Costa Rica necesita un acuerdo eléctrico antes de que nuestros vecinos de la región nos roben el mandado y nos vendan la caja. De tanto practicar la política cuántica, corremos el riesgo de tener todas las posiciones posibles y ninguna respuesta cuando llegue el recibo.
Si Schrödinger hubiera conocido nuestra Asamblea Legislativa, quizás habría cambiado al gato por un proyecto de ley. Dentro de la caja, la reforma puede estar viva, muerta, negociándose y a punto de aprobarse. Todo depende de quién dé la conferencia de prensa. Hasta que alguien cuenta los votos.
Eso ocurrió el lunes 19 de octubre. El proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, que proponía un mercado mayorista de electricidad y un operador del sistema separado del ICE, recibió 31 votos favorables y 23 negativos. Necesitaba 38, porque ese operador nacería como institución autónoma, y terminó archivado. La mayoría de los presentes dijo sí; el resultado fue no. Esta vez, al menos, la explicación era constitucional.
El expediente había sido presentado en octubre de 2022. Pasó por comisiones, consultas, textos sustitutivos y más de 700 mociones. En mayo de 2026 obtuvo aprobación en primer debate, con 27 votos contra 24. Casi cuatro años de actividad legislativa para terminar sin una reforma aprobada. Si las mociones generaran electricidad, estaríamos exportando.
La evolución de los apoyos merece su propio laboratorio. En marzo de 2025, representantes del PLN explicaban que habían impulsado un texto sustitutivo y respaldado su avance; entonces pidieron una pausa para revisar sus efectos sobre la solidaridad y las tarifas. En el nuevo período legislativo, la bancada liberacionista votó contra el proyecto en ambos debates. Cambiaron los diputados, aunque el texto votado partía del sustitutivo que firmaron liberacionistas del período anterior; la bancada actual sostiene que el país necesita otra ruta.
Pero para el ciudadano que observa desde afuera, seguir la trayectoria exige equipo especializado. Desde una ventana se ve un partido impulsando cambios; desde otra, pidiendo una revisión; luego, rechazando; más adelante, negociando; y otra vez, rechazando. Nuestra versión parlamentaria de la superposición tiene una peculiaridad: la incertidumbre siempre termina trasladándose al usuario.
En los días previos a la votación hubo conversaciones entre el oficialismo y el PLN. La fracción oficialista aseguró tener un entendimiento con siete diputados liberacionistas; el jefe de fracción del PLN negó que hubiera un acuerdo firmado que comprometiera sus votos. Las negociaciones terminaron cruzadas con la disputa por el financiamiento universitario. La electricidad quedó políticamente entrelazada con el presupuesto de las universidades. Schrödinger habría pedido un receso.
El desenlace añadió otra ironía: al abrirse el segundo debate, ningún diputado utilizó su tiempo para discutir el fondo. Después de casi cuatro años, el proyecto se dio por suficientemente discutido. Las intervenciones llegaron después del resultado, para repartir culpas. Habíamos discutido muchísimo; acordado, insuficientemente.
Revisar posiciones es parte de una democracia sana. También lo es cuestionar quién dirigirá el sistema, cómo se garantizará el abastecimiento y qué efectos tendrán los cambios sobre las tarifas. Las promesas de electricidad más barata deben demostrarse con números; los riesgos advertidos deben traducirse en salvaguardas concretas. Ambas tareas requieren algo más exigente que identificar culpables.
Mientras tanto, la competencia regional tiene calendario. Guatemala lanzó en abril de 2025 su licitación PEG-5 para contratar 1.400 megavatios de potencia garantizada. Recibió 51 ofertas técnicas, por cerca de 4.700 megavatios; tras una subasta en marzo, adjudicó contratos a 57 centrales, por plazos de hasta 15 años y con suministro desde 2030. En julio ya había aprobado otra convocatoria para cubrir lo pendiente.
Esa previsibilidad es lo que mira una empresa que estudia dónde instalarse: necesita conocer la disponibilidad de energía, su costo y los plazos para obtenerla. La incertidumbre prolongada puede inclinar esa decisión hacia otro destino. Los empleos que podrían acompañar esa inversión tampoco esperan indefinidamente a que terminemos de interpretar la función de onda parlamentaria.
El Gobierno ya anunció que preparará una nueva propuesta que pueda aprobarse con 29 votos. Con 31 curules, al oficialismo le alcanza con sus propios votos. Pero que una reforma pueda aprobarse con 29 no significa que convenga aprobarla así: lo que se aprueba con mayoría simple se revierte con mayoría simple, y cuesta firmar un contrato de generación a 15 años sobre una ley que puede durar un período. Y si para bajar a 29 se elimina el operador autónomo, habrá que explicar qué lo sustituye.
El archivo ofrece una oportunidad para aprovechar el trabajo acumulado y construir sobre objetivos compartidos: suministro confiable, tarifas competitivas, inversión oportuna y protección de la solidaridad. Falta ponerles números, responsables y plazos.
Y hay una medida que no necesita ni 29 ni 38 votos: la eficiencia energética. Reducir desperdicios ayuda a liberar capacidad y recursos mientras se desarrollan nuevas inversiones. Cada colón que una empresa deja de desperdiciar en energía puede contribuir a sostener su operación, invertir o crecer.
Podemos sacar de esta caja una reforma mejor y un acuerdo duradero. Pero habrá que abrirla para trabajar juntos. Porque mientras nosotros calculamos la probabilidad de ponernos de acuerdo, el vecino puede estar firmando el contrato.
Y el mandado se lo lleva el primero en abrir la caja.