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Imagen principal del artículo: Fiscalía investiga a presidenta del Congreso por presunto prevaricato en trámite del presupuesto 2027
Foto: Asamblea Legislativa (Dominio público)

Fiscalía investiga a presidenta del Congreso por presunto prevaricato en trámite del presupuesto 2027

El fiscal general solicitó a la Asamblea Legislativa una copia certificada del expediente presupuestario y concedió un plazo de cinco días hábiles para su entrega.

La Fiscalía General de la República abrió una investigación penal contra la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), por el presunto delito de prevaricato, en relación con la tramitación del proyecto de presupuesto nacional para el 2027.

El Ministerio Público confirmó este jueves a Delfino.cr que la investigación se tramita bajo el expediente 26-000115-0033-PE. No obstante, la institución no precisó cuál de las actuaciones de la presidenta legislativa dentro del procedimiento presupuestario motivó la apertura de la causa penal.

Como parte de las diligencias de investigación, el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, solicitó a la directora ejecutiva de la Asamblea Legislativa, Alejandra Bolaños Guevara, una copia certificada del expediente legislativo 25.754, correspondiente al proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2027.

La solicitud consta en el oficio FGR-675-2026, fechado el pasado 16 de noviembre, en el cual Díaz concedió un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la recepción del documento, para que el Congreso remita la información requerida. El fiscal fundamentó su petición en los artículos 226 y 391, siguientes y concordantes, del Código Procesal Penal.

Según confirmó la Fiscalía General, la solicitud de documentación se efectuó el miércoles 18 de noviembre y, hasta la mañana de este jueves, la Asamblea Legislativa todavía no había remitido la copia certificada del expediente. El caso continúa en etapa de investigación.

El delito de prevaricato está contemplado en el artículo 357 del Código Penal, que establece penas de dos a seis años de prisión para el funcionario judicial o administrativo que dicte resoluciones contrarias a la ley o que las fundamente en hechos falsos.

Trámite presupuestario estuvo marcado por controversias entre el Congreso y la Sala Constitucional

El proyecto de presupuesto nacional para el 2027, por aproximadamente ₡12,4 billones, fue aprobado en primer debate el pasado 5 de noviembre con los votos de los 31 diputados del oficialismo y la oposición de los otros 23 legisladores presentes.

Durante aquella sesión, Jiménez anunció que el Congreso iniciaría la discusión en segundo debate del proyecto el lunes 9 de noviembre, pese a que la Sala Constitucional mantenía pendientes de resolución tres consultas legislativas de constitucionalidad relacionadas con el contenido del presupuesto.

La presidenta legislativa también determinó que la aprobación definitiva del expediente requeriría únicamente el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los diputados presentes, en lugar de una mayoría calificada de 38 votos. Ambas decisiones fueron objeto de una apelación presentada por la oposición, que el oficialismo rechazó con sus 31 votos.

El lunes 9 de noviembre, el entonces presidente interino de la Sala Constitucional, magistrado Fernando Cruz Castro, dictó una medida cautelar en la que ordenó a la Asamblea Legislativa abstenerse de dar segundo debate al presupuesto antes del 29 de noviembre, mientras el tribunal resolvía una consulta relacionada con cuatro normas que restringen la utilización de recursos presupuestarios del Poder Judicial.

Pese a la recepción de esa orden judicial, Jiménez resolvió continuar con la discusión por el fondo del expediente, bajo la interpretación de que la medida cautelar impedía realizar la votación definitiva del proyecto, pero no agotar el debate legislativo.

Para fundamentar su posición, la presidenta del Congreso invocó el artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y el artículo 143 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Las bancadas de oposición cuestionaron esa interpretación y presentaron una moción de apelación contra la resolución de la presidenta legislativa, al considerar que continuar con la discusión podía implicar un incumplimiento de la orden judicial. El oficialismo rechazó la apelación por 30 votos contra 26 y, posteriormente, también rechazó una moción de revisión por 31 votos contra 26.

La controversia motivó que, esa misma tarde, la magistrada constitucional Ingrid Hess Herrera dictara una segunda medida cautelar, esta vez dentro de una consulta de constitucionalidad relacionada con la eliminación de ₡8048 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

A diferencia de la primera resolución, la segunda orden judicial estableció expresamente que la Asamblea Legislativa debía abstenerse tanto de discutir como de aprobar en segundo debate el proyecto presupuestario antes del 29 de noviembre.

Tras recibir esa segunda resolución, Jiménez decretó un receso y posteriormente levantó la sesión del plenario legislativo, sin informar al resto de las diputaciones sobre la recepción de la nueva orden judicial.

En esa misma resolución, Hess también señaló que la Asamblea Legislativa no había remitido oportunamente el expediente presupuestario solicitado por la Sala Constitucional para estudiar la consulta relacionada con el FEES. La documentación había sido requerida desde el 27 de octubre y el tribunal tuvo que reiterar su solicitud el 4 de noviembre.

Hasta el momento, la Fiscalía General no ha especificado si alguna de esas actuaciones constituye el objeto concreto de la investigación penal contra Jiménez.

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