La Comisión de Hacendarios redistribuyó unos ₡250.000 millones e incluyó reducciones a partidas para Cen-Cinai, Banhvi, el IMAS y la atención a personas en situación de calle
El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica (Coltras) advirtió que las modificaciones al Presupuesto Nacional de 2027 podrían afectar la atención de miles de personas en condición de vulnerabilidad, debido al traslado de recursos entre programas destinados a combatir la pobreza, facilitar el acceso a la vivienda y brindar servicios de cuido y alimentación.
La organización cuestionó especialmente la aprobación de una moción en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa que redistribuyó aproximadamente ₡250.000 millones entre distintos programas sociales. Aunque la medida permitió recuperar fondos para instituciones que enfrentaban faltantes presupuestarios, el Colegio señaló que el dinero proviene de otras partidas destinadas a poblaciones con necesidades similares.
Recursos para personas con discapacidad
Uno de los casos destacados por Coltras es el del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), cuyo presupuesto inicial para 2027 contemplaba una reducción de aproximadamente ₡21.000 millones a ₡10.000 millones.
Según el gremio, cerca de 5000 personas solicitaron apoyo a Conapdis para 2027, pero con la propuesta presupuestaria original únicamente 851 habrían podido recibirlo. El Colegio también señaló que, desde finales de 2025, algunas personas con discapacidad reportaron disminuciones en sus subsidios y en las horas de asistencia personal necesarias para realizar actividades cotidianas, como alimentarse, bañarse y movilizarse.
La situación motivó una modificación al expediente 25.754, correspondiente al Presupuesto Nacional de 2027. El pasado 19 de octubre, la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó la moción 18, que restituyó ₡12.149 millones a Conapdis para transferencias destinadas a personas con discapacidad en condición de pobreza.
Al respecto, Coltras cuestionó que la recuperación de estos recursos formara parte de una redistribución que también redujo partidas para los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinai), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la atención sanitaria a personas en situación de calle.
Advierten mayor carga de cuidados para las familias
La coordinadora de la Unidad de Investigación de Coltras, Mariangel Sánchez Alvarado, advirtió que la reducción de apoyos estatales puede trasladar las responsabilidades de atención y cuido a las familias, particularmente a las mujeres.
"El impacto de estas decisiones va mucho más allá de las instituciones afectadas. Cuando se reducen los apoyos estatales, las responsabilidades de cuido y atención se trasladan a las familias, especialmente a las mujeres, quienes muchas veces deben abandonar sus trabajos o estudios para atender a sus seres queridos. Esto profundiza la pobreza, la desigualdad y la exclusión social".
Por su parte, Jennifer Mata Zamora, coordinadora de la Unidad de Fiscalía del Colegio, cuestionó que el fortalecimiento de un programa social dependa de reducir el financiamiento de otros servicios dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad.
"No es aceptable que la protección de los derechos de una población dependa de sacrificar los derechos de otra. El presupuesto público debe responder a las necesidades reales de la sociedad y garantizar condiciones dignas para todas las personas, especialmente quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad".
El gremio también manifestó preocupación por la insuficiencia de recursos para apoyar a personas cuidadoras de pacientes en fase terminal y de niños y niñas con enfermedades graves, así como por las posibles consecuencias de los ajustes presupuestarios sobre la alimentación, la salud y el acceso a vivienda.
Coltras solicitó a las diputaciones mantener los recursos recuperados para Conapdis y garantizar financiamiento suficiente para los demás programas sociales afectados, con el objetivo de evitar que la atención de una población implique disminuir los servicios disponibles para otra.
El Presupuesto Nacional de 2027 recibió su aprobación en primer debate el pasado 5 de noviembre. Sin embargo, su votación definitiva permanece suspendida por orden de la Sala Constitucional, que dispuso detener el segundo debate antes del 29 de noviembre mientras examina consultas sobre la constitucionalidad de distintas disposiciones presupuestarias.
