El ministro de Educación aseguró que coordinó con la Procuraduría para acudir a los tribunales.
El Gobierno de la República anunció este miércoles que solicitará a los tribunales de trabajo declarar ilegal la huelga convocada por organizaciones sindicales del sector educativo, mientras la presidenta Laura Fernández Delgado advirtió que rebajará el salario correspondiente al día de protesta a los funcionarios que participaron en el movimiento.
El anuncio lo realizó el ministro de Educación Pública, José Leonardo Sánchez Hernández, durante la conferencia de prensa de Casa Presidencial, mientras docentes, estudiantes y organizaciones sindicales se manifestaban en San José para reclamar mayor financiamiento para la educación pública, el cumplimiento de compromisos relacionados con las pensiones del magisterio y mejoras en las condiciones laborales.
Sánchez aseguró que el Ministerio de Educación Pública (MEP) ya coordinó con la Procuraduría General de la República para promover la declaratoria de ilegalidad ante el juzgado competente, al considerar que los argumentos utilizados por los sindicatos no justifican la suspensión de labores.
El jerarca sostuvo:
Básicamente están utilizando tres argumentos falsos y populistas".
El ministro identificó como principales puntos de controversia el cumplimiento de los acuerdos con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), el presupuesto destinado a educación y la transición al salario global de los funcionarios públicos.
Por su parte, Fernández cuestionó que las organizaciones sindicales convocaran una protesta después de haber participado en reuniones con ella y otras autoridades del Gobierno. Según la mandataria, en los encuentros anteriores existió disposición al diálogo y se alcanzaron compromisos que, afirmó, fueron cumplidos.
La presidenta acusó a los dirigentes sindicales de actuar de mala fe y los comparó con personas que viven de las contribuciones de los trabajadores:
Señores educadores, no se dejen engañar por las sanguijuelas que viven de desangrarlos".
Posteriormente, Fernández aseguró que la huelga era ilegal y anunció consecuencias salariales contra quienes participaron:
Esa huelga es absolutamente ilegal y le vamos a rebajar el día a los vagabundos que se prestan a ir a reclamar cosas que no existen".
Disputa por los recursos para educación y pensiones
La manifestación de este miércoles fue convocada por organizaciones del magisterio y del sector universitario, entre ellas la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).
Las agrupaciones reclaman que el presupuesto educativo para 2027 no alcanza el 8% del producto interno bruto (PIB) establecido en la Constitución Política, y cuestionan la disponibilidad de recursos para atender las necesidades de escuelas, colegios y universidades públicas.
También plantean reclamos por obligaciones pendientes con Jupema, anualidades, recargos laborales, lecciones de planeamiento y el proceso de transición hacia el salario global.
Sánchez rechazó esos cuestionamientos y afirmó que el Gobierno pagó en 2025 más de ₡35.000 millones correspondientes a deudas históricas con Jupema, además de adelantar durante 2026 pagos por más de ₡55.000 millones. El ministro aseguró igualmente que el presupuesto para 2027 contempla más de ₡67.000 millones para atender las obligaciones correspondientes.
Sobre el financiamiento educativo, Sánchez afirmó que el presupuesto del MEP aumentó ₡207.000 millones entre 2022 y 2026, en un contexto de menor matrícula estudiantil, por lo que sostuvo que la inversión por estudiante creció un 22%.
