El presidente interino de la Sala Constitucional acogió una medida cautelar solicitada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y ordenó al Congreso abstenerse de votar el proyecto en segundo debate antes del 29 de noviembre.
El magistrado Fernando Cruz Castro, en su condición de presidente interino de la Sala Constitucional, ordenó este lunes 9 de noviembre suspender la votación en segundo debate del presupuesto nacional de 2027 hasta el 29 de noviembre, tras acoger una medida cautelar urgentísima solicitada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, debido a los cuestionamientos sobre cuatro normas que restringen el uso de recursos del Poder Judicial.
La resolución, dictada a las 13:03 horas de este lunes y firmada por Cruz Castro, establece que el Plenario de la Asamblea Legislativa deberá abstenerse de aprobar en segundo debate el expediente legislativo 25.754 antes del 29 de noviembre de 2026. Se trata de una decisión cautelar adoptada por el magistrado en el ejercicio de la presidencia del tribunal, no de una sentencia dictada por el pleno de la Sala Constitucional. La orden impide que el oficialismo concrete la votación definitiva que tenía prevista para este lunes 9 de noviembre.
La medida se adoptó dentro del expediente constitucional 26-039748-0007-CO, correspondiente a una consulta presentada por la Corte Suprema de Justicia contra las normas de ejecución presupuestaria 9, 10, 11 y 12, incorporadas al presupuesto nacional para el próximo año.
Estas disposiciones incluyen restricciones para utilizar ₡29.843,8 millones del presupuesto judicial, equivalentes al 5,6% de sus recursos, así como limitaciones para trasladar fondos entre partidas y cubrir plazas vacantes.
La Corte sostiene que las normas afectan su independencia y autonomía presupuestaria y que la Asamblea Legislativa omitió realizar la consulta obligatoria prevista en el artículo 167 de la Constitución Política, aplicable cuando un proyecto de ley afecta la organización o el funcionamiento del Poder Judicial.
Ese procedimiento exige el respaldo de al menos 38 diputados para que el Congreso pueda apartarse del criterio de la Corte Suprema de Justicia.
Cruz señala atraso de la Asamblea Legislativa
En su resolución, el magistrado Cruz Castro señaló que la Asamblea Legislativa provocó una dilación al no remitir oportunamente el expediente presupuestario que el tribunal había solicitado para estudiar los cuestionamientos.
El documento recuerda que la Sala Constitucional requirió la documentación mediante una resolución del 26 de octubre y tuvo que reiterar la solicitud el 4 de noviembre, mientras el Congreso continuaba con la tramitación del presupuesto.
Cruz consideró relevante que el proyecto fuera aprobado en primer debate el 5 de noviembre y que ya estuviera convocado para su discusión definitiva, pese a que la consulta de constitucionalidad seguía pendiente de resolución.
Asimismo, destacó que el artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional contempla un tratamiento especial cuando las consultas se presentan con suficiente anticipación, como consideró que ocurrió en este caso.
La resolución establece:
Así las cosas, ante la dimensión de la situación planteada y la afectación que de ello se aduce para el normal funcionamiento de las competencias otorgadas constitucionalmente al Poder Judicial en su conjunto; considerando, junto con ello, el equilibro de Poderes y el respeto a las esferas competenciales otorgadas por la Constitución Política a cada uno de ellos; y teniendo presente el respeto al principio de supremacía constitucional, cuya defensa se reclama en este procedimiento de control preventivo de constitucionalidad de las leyes, lo que corresponde es acoger la solicitud de medida cautelar urgentísima solicitada por la Corte Suprema de Justicia".
En consecuencia, Cruz ordenó al Plenario abstenerse de dar segundo debate al presupuesto antes del 29 de noviembre, con el propósito de evitar que la votación definitiva deje sin efecto práctico el pronunciamiento constitucional pendiente.
Advertencias sobre el funcionamiento judicial
Para justificar la medida cautelar, Vargas advirtió que las restricciones presupuestarias podrían ocasionar el despido de más de 2400 personas funcionarias judiciales, el cierre de despachos y dificultades para mantener servicios esenciales a partir del 1 de enero de 2027.
Entre los riesgos expuestos figuran la falta de recursos para adquirir equipo de protección para agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mantener licencias informáticas, pagar alquileres y cubrir puestos vacantes de jueces, fiscales, defensores públicos e investigadores.
La solicitud también mencionó posibles afectaciones a las sedes judiciales de Cóbano, Jacó, Quepos y Puerto Jiménez.
En su resolución, Cruz tomó en consideración la gravedad de los efectos alegados por el Poder Judicial, así como la necesidad de preservar el equilibrio entre poderes y garantizar que el control previo de constitucionalidad pueda cumplir su finalidad.
Congreso deberá esperar para votar
La orden emitida por Cruz obliga a la Asamblea Legislativa a aplazar la aprobación definitiva del presupuesto, aunque no impide que el proyecto complete su trámite dentro del plazo establecido por la Constitución Política.
El artículo 178 constitucional dispone que el presupuesto ordinario de la República debe quedar definitivamente aprobado antes del 30 de noviembre. Por esa razón, el magistrado fijó el 29 de noviembre como fecha antes de la cual no podrá celebrarse el segundo debate.
La resolución representa un cambio inmediato en el calendario legislativo, pues el oficialismo pretendía aprobar el presupuesto de 2027 en segundo debate este lunes, después de conseguir su aprobación inicial el pasado 5 de noviembre.
La orden judicial responde específicamente a la solicitud presentada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Este lunes, diez diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) también acudieron a la Sala Constitucional para solicitar una suspensión del segundo debate, mediante otra gestión relacionada con las mismas restricciones presupuestarias.
