El pasado lunes 19 de octubre, la Asamblea Legislativa archivó el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, expediente 23.414. Desde la oposición se celebró haber enterrado la “ley apagón”, una ley que según dijo una respetable congresista, traería “tarifazos a la gente y apagones al país”.
En mi experiencia de casi 20 años en el sector de telecomunicaciones, los argumentos que hoy se exponen contra la modernización eléctrica son, en esencia, los mismos que se adujeron en dos momentos de liberalización: entre 2007 y 2008, con la discusión del TLC con Estados Unidos, y en 2017, cuando la Sutel declaró la competencia efectiva y suprimió la regulación tarifaria. Voy a comenzar por el final, porque el mensaje debe quedar claro: aquel "tarifazo" en los servicios de telecomunicaciones nunca llegó, y la modernización del sistema eléctrico es necesaria para asegurar el abastecimiento futuro del país.
Lo que se decía
En 2007 se advertía que las tarifas subirían al romperse el modelo solidario —un reconocido ingeniero del ICE llegó a escribir que abrir el mercado “solo elevaría los precios”—, que los operadores privados abandonarían a las comunidades rurales y que el ICE quedaría reducido a un cascarón. Probablemente no eran argumentos de mala fe: el temor a perder lo construido era comprensible. Pero era un temor sobre el futuro, futuro que nos alcanzó y demostró lo opuesto.
Asequibilidad: precios a la baja, en competencia
En 2008 el país tenía 1,7 millones de líneas móviles, menos de 40 por cada 100 habitantes; éramos prácticamente el último mercado de Latinoamérica con monopolio estatal en telefonía celular. En menos de diez años pasamos a ocupar el primer lugar de la región en penetración de internet móvil, y hoy hay más conexiones de datos que personas.
¿Y los precios? Veámoslo con datos de la propia Sutel: entre 2021 y 2025, el gasto mensual promedio de un cliente pospago bajó de ₡10.993 a ₡8.849, mientras su consumo de datos pasó de 7,5 a 11 GB al mes. Si dividimos los ingresos de internet móvil entre el tráfico, cada gigabyte pasó de costar unos ₡946 a ₡592: un 37% menos en cuatro años, antes de descontar la inflación. Y sin ninguna intervención tarifaria. En 2017, desde sectores académicos se advertía que, sin regulación, las tarifas de internet se incrementarían hasta en un 900%. Ese tarifazo nunca llegó; lo que llegó fue una reducción generalizada de precios.
Cobertura y un ICE vigente
La apertura creó el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), financiado por los propios operadores, que al cierre de 2025 había ejecutado US$508 millones en 706 torres, 130 distritos y 17 territorios indígenas. Y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), lejos del cascarón, sigue compitiendo con su marca kölbi; la competencia no lo destruyó, obligó a todos a mejorar. ¿Todo fue perfecto? No: Fonatel quizá podría avanzar de forma más expedita y aún hay comunidades con menores niveles de cobertura de lo deseado. Pero el balance es inequívoco: mayor cobertura, mejor acceso, mejora tecnológica, precios más bajos y un ICE vigente.
El problema eléctrico es real, y es de hoy
En mayo de 2024 el país estuvo al borde de racionamientos por primera vez en 17 años. Pero el deterioro viene de antes: según el Índice de Competitividad Nacional (ICN), entre 2021 y 2024 las tarifas eléctricas subieron en términos reales un 22% para los hogares, un 27% para la industria y un 29% para comercio y servicios, y en 2024 cada abonado sufrió en promedio ocho interrupciones. Es decir, el tarifazo que se teme acontezca con una reforma al modelo actual en realidad ya ocurrió. El mismo índice ofrece el contraste más elocuente: entre 2020 y 2024, el acceso a internet fue el factor que más impulsó la competitividad del país; el sector eléctrico, de los que más la restaron. Dos sectores, dos modelos, dos resultados.
Y el reto apenas comienza
Un estudio reciente del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) muestra que el Plan de Expansión del ICE supone que la demanda crecerá un 2% anual entre 2027 y 2040, y cada vez menos, sin que se explique por qué. El CPC la estima en un 2,8% con un crecimiento económico del 3,5%, y entre un 3,2% y un 3,6% con más dinamismo, centros de datos o electrificación del transporte: hasta 3.000 GWh más de lo planificado para 2040, casi una cuarta parte de lo que hoy vende el sistema. Como advierte el estudio, proyectar la demanda eléctrica es también proyectar una visión de país.
Las diferencias importan
No pretendo afirmar que la electricidad es igual a las telecomunicaciones: la transmisión y la distribución tienen sus características particulares y el sistema requiere una coordinación central (que no sucede en telecomunicaciones) donde un error de diseño se paga con apagones. Mi experiencia no es en este mercado. Pero no por ello, la lección deja de ser valiosa: la apertura de las telecomunicaciones no funcionó por liberalizar de golpe y plumazo, sino porque vino acompañada de un proceso técnico, un fondo de solidaridad explícito y un operador público al que las leyes del 2008, especialmente la N.8660, le permitió prepararse. Esa misma arquitectura es aplicable al sector eléctrico: abrir la generación y el mercado mayorista, mantener la red regulada mediante una instancia técnica independiente, proteger la universalidad con un fondo de solidaridad y permitir que el ICE siga operando.
En las negociaciones de las últimas semanas aparecieron ideas en esa dirección; faltó voluntad política, de todos. De acuerdo con lo que se ha anunciado, una nueva reforma —quizás más acotada— habrá de presentarse en el corto plazo. Ojalá no repita el error de esta: los discursos políticos o ideológicos siempre deben contrastarse técnicamente y, en este caso, podemos mirar hacia atrás. Los mitos de aquellos momentos terminaron siendo eso, mitos: no permitamos que vuelvan a frenar las decisiones que el país necesita.
