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Imagen principal del artículo: Oficialismo exige la renuncia del fiscal general y de la defensora de los Habitantes
Foto: Delfino.cr

Oficialismo exige la renuncia del fiscal general y de la defensora de los Habitantes

Los diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobaron este lunes dos mociones para exigir la renuncia inmediata del fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, y de la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, por sus actuaciones durante la inspección realizada el pasado viernes en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO). Ambas iniciativas, promovidas por la diputada Nayuribe Guadamuz Rosales y otros integrantes del oficialismo, recibieron 29 votos a favor y 21 en contra, estos últimos provenientes de las fracciones de oposición.

La discusión y votación de ambas iniciativas se produjo mientras trascendían las informaciones sobre el asesinato del periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri, ocurrido en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. El hecho motivó reiterados reproches de los diputados de oposición, quienes cuestionaron que la prioridad del oficialismo fuera exigir la salida de dos autoridades encargadas de fiscalizar al Estado, en momentos en que el país conocía el homicidio de un comunicador que denunciaba vínculos entre el narcotráfico y las estructuras del poder político.

En el caso del fiscal general, el oficialismo calificó su participación en la inspección como un "show político", lo acusó de negligencia en la persecución del crimen organizado y de mantener una actitud "complaciente y alcahueta a favor de los delincuentes". El acuerdo exige su renuncia inmediata y, en caso de que Díaz se niegue a abandonar el cargo, solicita a la Corte Plena iniciar un procedimiento para destituirlo.

La moción contra la defensora también califica su participación en la inspección como un "show político" y la acusa de mostrar mayor interés en defender a los delincuentes que a las víctimas de la criminalidad. Los diputados fundamentaron parte de sus cuestionamientos en las denuncias formuladas por la directora general de Adaptación Social, Lucrecia Tejada Cordoncillo, quien aseguró que Cruickshank la amenazó, intimidó y le gritó durante la diligencia. En caso de que la funcionaria no renuncie, el acuerdo dispone que se ordene la apertura de un procedimiento de investigación para determinar si procede su destitución.

Las mociones se aprobaron tres días después de que autoridades del Ministerio Público, la Defensoría de los Habitantes, la Defensa Pública y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, junto con jueces de ejecución de la pena, realizaran una inspección sin previo aviso en el CACCO. La diligencia respondió a denuncias de presuntas agresiones, actos de tortura y abusos de autoridad.

Los cuestionamientos contra Díaz y Cruickshank dominaron las intervenciones de los diputados oficialistas durante el espacio de control político. La diputada Marta Eugenia Esquivel Rodríguez cuestionó que el fiscal general participara personalmente en la inspección, en lugar de encomendar esa labor a otros funcionarios del Ministerio Público, y sostuvo que Díaz debía concentrar sus esfuerzos en resolver los atrasos en la presentación de acusaciones penales.

Esquivel también acusó al fiscal general de actuar políticamente en coordinación con la oposición para generar enfrentamientos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Asimismo, aprovechó su intervención para cuestionar que la Defensa Pública permanezca dentro de la estructura del Poder Judicial, al considerar que la participación de ambas instituciones en la inspección puso en entredicho su independencia.

Al defender la moción contra el fiscal general, Guadamuz Rosales presentó un montaje audiovisual que intercaló declaraciones brindadas por Díaz tras la inspección penitenciaria con imágenes y testimonios relacionados con distintos hechos delictivos. Posteriormente, calificó al jerarca del Ministerio Público de irrespetuoso y charlatán, y exigió su salida inmediata de la institución.

Por su parte, la diputada Kathia Calvo Cruz acusó a Cruickshank de mantener una conducta pública ausente, dedicar parte de su gestión a realizar viajes y no acompañar suficientemente a las familias de las víctimas de la criminalidad. También cuestionó el trato que dispensó a las autoridades penitenciarias durante la inspección y pidió que, si la defensora no renuncia, el Congreso inicie inmediatamente el procedimiento para destituirla, sin esperar a que concluya su nombramiento en marzo próximo.

Durante el espacio de control político, el diputado oficialista Gonzalo Ramírez Zamora incluso planteó la posibilidad de cerrar la Defensoría de los Habitantes y destinar su presupuesto a otras instituciones públicas, al considerar que la entidad no cumple adecuadamente sus funciones.

El jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta Jaén, sostuvo que la participación de Cruickshank en la inspección penitenciaria obedecía a un interés de obtener exposición pública para conseguir su reelección en el cargo. El legislador acusó a la defensora de actuar en coordinación con el fiscal general con ese propósito.

Los diputados oficialistas también reprodujeron testimonios de familiares de víctimas de homicidios y femicidios para respaldar sus cuestionamientos contra las actuaciones de ambos jerarcas.

Antes de que iniciara la discusión de las mociones contra el fiscal general y la defensora de los Habitantes, el diputado liberacionista Eder Hernández Ulloa advirtió al plenario sobre las informaciones que daban cuenta del asesinato de Rodríguez, recordó el homicidio del periodista Parmenio Medina en el 2001 y llamó a sus compañeros a reflexionar sobre la situación de violencia que atraviesa el país.

El oficialismo continuó con el trámite de ambas mociones, lo que provocó reproches de distintas bancadas de oposición, cuyos integrantes cuestionaron que el Congreso dedicara la sesión a exigir la salida de los jerarcas del Ministerio Público y la Defensoría de los Habitantes, en lugar de discutir las deficiencias de la política gubernamental en materia de seguridad pública.

La jefa de fracción de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles Camargo, acusó al oficialismo de intentar desviar la atención de los problemas de seguridad pública mediante las mociones. La legisladora señaló que el asesinato de Rodríguez no solo refleja la situación de violencia que enfrenta Costa Rica, sino que genera especial preocupación por tratarse de un comunicador que denunciaba actos de corrupción y presuntos vínculos con el narcotráfico, además de ser un crítico del Gobierno.

Dobles exigió que las autoridades investiguen tanto a los autores materiales como a los eventuales autores intelectuales del crimen y cuestionó que, el mismo día del asesinato, el oficialismo exigiera la renuncia del fiscal general. La legisladora atribuyó esa actuación a las investigaciones penales abiertas contra integrantes del gabinete de la actual administración.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio (FA), María Eugenia Román Mora, reprochó que el oficialismo dedicara la sesión a cuestionar a dos autoridades por ejercer sus competencias legales, en lugar de atender los problemas que atraviesa el país. También cuestionó que los diputados del PPSO no hubieran mostrado el mismo interés en reconocer las actuaciones del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que permitieron detener a personas requeridas en extradición por sus presuntos vínculos con el narcotráfico internacional.

La frenteamplista Sigrid Segura Artavia acusó al Gobierno de instrumentalizar el dolor de las familias de las víctimas de la criminalidad para atacar a las instituciones fiscalizadoras. La legisladora recriminó al oficialismo que sus mociones estuvieran dirigidas a condenar las actuaciones del fiscal general y de la defensora, mientras el asesinato de Rodríguez representaba, a su juicio, una afrenta contra la democracia y la libertad de expresión.

Segura también cuestionó que el oficialismo planteara el cierre de la Defensoría de los Habitantes y, simultáneamente, asegurara defender los intereses de las víctimas de la delincuencia. La legisladora reprochó los recortes presupuestarios al OIJ, los programas sociales y la educación, y cuestionó que el Gobierno excluya a las personas extraditables del nuevo establecimiento penitenciario de alta contención.

En términos similares se pronunció el diputado frenteamplista Antonio Trejos Mazariegos, quien cuestionó que la respuesta del oficialismo ante una jornada marcada por el asesinato de un periodista y la apertura de una nueva investigación penal contra un ministro de Gobierno fuera exigir la renuncia de las autoridades encargadas de fiscalizar el ejercicio del poder público. El legislador sostuvo que esas actuaciones constituyen una búsqueda de impunidad por parte de quienes están sujetos a dicha fiscalización.

Trejos recordó que el artículo 12 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes autoriza expresamente a esa institución a realizar inspecciones de oficinas públicas sin previo aviso. El legislador instó al oficialismo a presentar pruebas, rendir informes y esclarecer las denuncias, en lugar de exigir la salida de las autoridades encargadas de investigarlas.

El frenteamplista también vinculó los ataques contra el fiscal general con la apertura de una causa penal contra el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, por el presunto delito de tráfico de influencias, en relación con los condicionamientos de inversión pública que planteó el jerarca a la comunidad de Turrúcares de Alajuela para que el gobierno local desistiera de sus acciones judiciales contra un proyecto de relleno sanitario.

La apertura de esa investigación, bajo el expediente 26-000116-0033-PE, fue confirmada este lunes por el Ministerio Público ante una consulta de Delfino.cr.

La diputada Joselyn Sáenz Núñez recordó diversas intervenciones de la Defensoría de los Habitantes durante el último año, entre ellas sus cuestionamientos a la política gubernamental de seguridad pública, las investigaciones sobre el estado de los autobuses y los aumentos tarifarios, la contaminación del agua para consumo humano y las deficiencias presupuestarias de programas sociales como Avancemos, las licencias de cuido y los servicios de los CEN-CINAI.

Sáenz sostuvo que precisamente esas actuaciones de fiscalización explican la incomodidad del oficialismo con Cruickshank y calificó las acciones emprendidas contra ambas autoridades como manifestaciones de autoritarismo.

En esa misma línea, la diputada liberacionista Karol Matamoros Montoya cuestionó que el oficialismo pretendiera censurar a dos jerarcas por ingresar a un centro penitenciario mientras continuaban los homicidios en las calles del país, incluido el asesinato de Rodríguez. La congresista instó al PPSO a demostrar congruencia con su discurso mediante el fortalecimiento de los programas y presupuestos destinados a la seguridad ciudadana.

Matamoros también rechazó que la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad implique desatender a las víctimas de la criminalidad. La legisladora recordó las intervenciones de la Defensoría en asuntos relacionados con las licencias de cuido, la igualdad salarial del personal de enfermería, la atención consular, la disponibilidad de intérpretes de lesco, la protección de las personas adultas mayores y las deficiencias en los servicios del Hospital de Liberia.

Desde el oficialismo, el diputado Daniel Siézar Cárdenas rechazó los señalamientos de la oposición, al considerar que algunas intervenciones insinuaban una eventual responsabilidad del Gobierno o de su bancada en el asesinato del periodista. El legislador calificó esas insinuaciones de irresponsables e instó a esperar los resultados de la investigación del Ministerio Público para establecer quiénes fueron los responsables del homicidio.

Acosta Jaén también defendió la presunción de inocencia de las personas objeto de denuncias y sostuvo que corresponde a los tribunales de justicia determinar su eventual responsabilidad penal. El jefe de fracción oficialista afirmó que la libertad de prensa constituye un elemento esencial de la democracia y que quienes ejercen cargos públicos deben aceptar que están expuestos a la crítica.

Mientras se desarrollaba la sesión legislativa, el propio fiscal general confirmó el inicio de las investigaciones por el asesinato de Rodríguez y anunció que las autoridades judiciales realizarían una investigación exhaustiva para identificar tanto a quienes ejecutaron el homicidio como a quienes eventualmente pudieron ordenarlo. Hasta ese momento, las autoridades no habían establecido públicamente el móvil del crimen.

Una vez concluido el trámite de las mociones contra Díaz y Cruickshank, el plenario legislativo aprobó por unanimidad una iniciativa para guardar un minuto de silencio en memoria del periodista, reivindicar su labor de denuncia pública, llamar a una reflexión nacional sobre las amenazas que enfrenta la libertad de expresión y exigir a las autoridades el esclarecimiento del homicidio.

Los cuestionamientos oficialistas por la participación de las autoridades en la inspección ocurren poco más de un mes después de que la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, reprochara precisamente la ausencia de representantes del Poder Judicial durante la inauguración del mismo establecimiento penitenciario. Como informó Delfino.cr el pasado 14 de octubre, en aquella oportunidad la mandataria acusó a integrantes del Poder Judicial de estar del lado de los delincuentes por no asistir a la actividad.

Dos procedimientos de destitución distintos

Las mociones aprobadas este lunes tienen alcances jurídicos diferentes. En el caso del fiscal general, la Asamblea Legislativa carece de potestad para destituirlo, pues esa atribución corresponde exclusivamente a la Corte Plena, mediante el voto favorable de al menos 15 de sus 22 integrantes, según los artículos 24 y 29 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Hace cuatro semanas, el pasado 19 de octubre, la Corte Suprema de Justicia reeligió por unanimidad a Carlo Díaz Sánchez para un nuevo periodo de cuatro años al frente del Ministerio Público. Las 21 magistraturas que participaron en aquella votación respaldaron su continuidad en el cargo hasta octubre del 2030.

En junio pasado, la diputada Marta Esquivel presentó el expediente 25.634, mediante el cual pretende trasladar del Poder Judicial a la Asamblea Legislativa la potestad de nombrar y destituir a la persona titular de la Fiscalía General de la República. La propuesta permanece en trámite legislativo.

En cambio, la Asamblea Legislativa sí tiene la potestad de destituir a la defensora de los Habitantes. Los artículos 6 y 7 de la Ley 7319 establecen que, para investigar la eventual comisión de negligencia notoria o violaciones graves al ordenamiento jurídico en el ejercicio del cargo, la Presidencia del Congreso debe nombrar una comisión investigadora que conceda audiencia a la funcionaria y presente al plenario los resultados de sus indagaciones en un plazo de 15 días hábiles.

Una eventual destitución deberá estar respaldada por la acreditación de una causal legal y por un procedimiento que garantice el derecho de defensa de Cruickshank. La iniciativa oficialista se produce a poco más de tres meses de que concluya el periodo de cuatro años para el cual la anterior Asamblea Legislativa eligió a la funcionaria en febrero del 2023.

Breves

— Con 19 votos a favor y 28 en contra, el oficialismo rechazó guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del ingeniero Vidal Quirós Berrocal, primer rector del Tecnológico de Costa Rica.

Proyectos dictaminados

Este lunes no se reportaron proyectos dictaminados en las comisiones.

Leyes publicadas

Este lunes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.