
Investigadores del Tecnológico de Costa Rica señalan que el Expediente 23.414 debe incorporar salvaguardas técnicas para proteger la seguridad del suministro, la estabilidad del sistema eléctrico y las tarifas de los hogares.
Especialistas del Tecnológico de Costa Rica (TEC) advirtieron que cualquier reforma al Sistema Eléctrico Nacional debe avanzar acompañada de una reglamentación técnica sólida, capaz de proteger la seguridad del suministro, la estabilidad operativa de la red, la sostenibilidad de las tarifas y el principio de servicio universal.
El criterio fue emitido a propósito del Expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, iniciativa que propone crear el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN) y redefinir el rol del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en un mercado abierto a una mayor participación privada.
Aunque el proyecto fue retirado de la corriente legislativa, el debate sobre sus implicaciones técnicas, institucionales y tarifarias continúa activo en el país.
Desde las escuelas de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Electromecánica del TEC, los especialistas Gustavo Adolfo Gómez Ramírez y Carlos Mauricio Segura Quirós señalaron que la discusión no debe reducirse a una posición a favor o en contra de la apertura, sino concentrarse en las condiciones técnicas necesarias para que una eventual reforma no comprometa la operación del sistema eléctrico.

Una transición que requiere criterios técnicos
Para Gustavo Adolfo Gómez Ramírez, docente, investigador y consultor en sistemas eléctricos de potencia, el problema de fondo no es la apertura del mercado en sí, sino la forma en que se diseñaría la transición.

El especialista señaló que el proyecto carece de criterios de reglamentación que permitan garantizar una operación segura, eficiente y equitativa del sistema.
El proyecto está motivando un cambio de ente técnico a un ente político”.
Actualmente, el ICE concentra la planificación, operación y despacho del sistema eléctrico bajo una lógica de optimización integrada. La reforma planteaba trasladar esas funciones a ECOSEN, un nuevo ente autónomo que tendría la responsabilidad de coordinar un mercado con más actores.
Para los especialistas del TEC, ese cambio exige reglas claras, capacidades técnicas robustas y una transición cuidadosamente planificada.
Riesgos para la operación del sistema
Carlos Mauricio Segura Quirós, profesor de la Escuela de Ingeniería Electrónica y coordinador del Laboratorio de Sistemas Electrónicos para la Sostenibilidad (SESLab), advirtió que trasladar funciones críticas a un nuevo ente puede generar una ventana de vulnerabilidad operativa.
El Centro de Control de Energía del ICE posee décadas de experiencia empírica y predictiva sobre el comportamiento de la red nacional e interconectada. Trasladar estas funciones a un nuevo ente genera una ventana de vulnerabilidad operativa crítica”.
Según el especialista, separar la planificación y operación del sistema de la propiedad y mantenimiento de los activos introduce un riesgo estructural, especialmente si el ICE queda como proveedor de respaldo sin contar con herramientas suficientes de gobernanza y despacho.
El papel de ECOSEN
El proyecto de ley proponía que ECOSEN asumiera un rol de coordinación superior dentro del sistema eléctrico.
Gómez Ramírez señaló que cualquier esquema de libre competencia en un servicio público requiere un ente regulador fuerte, especialmente cuando pueden existir intereses que pongan en riesgo la operación técnica del sistema.
El especialista explicó que, en una eventual reforma, ECOSEN tendría que garantizar que el sistema eléctrico mantenga continuidad, confiabilidad, resiliencia y flexibilidad.
La condición, agregó, es que la reglamentación sea elaborada por personas con experiencia técnica directa en el ecosistema eléctrico, no solo con formación académica.
La reglamentación tiene que definir muchos aspectos técnicos. Tiene que ser gente muy técnica, gente que haya convivido con el ecosistema eléctrico, no solo que tenga formación académica”.
Despacho económico sin sacrificar estabilidad
Uno de los puntos analizados por los especialistas es el cambio hacia un despacho eléctrico regido por criterios de mínimo costo.

Gómez Ramírez reconoció que el despacho económico puede contribuir a tarifas más bajas, pero advirtió que ese criterio no puede aplicarse de manera absoluta en un sistema con alta presencia de fuentes renovables variables, como la solar y la eólica.
No podemos pretender despachar un sistema eléctrico con fuentes variables, como la eólica y la solar, a expensas de no tener, por ejemplo, plantas hidroeléctricas que de repente son más caras, pero que me dan estabilidad”.
Para el especialista, el criterio técnico debe prevalecer cuando esté en juego la estabilidad del sistema.
No nos podemos dar el lujo de tener apagones por priorizar criterios económicos”.
Almacenamiento energético como pieza pendiente
Los especialistas también señalaron que el país debe discutir con mayor profundidad el almacenamiento energético, especialmente mediante sistemas BESS, por sus siglas en inglés para Battery Energy Storage Systems.
Según Segura Quirós, este tipo de sistemas puede contribuir a estabilizar la frecuencia de la red, reducir la dependencia hídrica en época seca y facilitar la incorporación de energía solar y eólica como fuentes primarias.
Gómez Ramírez coincidió en que una infraestructura robusta de almacenamiento permitiría que la energía hidroeléctrica funcione cada vez más como respaldo, mientras otras fuentes renovables ganan espacio en la matriz.
En el SESLab, coordinado por Segura Quirós, y en el Laboratorio SigmaLab, coordinado por Gómez Ramírez, ambos del TEC, se desarrollan proyectos de graduación orientados a este tipo de soluciones, incluyendo el aprovechamiento de baterías de segunda vida provenientes de vehículos eléctricos.
De un 25 al 30% de consumo de la energía eléctrica anual del Campus Tecnológico Central de Cartago es producida por el nuevo Complejo Solar del Laboratorio de Sistemas Eléctricos para la Sostenibilidad (SESLab).
Ciberseguridad y nuevos actores
Otra dimensión señalada por los especialistas es la ciberseguridad.
Segura Quirós explicó que la multiplicación de operadores en el sistema eléctrico también incrementa los puntos de ingreso y los vectores de ataque.
Al multiplicar los operadores, aumentan también los vectores de ataque o puntos de ingreso, lo que eleva tanto el riesgo como la probabilidad de fallos en la seguridad”.
Para el investigador, cualquier reforma debe considerar no solo la generación y despacho de electricidad, sino también la seguridad digital de la infraestructura crítica.
Tarifas y servicio universal
El análisis del TEC también advierte sobre posibles impactos tarifarios para hogares, comunidades rurales y sectores productivos como el agro.

Segura Quirós señaló que si los grandes consumidores industriales migran al mercado competitivo, los costos fijos de operar la red podrían distribuirse entre una base menor de usuarios.
Las distribuidoras perderán a sus abonados de mayor consumo y rentabilidad, pero mantendrán intactos los costos fijos de operar miles de kilómetros de redes en zonas rurales dispersas. Por simple aritmética financiera, esto ejercerá una presión al alza sobre las tarifas de los usuarios residenciales y rurales”.
El especialista agregó que el principio de servicio universal requiere una regulación robusta, así como peajes de transporte de energía calculados con rigurosidad técnica.
El TEC como actor técnico del debate nacional
Para los especialistas, el país también debe anticipar la necesidad de formar perfiles profesionales capaces de diseñar, regular, operar y auditar un mercado eléctrico más complejo.
Segura Quirós señaló que, en caso de avanzar una reforma de esta naturaleza, Costa Rica requeriría cuadros técnicos especializados en mercados energéticos.
Desde esa perspectiva, el TEC tendría un papel relevante en la formación de talento, la investigación aplicada y la generación de criterio técnico independiente.
El TEC, en su condición de universidad pública especializada en ciencia y tecnología, tiene la obligación ética y técnica de constituirse en el árbitro técnico y el faro científico del debate”.
Más que apertura: diseño técnico e institucional
El criterio de los especialistas del Tecnológico de Costa Rica plantea que el debate eléctrico nacional no debe centrarse únicamente en la apertura del mercado, sino en el diseño técnico e institucional que acompañaría cualquier transformación.
La advertencia central es que una reforma sin reglamentación clara, capacidades técnicas suficientes y salvaguardas operativas podría comprometer la seguridad del suministro, aumentar la presión tarifaria sobre usuarios vulnerables y debilitar la gobernanza del sistema eléctrico.
Al mismo tiempo, los especialistas reconocen que Costa Rica enfrenta una demanda creciente de electricidad y que el país debe prepararse para atraer inversión, incorporar nuevas tecnologías, ampliar la generación renovable y fortalecer su infraestructura.
La clave, según el análisis del TEC, está en que cualquier cambio preserve la estabilidad del sistema, incorpore criterios técnicos rigurosos y mantenga como prioridad el interés público.
