La iniciativa de Abril Gordienko también permitiría al ICE desarrollar proyectos geotérmicos en parques nacionales y autorizaría compras directas de energía a cooperativas, Jasec y ESPH.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko López, presentó un proyecto de ley (expediente 25.879) que propone ampliar los límites de participación privada en la generación eléctrica, obligar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a tramitar una contratación de 300 megavatios (MW) de nueva capacidad, y autorizarlo para concretar proyectos geotérmicos dentro de parques nacionales y otras áreas silvestres protegidas.
La iniciativa, denominada Ley de Emergencia Energética, plantea las reformas como una respuesta a la contingencia climática de 2026-2027 y al riesgo que la disminución de las lluvias representa para la generación hidroeléctrica.
Uno de los principales cambios sería reformar la Ley 7200 para elevar de 20 MW a 40 MW el tamaño máximo de las centrales privadas consideradas de capacidad limitada.
También elevaría de 15% a 30% el límite de potencia correspondiente a generación paralela. Adicionalmente, la autorización para que el ICE compre energía de centrales privadas pasaría del 15% al 30% adicional y los bloques máximos de contratación aumentarían de 50 MW a 100 MW.
En conjunto, los dos límites establecidos actualmente en 15% pasarían a 30% cada uno, con lo que el margen contemplado en esos mecanismos podría pasar de 30% a 60% de la potencia del Sistema Eléctrico Nacional.
Tras presentar la propuesta, la diputada Gordienko señaló:
Las familias necesitan pagar menos por la luz y las empresas, costos más bajos para producir y generar empleo. Costa Rica no puede quedarse de brazos cruzados hasta que lleguen los apagones o los aumentos en los recibos. Por eso presentamos una propuesta concreta para ampliar la oferta de electricidad y aprovechar mejor las fuentes de energía disponibles”.
Contratación de 300 MW
El proyecto obligaría al ICE a tramitar, dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley, una contratación pública para incorporar 300 MW de nueva capacidad de generación eléctrica.
El concurso tendría que valorar, en ese orden, el menor precio, la utilización de fuentes renovables, el plazo de entrada en operación y las ofertas renovables con sistemas de almacenamiento mediante baterías que permitan sustituir generación térmica.
Además, la Junta Directiva del ICE tendría que elaborar un plan con metas anuales para incorporar progresivamente la capacidad habilitada, siempre que la demanda y los criterios técnicos, ambientales y económicos lo permitan.
Geotermia en parques nacionales
La propuesta también autoriza al ICE a investigar, explorar, construir y operar proyectos geotérmicos dentro de parques nacionales y otras áreas silvestres protegidas.
Para hacerlo, cada proyecto tendría que contar previamente con una declaratoria de interés público nacional mediante decreto ejecutivo, estudios técnicos y ambientales, evaluación de impacto ambiental y las autorizaciones correspondientes.
El ICE pagaría inicialmente al Sistema Nacional de Áreas de Conservación un canon de US$0,01 por cada kilovatio-hora generado, hasta que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) establezca una metodología y determine el monto definitivo.
Los recursos del canon tendrían que destinarse exclusivamente a conservación, vigilancia, restauración ecológica, adquisición y recuperación de terrenos, investigación científica, manejo de visitantes e infraestructura de bajo impacto.
Compras directas de electricidad
Las cooperativas de electrificación rural, la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) quedarían autorizadas para comprar energía directamente a otros actores del Sistema Eléctrico Nacional.
Esas operaciones tendrían que pagar los cargos correspondientes por el uso de las redes de transmisión y distribución y los demás costos que establezca la Aresep.
El proyecto fue presentado el 28 de octubre y permanece pendiente de que se le asigne una comisión legislativa para iniciar su trámite.