Mandataria rechazó las conclusiones del informe sobre las condiciones en que se desarrollaron las elecciones de 2026 y exigió al Programa Estado de la Nación presentar pruebas.
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, arremetió este viernes contra el Programa Estado de la Nación (PEN), al que calificó de antigobierno, tras rechazar las conclusiones de su más reciente informe sobre los intentos de concentración de poder por parte del Ejecutivo y las afectaciones a la integridad del proceso electoral de 2026 producto de los ataques contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Las declaraciones de la mandataria se produjeron durante la conferencia de prensa posterior al encuentro de las presidentas de los Supremos Poderes, celebrado en la sede de la Corte Suprema de Justicia, ante una consulta de la periodista Lucía Astorga, del diario La Nación, sobre los hallazgos del informe presentado este jueves.
Fernández aseguró que no comparte las conclusiones del PEN y consideró que el centro de investigación, adscrito al Consejo Nacional de Rectores (Conare), sobrepasó los límites con sus señalamientos.
Sabemos que es una agrupación decantada totalmente antigobierno".
La mandataria consideró que los cuestionamientos sobre las condiciones en que se desarrollaron los comicios nacionales resultan incluso ofensivos para el Tribunal Supremo de Elecciones y demandó al PEN presentar pruebas que respalden sus conclusiones. Asimismo, planteó que el organismo electoral debería actuar ante afirmaciones de esa naturaleza.
Fernández también rechazó que el movimiento político que la llevó a la Presidencia de la República procure concentrar el poder. Para sustentar su posición, hizo referencia al aumento de la participación ciudadana en las elecciones de febrero, su triunfo en primera ronda y la obtención de 31 de las 57 diputaciones de la Asamblea Legislativa por parte del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
La gobernante sostuvo que esos resultados constituyen una expresión de la democracia costarricense y del respeto a las reglas electorales, y calificó de antidemocráticas las conductas de quienes pretendan desconocerlos. Fernández obtuvo el 48,53% de los votos válidamente emitidos, según la declaratoria oficial del TSE.
La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora Chavarría, estaba presente durante las declaraciones de Fernández, pero no intervino para referirse a los señalamientos de la mandataria ni a las conclusiones del informe en ese intercambio con la prensa.
¿Qué cuestionó el Estado de la Nación?
El XXXII Informe Estado de la Nación no desconoce los resultados de las elecciones nacionales de febrero ni cuestiona la validez de la declaratoria de elección emitida por el TSE. Sus señalamientos se concentran en las condiciones en que se desarrolló la competencia electoral, particularmente en las consecuencias de los ataques del Poder Ejecutivo contra la autoridad encargada de arbitrar los comicios.
El PEN identificó una escalada de la confrontación institucional durante la administración de Rodrigo Chaves Robles. A partir del seguimiento de publicaciones de medios de comunicación, el programa documentó diez ataques contra otros poderes e instituciones de control durante el primer año de gobierno, 18 durante el segundo, 88 durante el tercero y 152 durante el último.
El organismo investigador destacó que esta confrontación adquirió una dimensión inédita durante la campaña electoral, cuando el TSE se convirtió en uno de los principales destinatarios de los cuestionamientos del Ejecutivo, especialmente a raíz de los procedimientos por beligerancia política contra Chaves y las restricciones a la difusión de propaganda gubernamental durante el período electoral.
El informe advierte que la decisión de la Asamblea Legislativa de no levantar la inmunidad presidencial impidió que las autoridades competentes determinaran si las actuaciones denunciadas por presunta beligerancia política alteraron las condiciones de equidad de la competencia electoral.
El cuestionamiento del PEN se refiere a la integridad del proceso electoral y no a un supuesto fraude en el conteo de los votos ni a una manipulación de los resultados que dieron el triunfo a Fernández.
Concentración de poder no se limita a los resultados electorales
Contrario al argumento planteado por la mandataria, el análisis del PEN sobre la concentración de poder tampoco se limita a la mayoría parlamentaria obtenida por el oficialismo. El informe examina los cambios en el ejercicio de las competencias institucionales, el debilitamiento de los mecanismos de control y los intentos del Ejecutivo por ampliar su capacidad de decisión en ámbitos donde intervienen otras autoridades.
Entre los ejemplos analizados por el PEN figura la decisión de Fernández de nombrar a Chaves simultáneamente como ministro de Hacienda y de la Presidencia, con lo que un mismo funcionario concentra la conducción de las finanzas públicas, la coordinación política del Gobierno y las relaciones del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa.
El PEN también examinó indicadores internacionales sobre los límites al ejercicio del poder gubernamental. Como informó Delfino.cr este jueves, cinco de los seis componentes que mide el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project en esa materia registraron retrocesos en Costa Rica entre 2015 y 2025.
El informe reconoce, no obstante, que Costa Rica conserva un sistema robusto de controles y contrapesos institucionales y que la evidencia disponible todavía no permite concluir que exista una erosión profunda del régimen democrático costarricense, aunque sí identifica señales incipientes de debilitamiento institucional.
Lejos de cuestionar por sí misma la mayoría parlamentaria obtenida por el oficialismo, el PEN reconoce que el resultado electoral puso fin a un prolongado período de gobiernos divididos y abrió una oportunidad para impulsar reformas y atender problemas nacionales.




