El Partido Liberación Nacional (PLN) presentó este lunes un paquete de cuatro proyectos de ley con el que plantea su alternativa a la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, impulsada originalmente durante el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles y que el actual oficialismo busca convertir en ley. La propuesta verdiblanca mantiene al operador del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) dentro del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), amplía de forma limitada la generación privada, establece nuevas reglas para exportar electricidad y crea instrumentos de solidaridad, ahorro energético y protección tarifaria.
El proyecto oficialista de armonización ya superó el primer debate: el plenario lo aprobó el 26 de mayo con 27 votos a favor y 24 en contra, pero necesita al menos 38 votos para superar el segundo debate debido a la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen) como institución autónoma. El PLN votó en contra de la iniciativa y desde entonces anunció que presentaría su propia propuesta para reformar el sector.
La respuesta del Partido Pueblo Soberano (PPSO) llegó pocos minutos después. El subjefe de la bancada oficialista, Juan Manuel Quesada Espinoza, anunció que su fracción no respaldará la propuesta y acusó al PLN de intentar mantener el modelo actual.
Se quitan la careta. Realmente es una cortina de humo de las razones por las cuales no quieren apoyar la Ley de Armonización. Presentan un proyecto de ley que no hace nada, absolutamente nada al sector”.
El diputado sostuvo que Liberación Nacional pretende que los generadores privados continúen vendiendo electricidad a precios elevados y defendió la propuesta de armonización bajo el argumento de que una mayor participación en el sector permitiría reducir las tarifas, mejorar la competitividad y atraer nuevas industrias.
Lo que quiere precisamente es dar las condiciones para que haya mayor participación en el sector, para que podamos bajar las tarifas, para que el país pueda ser mucho más competitivo, para que podamos atraer la industria del futuro, la de centro de datos de la inteligencia artificial y con eso puede generar empleo para nuestros muchachos”.
Quesada agregó que la bancada oficialista no acompañará el texto presentado por el PLN: “Y bueno, la verdad es que como fracción nosotros por supuesto que no vamos a pronunciarnos favorablemente de ese mamarracho”, afirmó.
Operador se mantendría dentro del ICE
La principal iniciativa del paquete verdiblanco es el expediente 25.781, Ley de Seguridad Energética y Modernización del Sistema Eléctrico Nacional. Una de sus diferencias centrales respecto del expediente 23.414 radica en quién administraría el sistema: mientras la Ley de Armonización crea el Ecosen como una institución autónoma encargada de operar el SEN y administrar un nuevo Mercado Eléctrico Nacional, la propuesta del PLN mantiene esa función en la Dirección de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), dentro del ICE.
El proyecto convertiría al DOCSE en un órgano con desconcentración máxima, autonomía técnica y operativa dentro del ICE, cuyas directrices resultarían obligatorias para el propio instituto, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Jasec, la ESPH, las cooperativas y los demás participantes del sistema. También ordenaría que el despacho de electricidad procure minimizar el costo total para los consumidores, sin importar si la energía proviene de un agente público, municipal, cooperativo o privado.
La dirección del DOCSE quedaría a cargo de una persona escogida por la Junta Directiva del ICE mediante concurso público, por un plazo de seis años y con posibilidad de una única reelección consecutiva. El texto también prohibiría que autoridades políticas, administrativas, empresariales o institucionales interfieran para modificar las decisiones técnicas u operativas del organismo.
Otro cambio recaería sobre la Ley 7200, que regula la generación eléctrica autónoma o paralela. El PLN propone elevar a 40.000 kilovatios —40 megavatios— la capacidad máxima de las centrales consideradas de capacidad limitada y permitir que la generación privada autorizada bajo esa ley alcance hasta el 25% de la potencia del conjunto de centrales del SEN. La legislación vigente fija ese último límite en un 15%.
Ese porcentaje no contabilizaría la generación desarrollada por las cooperativas de electrificación rural, empresas municipales, empresas públicas y demás entidades reguladas mediante leyes especiales. El proyecto también establece que, cuando resulte necesario incorporar nueva capacidad, el ICE deberá promover procesos públicos y competitivos en los que participen empresas públicas, municipales, cooperativas y generadores privados, aunque define a estos últimos como una participación “complementaria” cuando las necesidades del sistema no puedan cubrirlas suficientemente los demás actores.
La iniciativa dispone además que el abastecimiento nacional tendrá prioridad absoluta sobre las exportaciones de electricidad. Una vez cubierta toda la demanda del país y garantizadas las reservas operativas, cualquier agente autorizado podría exportar sus excedentes al Mercado Eléctrico Regional (MER), utilizando las redes nacionales mediante el pago de los peajes y cargos correspondientes al ICE.
Sobre esas exportaciones, el proyecto crea un Canon de Solidaridad Energética, que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) deberá calcular mediante una metodología. Mientras esa regulación entra en vigor, el texto fija temporalmente el canon en un centavo de dólar por cada kilovatio-hora exportado; los recursos financiarían al DOCSE, infraestructura eléctrica, programas de eficiencia energética, protección tarifaria para consumidores vulnerables y acciones de seguridad energética.
El mismo proyecto reserva exclusivamente al ICE el desarrollo y operación de proyectos geotérmicos y crea otro canon para la electricidad producida mediante proyectos geotérmicos dentro de parques nacionales autorizados por ley. Ese segundo cobro también comenzaría en un centavo de dólar por kilovatio-hora mientras Aresep desarrolla la metodología definitiva, y sus ingresos irían al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para conservación, restauración ecológica, investigación, vigilancia y gestión de áreas protegidas.
El articulado también establece un orden orientativo para incorporar nueva capacidad al sistema: primero eficiencia energética y gestión de la demanda; después modernización de infraestructura existente, generación renovable, almacenamiento, generación distribuida y otras tecnologías de bajas emisiones; y, finalmente, generación térmica con combustibles fósiles cuando las alternativas anteriores no resulten suficientes.
Emergencias, ahorro y paneles solares residenciales
El expediente 25.781 permitiría al Poder Ejecutivo declarar, mediante el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), un estado de contingencia energética cuando estudios del DOCSE acrediten riesgos extraordinarios para el abastecimiento debido a fenómenos climáticos, desastres naturales, acontecimientos geopolíticos que afecten los combustibles u otras circunstancias extraordinarias. La declaratoria activaría una Ventanilla Única Energética y mecanismos temporales de coordinación entre las instituciones del sector.
También crea un Programa Nacional de Ahorro Energético y Protección Tarifaria, de participación voluntaria para hogares, empresas, instituciones públicas, distribuidoras y cooperativas. Quienes reduzcan de manera verificable su consumo o demanda podrían recibir créditos tarifarios, devoluciones económicas, bonificaciones y otros incentivos autorizados por Aresep.
En materia de generación distribuida, la propuesta plantea un cambio relevante para los hogares: la energía renovable producida exclusivamente para satisfacer total o parcialmente el consumo de una vivienda quedaría exenta de tarifas, cánones, tributos, peajes y cargos de acceso, disponibilidad de red, respaldo o energía autoabastecida cuya causa directa sea la instalación o el autoconsumo. La electricidad generada y consumida dentro del inmueble tampoco se consideraría servicio público ni hecho generador de una obligación tributaria.
El proyecto también procura proteger las inversiones históricas del ICE: obliga a Aresep a reconocer tarifariamente las inversiones realizadas en generación, transmisión, subestaciones, almacenamiento e infraestructura estratégica durante su vida útil regulatoria o hasta cancelar las obligaciones financieras asociadas.
Nuevo fondo para llevar electricidad a las comunidades pendientes
El segundo componente del paquete es el expediente 25.783, Ley para la Creación del Fondo Nacional de Solidaridad del Servicio de Electricidad (Fonassel), presentado por la diputada liberacionista Ángela Aguilar Vargas y otras legisladoras y legisladores. La iniciativa parte de que Costa Rica alcanzó una cobertura eléctrica aproximada del 99,4%, pero todavía registra 10.127 viviendas ocupadas sin electricidad, en las que viven más de 31.000 personas, principalmente en zonas rurales y territorios de difícil acceso.
El Fonassel funcionaría como un patrimonio público destinado a financiar la ampliación del acceso, mejoras en calidad y continuidad del servicio y soluciones para territorios de interés social. Aresep administraría el fondo y elaboraría cada año su plan de asignación de recursos, mientras los gastos de administración y fiscalización no podrían superar el 2% de su presupuesto anual ejecutado.
Su principal ingreso sería un cargo sectorial de solidaridad energética sobre todos los agentes que inyecten electricidad al SEN, sin importar si son públicos, privados, cooperativos o municipales. Aresep definiría cuánto cobrar por cada unidad de energía inyectada y revisaría el monto anualmente; el fondo también recibiría recursos de un porcentaje del superávit libre del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), rendimientos financieros, donaciones, cooperación internacional, transferencias extraordinarias y otras fuentes previstas por ley.
Las entidades ejecutoras prioritarias serían el ICE, la CNFL, las cuatro cooperativas de electrificación rural, la ESPH y Jasec. El proyecto impide entregar dinero directamente a personas o empresas privadas, aunque permite contratar a estas últimas como proveedoras, constructoras o prestadoras de servicios, y autoriza financiar soluciones como microrredes, generación distribuida y almacenamiento en comunidades donde extender la red convencional resulte inviable.
Más facultades para Jasec y la ESPH
Los otros dos proyectos buscan modificar las leyes de las empresas eléctricas municipales. El expediente 25.782, impulsado por el diputado liberacionista Salvador Padilla Villanueva y otras diputaciones, ampliaría las facultades de Jasec para invertir y operar en energías renovables, almacenamiento, generación distribuida, movilidad eléctrica, infraestructura de recarga e hidrógeno verde, además de permitirle crear o participar en sociedades subsidiarias, filiales y fundaciones.
Jasec también podría celebrar alianzas estratégicas con empresas públicas y privadas nacionales o extranjeras, utilizar instrumentos financieros de corto plazo, emitir títulos valores en colones o moneda extranjera y estructurar fideicomisos, titularizaciones y otras operaciones de financiamiento. La iniciativa excluye a Jasec y sus empresas de varias disposiciones fiscales y presupuestarias, aunque mantiene controles públicos y reforma la Ley General de Contratación Pública para ampliar el procedimiento especial de compras que pueden utilizar Jasec y la ESPH.
Finalmente, el expediente 25.784, encabezado por Aguilar, reforma el régimen de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. El texto amplía las posibilidades de la ESPH para participar en generación y comercialización de energías renovables, movilidad eléctrica y almacenamiento; crear subsidiarias y alianzas público-privadas; establecer sucursales en otras partes del país; y operar redes de recarga de vehículos eléctricos incluso fuera de sus áreas de concesión.
La reforma también elimina el Comité Ejecutivo de la empresa al considerar que sus funciones se duplican con las de la Junta Directiva y la Gerencia General, establece requisitos académicos y de experiencia para integrar la Junta Directiva y ordena que las municipalidades seleccionen a sus representantes mediante concurso público.
En materia financiera, la ESPH podría contratar créditos nacionales o internacionales y emitir títulos valores; además, el Estado quedaría facultado para concederle garantías soberanas en proyectos declarados de interés nacional, bajo las condiciones que establezca el Ministerio de Hacienda y siempre que la empresa demuestre capacidad técnica y financiera.
Los cuatro expedientes iniciarán ahora su trámite legislativo, mientras la propuesta de armonización promovida por el oficialismo permanece aprobada en primer debate y pendiente de la votación definitiva.
Breves
— Contrario a lo que se esperaba, este lunes el Plenario no terminó el trámite de mociones al proyecto de jornadas de 12 horas. Bajo la presidencia de Esmeralda Britton González, se votaron un total de 233 mociones, por debajo de las 300 que se tienen como meta diaria. Quedan pendientes 130 mociones, las cuales tendrán que retomarse el miércoles en la mañana.
Proyectos dictaminados
Este lunes no sesionaron las comisiones dictaminadoras.
Leyes publicadas
Este lunes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.