El proyecto propone que la Asamblea Legislativa sea la encargada de nombrar al jerarca del Ministerio Público, por mayoría calificada de las diputaciones presentes. Además, modifica los requisitos para el cargo, establece el procedimiento para su distitución, las condiciones del informe anual que deberá presentar a la Asamblea Legislativa, y una prohibición de que tras dejar el cargo la persona pueda aspirar a puestos de elección popular.