Rodrigo Chaves también reiteró sus cuestionamientos a las autoridades judiciales.
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, acusó este miércoles a magistrados, fiscales y jueces de estar del lado de los delincuentes por su ausencia en la inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), realizada en el complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
La mandataria aprovechó distintos momentos de la actividad para cuestionar a las autoridades judiciales, a las que responsabilizó de obstaculizar la lucha contra la delincuencia y de no comprometerse suficientemente con las políticas de seguridad impulsadas por su administración y la del expresidente Rodrigo Chaves Robles.
Los primeros señalamientos surgieron desde el saludo inicial de Fernández a las autoridades invitadas. Cuando correspondió mencionar a los representantes de la Corte Suprema de Justicia, la presidenta interrumpió su intervención para destacar que no habían asistido.
Me dicen que no vino ningún señor magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¡Qué lástima!"
Durante su discurso de cierre, Fernández endureció los cuestionamientos y sostuvo que dentro del Poder Judicial existen funcionarios que favorecen a los delincuentes. La afirmación surgió después de que criticara a quienes han presentado recursos judiciales contra medidas penitenciarias impulsadas por su Gobierno.
Hay gente, magistrados, miembros del Poder Judicial, fiscales y jueces que están del lado de los delincuentes. Por eso no vinieron, porque les duele ver un modelo de mano dura en Costa Rica".
La presidenta no identificó a los funcionarios a quienes atribuía esa conducta.
Fernández también afirmó que los representantes judiciales ausentes le estaban dando la espalda a uno de los principales problemas nacionales y consideró que las instituciones deberían actuar conjuntamente frente al crimen organizado, independientemente de sus diferencias políticas.
Por su parte el expresidente Rodrigo Chaves Robles, actualmente ministro de Hacienda y de la Presidencia, también dirigió parte de su intervención contra los jerarcas judiciales que no asistieron a la ceremonia.
Chaves comenzó defendiendo la construcción de la megacárcel como una expresión de la responsabilidad estatal de proteger la vida y la seguridad de la población, antes de referirse expresamente a los asientos reservados para los representantes del Poder Judicial.
Yo hoy, aunque a muchos les parezca paradójico, saludo a las sillas vacías que puso doña Laura aquí para que vinieran los miembros de la Corte y del Poder Judicial".
El exmandatario afirmó que respalda la separación de poderes y rechazó la concentración de las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales en una sola autoridad. Sin embargo, sostuvo que los cuestionamientos de ambos gobiernos no se dirigen contra la existencia de instituciones independientes, sino contra las personas que actualmente ocupan determinados cargos.
Chaves criticó a quienes, según su posición, se han opuesto a reformas para ampliar las posibilidades de imponer prisión preventiva en casos de delincuencia grave. También cuestionó las decisiones judiciales que, a su juicio, permiten que personas detenidas por las autoridades policiales recuperen la libertad y posteriormente deban ser capturadas nuevamente.
Fernández pide a diputados llamar a cuentas al Poder Judicial
La presidenta también responsabilizó a las autoridades judiciales por decisiones relacionadas con la prisión preventiva de sospechosos que posteriormente fueron vinculados con homicidios.
Fernández mencionó el asesinato del oficial de la Fuerza Pública Gerson Rosales, ocurrido en mayo en Batán de Matina, Limón, así como el homicidio de un oficial de seguridad privada en Alajuelita. Sostuvo que personas relacionadas con esos crímenes habían sido detenidas anteriormente y que debieron permanecer encarceladas.
A partir de esos cuestionamientos, Fernández solicitó a los diputados presentes que exijan explicaciones al Poder Judicial sobre las decisiones adoptadas en casos de delincuencia violenta. También pidió avanzar en reformas legales que considera necesarias para fortalecer la persecución del crimen organizado.
Los señalamientos dan continuidad a las críticas que Fernández dirigió contra el Poder Judicial el pasado 30 de setiembre, cuando acusó a las autoridades de "consentir" el baño de sangre provocado por la criminalidad y pidió a la Asamblea Legislativa llamarlas a cuentas.
Presidenta reconoce labor de funcionarios judiciales
Durante el periodo de preguntas, el periodista Brandon Segura Rojas, de La Reacción, consultó a Fernández sobre el reconocimiento que hace al trabajo de los funcionarios judiciales, tomando en cuenta el crecimiento de la población penitenciaria durante los últimos cuatro años.
Segura recordó que el propio Ministerio de Justicia y Paz había informado a la Asamblea Legislativa de un incremento del 35,8% en la población de los establecimientos penitenciarios de régimen cerrado entre 2022 y 2026, al pasar de 13.525 a 18.363 personas. El periodista señaló que detrás de ese aumento también se encuentran las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las acusaciones del Ministerio Público y las decisiones de los jueces.
Fernández respondió que sus cuestionamientos no abarcan a todos los funcionarios judiciales y reconoció que existen servidores públicos que realizan adecuadamente sus labores.
Mire, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones: el Poder Judicial está lleno de funcionarios buenísimos".
Incluso, la mandataria indicó que conversa con el ministro de Cultura sobre la posibilidad de entregar una medalla al mérito a los oficiales del OIJ que resultaron heridos durante la captura del "Diablo", en el marco de las actividades conmemorativas de la abolición del Ejército, previstas para diciembre.
No obstante, Fernández reiteró sus cuestionamientos a las autoridades superiores de la institución y preguntó por qué no estaban presentes el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, o representantes de la Sala Tercera, encargada de resolver determinados asuntos de materia penal.
Sobre el incremento de la población penitenciaria, sostuvo que responde tanto al trabajo de los cuerpos policiales y las autoridades judiciales como a las restricciones administrativas que su Gobierno y el de Chaves establecieron para limitar el traslado de reclusos hacia regímenes de menor restricción.
El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar Vargas, respaldó esa explicación y afirmó que las decisiones del Poder Ejecutivo también han contribuido a mantener a más personas dentro de los centros penitenciarios de régimen cerrado.
Afirma que las invitaciones se enviaron una semana antes
La ausencia de autoridades judiciales volvió a discutirse cuando el periodista Alejandro Urbina, de Trivisión, preguntó cuándo se habían cursado las invitaciones y si el Poder Judicial había comunicado formalmente que sus jerarcas no asistirían.
Fernández explicó que la Oficina de Protocolo de la Presidencia de la República envió las invitaciones el miércoles 7 de octubre, una semana antes de la inauguración, mediante el mismo procedimiento utilizado con los demás invitados.
Según la mandataria, las invitaciones se remitieron por correo electrónico, pero no se recibió ninguna respuesta. Añadió que funcionarios de Protocolo también realizaron llamadas telefónicas para consultar si los representantes judiciales asistirían a la actividad.
Fernández afirmó que, durante esas conversaciones, sus funcionarios recibieron como respuesta que no se disponía de información sobre la participación de los jerarcas. Explicó que por esa razón se mantuvieron reservados los asientos y que el Gobierno todavía esperaba que los invitados llegaran.
La presidenta cerró su explicación con una nueva crítica a los ausentes:
Si no quieren trabajar, salados".
La ausencia de jerarcas judiciales en actividades convocadas por Fernández ya había provocado controversias durante los primeros meses de su administración.
En julio, el Gobierno también cuestionó la ausencia de representantes del Poder Judicial en una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. En aquella oportunidad, la institución explicó que parte de la agenda se relacionaba con actuaciones y decisiones jurisdiccionales, por lo que la participación de determinadas autoridades podía comprometer, o aparentar comprometer, su independencia de criterio.
El Poder Judicial también cuestionó entonces los recortes presupuestarios impulsados por Hacienda, al advertir sobre sus consecuencias para las investigaciones criminales, los procesos judiciales y la atención de víctimas.