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Imagen principal del artículo: Juzgado reprocha a Gobierno y sindicatos falta de diálogo previo a huelga del Magisterio
Foto: Santiago Mora

Juzgado reprocha a Gobierno y sindicatos falta de diálogo previo a huelga del Magisterio

El juez determinó que el MEP y los sindicatos incumplieron su obligación de procurar un acuerdo previo y que el Gobierno acudió a los tribunales sin dejar tiempo suficiente para resolver la solicitud antes de la huelga.

El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José rechazó la solicitud presentada por el Estado, por medio de la Procuraduría General de la República (PGR), para fijar el plan de prestación de servicios básicos que debían mantenerse en los centros educativos públicos durante la huelga del pasado 11 de noviembre, al determinar que la gestión gubernamental fue presentada de manera extemporánea.

La sentencia de primera instancia 2026-003052, dictada este martes 17 de noviembre por el juez Irving Mauricio Vargas Rodríguez, también concluyó que tanto el Ministerio de Educación Pública (MEP) como las organizaciones sindicales incumplieron lo dispuesto en el Código de Trabajo, pues ninguna de las partes procuró establecer canales de comunicación para negociar el plan antes de la realización de la protesta.

El juzgador determinó que el MEP conocía desde el 2 de noviembre la convocatoria a huelga, pero no promovió un acercamiento con los sindicatos y esperó hasta el 6 de noviembre para solicitar la intervención de la Procuraduría. Esta última presentó la gestión judicial durante la tarde del 9 de noviembre, menos de dos días antes de que se realizara el movimiento.

Según explicó el juez, ese proceder imposibilitó materialmente que el despacho judicial analizara la propuesta gubernamental y dictara una resolución antes del inicio de la huelga, sin incumplir los plazos procesales ni menoscabar el derecho de defensa de las organizaciones sindicales.

El proceso, tramitado bajo el expediente 26-001904-2024-LA, se dirigió contra la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), el Sindicato Nacional de Profesionales en Orientación (Sinapro) y Afines, y el Sindicato Patriótico de la Educación 7 de Agosto (Sinpae).

¿Qué establece la legislación sobre los servicios básicos durante una huelga?

La Ley 9808, aprobada en enero del 2020 para regular las huelgas y sus procedimientos, incorporó al Código de Trabajo una serie de restricciones y requisitos para el ejercicio de ese derecho en distintos servicios públicos.

En el caso de la educación pública, el artículo 376 quinquies del Código de Trabajo establece que se trata de un servicio de carácter estratégico para la nación y dispone que, durante toda la duración de una huelga, deberá mantenerse el personal necesario para que los centros educativos permanezcan abiertos y en condiciones básicas de aseo y seguridad.

En el caso de los servicios de educación especial, también deberán garantizarse la atención y la asistencia adecuadas para las personas con discapacidad, de acuerdo con sus necesidades.

La legislación establece que el plan de prestación de esos servicios debe definirse previamente mediante un acuerdo entre la Administración y los sindicatos, fundamentado en criterios técnicos. El documento deberá identificar, además, a la persona responsable de coordinar, supervisar y fiscalizar cada centro educativo durante el movimiento.

Una vez alcanzado el acuerdo, las partes deberán depositarlo ante el Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Solamente cuando no exista un acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar al juzgado de trabajo competente que establezca el plan.

La autoridad judicial deberá resolver la solicitud en un plazo perentorio de tres días, previa audiencia a la parte contraria. La resolución podrá ser apelada dentro de las 24 horas siguientes y el tribunal deberá resolver el recurso en un plazo máximo de tres días.

MEP conocía convocatoria nueve días antes de la huelga

Huelga 11 de noviembre
Foto: Santiago Mora

Entre los hechos que el juzgado tuvo por acreditados figura que las cinco organizaciones sindicales notificaron formalmente al MEP sobre la convocatoria a huelga entre el 2 y el 4 de noviembre.

El 2 de noviembre, APSE, Sinapro y Sinpae comunicaron al ministerio su intención de realizar el movimiento. Al día siguiente hizo lo mismo ANDE y, finalmente, el SEC remitió su comunicación el 4 de noviembre.

Las agrupaciones convocaron la protesta en defensa del régimen de pensiones del Magisterio Nacional, la seguridad social, el financiamiento de la educación pública y el cumplimiento de la obligación constitucional de destinar un mínimo del 8% del producto interno bruto (PIB) a ese último rubro. También plantearon cuestionamientos relacionados con las políticas salariales del Gobierno.

El 5 de noviembre, el Ministerio de Trabajo certificó que no existía registro de ningún acuerdo depositado entre el MEP y las organizaciones sindicales para garantizar la prestación de servicios básicos durante la huelga.

Un día después, mediante el oficio CARTA-M-2018-2026, el ministro de Educación Pública, José Leonardo Sánchez Hernández, comunicó al procurador general de la República, Iván Vincenti Rojas, los avisos recibidos y le solicitó acudir a los tribunales para que establecieran el plan correspondiente.

En aquella comunicación, el ministro solicitó expresamente agilizar las gestiones para conseguir una resolución antes del inicio de la huelga:

Dado que el movimiento inicia el 11 de noviembre de 2026, se solicita tramitar la gestión con la mayor celeridad, a fin de que el plan sea fijado y depositado antes de esa fecha…".

Sin embargo, la Procuraduría presentó la solicitud ante el juzgado hasta las 4:03 p. m. del lunes 9 de noviembre. En su gestión, el Estado sostuvo que ninguna organización sindical había propuesto un plan de servicios básicos y que el tiempo transcurrido entre los avisos de huelga y la fecha de realización del movimiento impedía desarrollar una negociación.

El MEP elaboró unilateralmente una propuesta de plan de atención de servicios básicos, cuya aprobación solicitó a la autoridad judicial para que fuera implementada en todos los centros educativos públicos durante la jornada de protesta.

Juzgado no podía resolver la solicitud antes de la huelga

El juzgado dio trámite a la solicitud estatal durante la tarde del martes 10 de noviembre y concedió a las organizaciones sindicales un plazo de 24 horas para pronunciarse sobre la propuesta gubernamental.

De conformidad con las reglas procesales aplicables, el plazo para que las agrupaciones notificadas ese día respondieran a la solicitud comenzó a correr el 11 de noviembre y vencía el jueves 12, cuando el movimiento de huelga ya había concluido.

En el caso de Sinapro, la notificación se efectuó hasta el viernes 13 de noviembre, por lo que el plazo correspondiente comenzó a computarse el lunes 16 de noviembre, cinco días después de la realización de la protesta.

El juez explicó que, aunque el Código de Trabajo no establece expresamente con cuántos días de anticipación debe presentarse una solicitud de fijación de servicios básicos, resulta necesario que las partes contemplen los plazos judiciales previstos por la propia legislación.

En este caso, el juzgador consideró que la audiencia previa debía concederse por un mínimo de 24 horas y que, una vez vencido ese plazo, el despacho disponía de tres días para resolver la solicitud.

Por ello, concluyó que la gestión estatal debía presentarse con suficiente antelación para permitir que la resolución de primera instancia fuera dictada antes del inicio del movimiento de huelga, circunstancia que no ocurrió.

El juez también señaló que carecía de utilidad analizar la viabilidad de la propuesta gubernamental y fijar un plan de servicios básicos para una jornada de protesta que ya había concluido.

Juez reprocha ausencia de diálogo entre el MEP y los sindicatos

Durante el proceso, APSE, ANDE y el SEC alegaron que, pese a haber comunicado oportunamente la convocatoria a huelga, el MEP no promovió reuniones ni acercamientos para establecer conjuntamente el plan de prestación de servicios básicos.

Por su parte, ANDE y el SEC argumentaron que la movilización constituía una huelga contra políticas públicas, convocada por un único día, por lo que consideraban inaplicable la exigencia de establecer el plan previsto en el artículo 376 quinquies del Código de Trabajo.

Sinapro también solicitó rechazar la gestión por haber concluido el movimiento antes de que esa organización fuera notificada. Además, señaló que no cuenta con personas afiliadas que desempeñen funciones operativas de cocina, limpieza, vigilancia o asistencia especializada contempladas en el plan gubernamental.

El juez rechazó el argumento de que la naturaleza de la protesta excluyera la aplicación del requisito, al considerar que el procedimiento judicial no tenía como finalidad determinar el tipo de huelga realizada, sino establecer si la solicitud estatal se ajustaba a las disposiciones del Código de Trabajo.

En cuanto a la responsabilidad de iniciar las negociaciones, el juzgador reconoció que la legislación no establece expresamente cuál de las partes debe tomar la iniciativa para procurar un acuerdo. No obstante, consideró que cualquiera de ellas podía convocar a la otra y que ninguna lo hizo.

Ni la Administración ni las agrupaciones, se convocaron mutuamente, ni se hicieron un llamado al diálogo para negociar el plan de servicios básicos previo al movimiento de huelga. No hay ninguna prueba que acredite esto. Ninguna de las partes agotó de previo a la huelga esa comunicación. Es más, ni siquiera enviaron una solicitud de diálogo para tratar el tema".

El juez también reprochó específicamente la actuación del Ministerio de Educación Pública, pues consideró que, ante la ausencia de una propuesta sindical, la institución estuvo en condiciones de convocar a las agrupaciones desde el mismo momento en que recibió los primeros avisos de huelga.

De acuerdo con esto, si las agrupaciones comunicaron al Ministerio de Educación Pública el 2 de noviembre del 2026 que realizarían la huelga el 11 de noviembre del 2026 y no expusieron en sus notas ninguna manifestación respecto al plan básico de servicios, ese mismo día, la Administración tenía que extender el llamado a negociarlo y si no había ninguna respuesta o bien no llegaban a un acuerdo, gestionar de inmediato ante la autoridad judicial lo correspondiente, pero nada de esto ocurrió".

El juzgador concluyó que ambas partes incumplieron las obligaciones establecidas en el artículo 376 quinquies del Código de Trabajo y que, adicionalmente, el Estado presentó tardíamente la solicitud judicial, razones por las cuales correspondía rechazar la gestión.

No obstante, el juez resolvió el asunto sin especial condena en costas, por lo que el Estado no deberá asumir los gastos procesales ni los honorarios correspondientes a la parte contraria. El juzgador consideró que la Administración litigó de buena fe al acudir a los tribunales ante la inexistencia de un acuerdo, pese a haberlo hecho de manera extemporánea.

Gobierno anunció que buscará declarar ilegal la huelga

Como informó Delfino.cr, miles de educadores, estudiantes y representantes de organizaciones sindicales se movilizaron el pasado 11 de noviembre para exigir mayor financiamiento para la educación pública y el cumplimiento de los compromisos estatales relacionados con las pensiones del magisterio y las condiciones laborales del sector.

Ese mismo día, durante la conferencia de prensa semanal del Consejo de Gobierno, el ministro Leonardo Sánchez anunció que solicitaría a los tribunales de trabajo declarar ilegal la huelga, mientras que la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, calificó de "vagabundos" a quienes participaron en el movimiento y anunció rebajos salariales.

Al día siguiente, el MEP informó que contabilizó 36.994 ausencias de funcionarios durante la jornada de protesta y reportó el cierre de 175 comedores escolares, además de afectaciones en los servicios de limpieza, seguridad y atención de estudiantes con discapacidad.

El ministerio también informó que remitió a la Procuraduría General de la República la documentación correspondiente para sustentar una solicitud de calificación judicial de la huelga, según reportó Noticias Monumental.

La sentencia dictada este martes no resuelve si la huelga del 11 de noviembre fue legal o ilegal, pues el procedimiento para fijar el plan de servicios básicos tiene una finalidad distinta a la calificación judicial del movimiento.

La resolución tampoco determina si procede efectuar rebajos salariales a quienes participaron en la protesta. El fallo admite un recurso de apelación, que deberá interponerse dentro de las 24 horas siguientes a su notificación.

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