El ministro de Hacienda y de la Presidencia arremetió contra los magistrados Fernando Cruz e Ingrid Hess y acusó al Poder Judicial de estar "en pie de guerra contra la democracia".
El ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, acusó este miércoles a la Sala Constitucional de ejercer una "dictadura judicial" por las medidas cautelares que suspendieron la discusión y aprobación en segundo debate del Presupuesto Nacional de 2027, y afirmó que el Poder Judicial intenta sustituir las decisiones de los representantes elegidos popularmente.
Durante la conferencia de prensa semanal del Gobierno, Chaves dirigió sus cuestionamientos contra los magistrados Fernando Cruz Castro e Ingrid Hess Herrera, quienes el lunes 9 de noviembre emitieron dos resoluciones relacionadas con las consultas de constitucionalidad presentadas contra disposiciones que afectan el presupuesto del Poder Judicial y el financiamiento de las universidades públicas.
El ministro cuestionó que las órdenes judiciales impidieran al Congreso continuar con el trámite del presupuesto, al considerar que constituyen una intromisión en las competencias legislativas:
Si eso no es dictadura judicial, yo no sé qué es".
Chaves también acusó directamente a los magistrados de actuar en defensa de intereses propios y calificó las resoluciones como un intento de desplazar a los poderes de elección popular.
En particular, cuestionó que las medidas cautelares fueran emitidas por Cruz e Hess, quienes actuaron en el marco de dos procedimientos constitucionales distintos, y no mediante una sentencia definitiva del pleno de la Sala Constitucional.
El jerarca elevó el tono de sus acusaciones al señalar que el Poder Judicial representa una amenaza contra la separación de poderes y la responsabilidad fiscal:
El Poder Judicial está en pie de guerra contra la democracia, la separación de poderes, la responsabilidad fiscal y quiere sustituir a quienes fueron electos por el pueblo, incluyendo la Asamblea Legislativa y parte del Gobierno, con magistrados electos por las diputaciones de hace cuarenta años en el caso de Orlando Aguirre".
Dos medidas cautelares contra el trámite presupuestario
Las declaraciones se produjeron dos días después de que dos magistrados de la Sala Constitucional ordenaran detener el trámite del expediente 25.754, correspondiente al Presupuesto Nacional de 2027, aprobado en primer debate por la mayoría oficialista el jueves 5 de noviembre.
La primera medida fue dictada por Fernando Cruz, en ejercicio de la presidencia interina de la Sala Constitucional, dentro del expediente 26-039748-0007-CO. La resolución ordenó al Congreso abstenerse de aprobar el presupuesto en segundo debate antes del 29 de noviembre, mientras se resuelve una consulta presentada por la Corte Suprema de Justicia.
La consulta cuestiona cuatro normas de ejecución presupuestaria que condicionan la utilización de aproximadamente ₡29.843,8 millones del Poder Judicial al cumplimiento de diferentes requisitos administrativos, además de establecer restricciones para trasladar recursos y utilizar plazas vacantes.
Según el Poder Judicial, esas disposiciones podrían afectar su autonomía administrativa, el funcionamiento de los tribunales, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El oficialismo, por su parte, sostiene que las medidas buscan fortalecer los controles sobre el uso de los recursos públicos.
La segunda medida fue emitida por Ingrid Hess, dentro del expediente 26-040155-0007-CO, a solicitud de doce diputados de oposición que cuestionaron un recorte de ₡8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
En esa resolución, la magistrada ordenó expresamente suspender tanto la discusión como la aprobación en segundo debate del presupuesto antes del 29 de noviembre. La disposición se produjo después de que la presidenta legislativa, Yara Jiménez Fallas, interpretara que la primera orden únicamente impedía realizar la votación definitiva.
Acusaciones contra el Poder Judicial y el TEC
Durante su intervención, Chaves también acusó a las autoridades judiciales de utilizar las necesidades de infraestructura de la Zona Sur como mecanismo de presión para impedir recortes presupuestarios.
El ministro cuestionó que el Poder Judicial advirtiera sobre dificultades para construir una morgue en esa región, mientras, según afirmó, dispone de recursos en un fideicomiso inmobiliario.
Asimismo, dirigió críticas contra las autoridades del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) por advertencias relacionadas con el financiamiento de su sede en Limón. Chaves sostuvo que la institución recibe aproximadamente ₡62.000 millones anuales y cuestionó que una diferencia presupuestaria de ₡420 millones pueda comprometer esa operación.
El ministro calificó esa situación en los siguientes términos:
Clase de extorsión que ni las maras salvadoreñas se animaban".
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, respaldó las normas presupuestarias cuestionadas y afirmó que su propósito es mejorar el control de los fondos públicos. También sostuvo que los informes de liquidación presupuestaria de 2024 y 2025 revelaron problemas en la administración de los recursos judiciales.
