La institución solicitó esclarecer el origen de ₡14.483 millones reintegrados por Fodesaf y advirtió sobre una rebaja de ₡492,88 millones que afectaría al Centro Académico de Limón del TEC.
La Defensoría de los Habitantes pidió a la Asamblea Legislativa examinar con mayor detalle las consecuencias sociales del proyecto de Segundo Presupuesto Extraordinario de 2026 (expediente 25.803), antes de aprobar las modificaciones presupuestarias propuestas por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa responde a una disminución certificada de ₡373.390,80 millones en los ingresos tributarios previstos y plantea una reducción neta del Presupuesto Nacional de ₡167.968,23 millones, mediante rebajas de gasto, reintegros de superávits y modificaciones en las fuentes de financiamiento.
Uno de los principales señalamientos de la Defensoría se refiere a ₡14.483,28 millones provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), que el proyecto propone redistribuir hacia programas de salud, vivienda, cuidados y protección social.
Según la institución, la documentación disponible no permite determinar si esos recursos quedaron sin utilizar debido a ahorros en la ejecución presupuestaria o por dificultades administrativas que impidieron destinarlos oportunamente a la población beneficiaria. La diferencia resulta relevante para establecer si existen necesidades sociales que quedaron sin atender.
La Defensoría indicó que el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) concentran cerca del 96% de esos reintegros. Por ello, recomendó solicitar información sobre proyectos habitacionales pendientes, beneficios sociales, hogares elegibles y las razones por las que los recursos no se ejecutaron.
Recursos para la CCSS y rebaja al TEC
El proyecto también incorpora ₡10.327,27 millones para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), destinados al aseguramiento estatal. La Defensoría pidió precisar cuántas personas se beneficiarían de esos recursos, cuáles obligaciones están pendientes de pago y si otras rebajas presupuestarias podrían afectar la prestación de consultas, el suministro de medicamentos o los tratamientos médicos.
La institución también advirtió sobre una rebaja de ₡492,88 millones en las transferencias al Tecnológico de Costa Rica (TEC), que afectaría el financiamiento de su Centro Académico de Limón.
El centro académico atiende a 417 estudiantes de tres carreras y cuenta con cerca de 30 personas funcionarias. Ante esta situación, la Defensoría recomendó a la Comisión de Asuntos Hacendarios solicitar al Ministerio de Hacienda y al TEC información sobre la composición del superávit, los compromisos financieros existentes y la compatibilidad de la rebaja con las disposiciones que protegen el financiamiento de las sedes regionales universitarias.
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, insistió en que las decisiones presupuestarias deben analizarse a partir de sus posibles consecuencias para la población:
Un presupuesto no es solamente una cifra. Detrás de cada decisión presupuestaria hay personas, familias, y derechos que deben ser protegidos. Por eso es importante conocer por qué existen fondos sin ejecutar, cuáles necesidades siguen pendientes y sobre todo, cómo se garantizará la continuidad de los servicios”.
La Defensoría solicitó a la Asamblea Legislativa requerir al Ministerio de Hacienda, a la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) y a las instituciones involucradas información comparable sobre la ejecución de los recursos, las metas previstas, las causas de los reintegros, la población beneficiaria y el detalle de las rebajas, antes de valorar los efectos definitivos del proyecto.