pasado 5 de noviembre con los 31 votos del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y 23 votos en contra.
En ambos casos, los magistrados determinaron que el Congreso incurrió en vicios sustanciales de procedimiento legislativo, por lo que deberá eliminar las disposiciones declaradas inconstitucionales antes de aprobar definitivamente el presupuesto. Si la Asamblea Legislativa no realiza las correcciones, las normas cuestionadas se tendrán por excluidas del proyecto aprobado, conforme a lo establecido en las propias sentencias.
El tribunal no anuló la totalidad del Presupuesto Nacional para el 2027 ni emitió un pronunciamiento sobre todos los cuestionamientos planteados por los consultantes. Al encontrar defectos esenciales en el procedimiento legislativo, consideró innecesario resolver los alegatos relacionados con el contenido de las disposiciones.
Sala invalida restricciones sobre casi ₡30.000 millones del Poder Judicial
La primera sentencia, número 2026-045630, fue dictada al mediodía de este viernes dentro del expediente judicial 26-039748-0007-CO, correspondiente a una consulta presentada por la Corte Suprema de Justicia.
La consulta cuestionó las normas de ejecución presupuestaria 9, 10, 11 y 12, contenidas en el artículo 7 del proyecto de presupuesto, por considerar que podían afectar la independencia judicial, la autonomía presupuestaria y el funcionamiento de las instituciones encargadas de administrar justicia.
Según explicó la Sala Constitucional en un comunicado de prensa, la Corte objetó que esas disposiciones otorgaran competencias a órganos legislativos y a la Contraloría General de la República (CGR) para intervenir en decisiones administrativas relacionadas con el uso de recursos presupuestarios y la ocupación de plazas judiciales.
La norma 9 condicionaba la utilización de ₡29.843.810.438 del presupuesto del Poder Judicial, equivalentes al 5,6% de sus recursos para el 2027, al cumplimiento de varios requisitos administrativos y financieros. Entre ellos figuraban la presentación de estados financieros auditados de un fideicomiso inmobiliario, certificaciones de la CGR y la intervención de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, el plenario legislativo y el Ministerio de Hacienda para liberar los recursos.
Como informó Delfino.cr en octubre, los fondos afectados incluían partidas destinadas a tecnología, infraestructura, alquileres, servicios públicos, mantenimiento y equipos, con repercusiones sobre las operaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de los despachos judiciales.
Por su parte, la norma 10 impedía realizar determinados traslados internos de recursos entre partidas presupuestarias mediante los mecanismos administrativos ordinarios, al exigir que esos movimientos se tramitaran mediante un presupuesto extraordinario ante la Asamblea Legislativa.
La norma 12 condicionaba el uso de plazas vacantes a la realización de un estudio de costo-beneficio por parte de la Contraloría, su conocimiento por la Corte Plena y la aprobación final de una comisión legislativa. El Poder Judicial había advertido que la disposición podía afectar 2463 plazas que, aunque figuran como vacantes, se encuentran ocupadas por personal interino, incluidos funcionarios judiciales, fiscales, investigadores y personal de apoyo.
En su sentencia, la Sala determinó que la incorporación y tramitación de las cuatro normas omitió los procedimientos constitucionales previstos en los artículos 167 y 177 de la Constitución Política.
El artículo 167 establece la obligación de consultar a la Corte Suprema de Justicia los proyectos de ley relacionados con la organización o el funcionamiento del Poder Judicial. Además, dispone que, para apartarse del criterio de ese poder de la República, el Congreso necesita el respaldo de dos terceras partes de sus integrantes, equivalentes a 38 diputados.
Por su parte, el artículo 177 establece reglas especiales para la formulación del presupuesto del Poder Judicial y el tratamiento de los gastos que este considera necesarios para cumplir sus funciones constitucionales.
La Sala también concluyó que el Congreso utilizó indebidamente el procedimiento especial de aprobación del presupuesto para introducir normas atípicas cuyo contenido corresponde a la legislación ordinaria. Esto significa que se pretendió incorporar disposiciones regulatorias que excedían la autorización de ingresos y gastos propia de una ley presupuestaria.
Como consecuencia, el tribunal ordenó eliminar las normas 9, 10, 11 y 12 del artículo 7 del proyecto. Si la Asamblea Legislativa no lo hace, se tendrán por excluidas de la ley presupuestaria aprobada.
La sentencia no modifica, por sí misma, los montos presupuestarios asignados al Poder Judicial ni resuelve otras controversias sobre los recursos que el Gobierno propuso reducir. Su efecto directo consiste en invalidar la incorporación de las cuatro restricciones de ejecución presupuestaria.
Recorte de ₡8048 millones al FEES viola procedimiento constitucional
La segunda sentencia, número 2026-045631, fue dictada a las 12:55 p. m. de este viernes dentro del expediente judicial 26-040155-0007-CO, correspondiente a una consulta presentada por diputaciones del Frente Amplio (FA) y del Partido Liberación Nacional (PLN).
El tribunal determinó que la aprobación de la moción de fondo número 16 en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, mediante la cual se rebajaron ₡8.048.128.252 del FEES, infringió el artículo 85 de la Constitución Política.
La moción fue aprobada el pasado 19 de octubre por el oficialismo y permitió trasladar esos recursos a otra subpartida del Ministerio de Educación Pública (MEP), destinada a financiar contribuciones patronales a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
El dinero correspondía a una parte de los fondos universitarios cuya transferencia fue postergada durante los años 2020 y 2021, en el contexto de la pandemia de la covid-19. El 20 de noviembre del 2025, el Gobierno y las universidades públicas alcanzaron un acuerdo en la Comisión de Enlace para devolver gradualmente esos recursos mediante ocho pagos anuales.
Las diputaciones consultantes argumentaron que la Asamblea Legislativa no podía modificar unilateralmente los recursos acordados entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas sin que existiera un desacuerdo entre las partes, conforme al procedimiento previsto en el artículo 85 constitucional.
También alegaron que el traslado afectaba la autonomía universitaria y el financiamiento de la educación superior pública, además de cuestionar que los recursos se utilizaran para cubrir obligaciones del Estado con Jupema.
La Sala acogió la consulta por un vicio sustancial de procedimiento y declaró inconstitucional la aprobación de la moción 16, por lo que el Congreso deberá corregir la modificación presupuestaria.
El fallo establece que, si la Asamblea Legislativa no efectúa esa corrección, la moción se tendrá por excluida y el presupuesto recuperará la distribución anterior a su aprobación, en lo correspondiente a los fondos postergados del FEES.
De esta manera, los ₡8048 millones permanecerán contemplados dentro de los recursos universitarios, conforme a la distribución presupuestaria existente antes de que la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobara su traslado a Jupema.
La decisión no supone una declaratoria general de inconstitucionalidad de todo el presupuesto universitario para el 2027 ni resuelve otras controversias relacionadas con los montos del FEES.
Magistrados no analizaron todos los cuestionamientos planteados
Las dos sentencias se limitaron a declarar los defectos de procedimiento que el tribunal consideró suficientes para resolver las consultas, por lo que quedaron sin pronunciamiento los restantes argumentos relacionados con el contenido de las disposiciones cuestionadas.
En el caso del Poder Judicial, los magistrados Fernando Cruz Castro y Luis Fernando Salazar Alvarado consignaron una nota conjunta. Por su parte, Fernando Castillo Víquez, Salazar Alvarado y Paul Rueda Leal consignaron razones particulares.
Respecto al FEES, la Sala omitió pronunciarse sobre el alegado incumplimiento de la obligación de consultar a las universidades públicas antes de modificar su financiamiento, así como sobre los demás cuestionamientos de fondo.
Salazar Alvarado consignó razones adicionales porque consideró que el tribunal también debió analizar si la Asamblea Legislativa incumplió la consulta obligatoria a las universidades prevista en el artículo 88 de la Constitución Política. El magistrado Rueda Leal consignó una nota separada.
Los argumentos completos de esas notas y razones particulares no constan en la información divulgada este viernes por la Sala Constitucional, que comunicó los respectivos por tantos de las sentencias.
Congreso deberá ajustar el presupuesto antes de su aprobación definitiva
El proyecto de Presupuesto Nacional para el 2027 fue aprobado en primer debate el pasado 5 de noviembre, pese a que la Sala Constitucional todavía tenía pendientes de resolución las consultas presentadas contra las disposiciones relacionadas con el Poder Judicial y el FEES.
El lunes 9 de noviembre, el magistrado Fernando Cruz Castro, en su condición de presidente interino de la Sala, dictó una medida cautelar que ordenó al Congreso abstenerse de aprobar el proyecto en segundo debate antes del 29 de noviembre, mientras se resolvía la consulta promovida por la Corte Suprema de Justicia.
Horas después, la magistrada Ingrid Hess Herrera dictó una segunda medida cautelar, esta vez dentro de la consulta relacionada con el FEES, que prohibió tanto continuar con la discusión como aprobar el presupuesto en segundo debate antes de esa misma fecha.
Las resoluciones provocaron una controversia entre las autoridades judiciales y el Gobierno. El ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, acusó a la Sala Constitucional de ejercer una "dictadura judicial" por suspender el trámite presupuestario y cuestionó que los magistrados intervinieran en decisiones que consideraba propias de la Asamblea Legislativa.
Con las sentencias dictadas este viernes, la Sala resolvió las dos consultas que motivaron las medidas cautelares y estableció cuáles disposiciones deben desaparecer del presupuesto. Sin embargo, la información comunicada por el tribunal no precisa si se dispuso formalmente el levantamiento de las medidas cautelares ni cómo deberá reanudarse el trámite del expediente.
La Constitución Política establece que el presupuesto ordinario de la República debe quedar definitivamente aprobado antes del 30 de noviembre, por lo que la Asamblea Legislativa deberá completar el procedimiento dentro de ese plazo y conforme a las condiciones establecidas por la Sala Constitucional.
Además de las dos consultas resueltas, diputaciones del PLN presentaron una tercera consulta sobre las mismas cuatro normas que afectan al Poder Judicial, tramitada bajo el expediente judicial 26-039736-0007-CO. Dicha consulta continúa en trámite en la Sala.
Las dos sentencias ordenan comunicar sus resultados al Directorio de la Asamblea Legislativa. El Congreso deberá determinar las actuaciones necesarias para adecuar el texto presupuestario a lo resuelto, sin incorporar las disposiciones declaradas inconstitucionales.








