La diputada Abril Gordienko López presentó dos proyectos de ley: uno flexibiliza el uso de vehículos exonerados y otro elimina las renovaciones de certificados cuando la discapacidad sea permanente.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko López, presentó dos proyectos de ley dirigidos a personas con discapacidad. El expediente 25.902 propone flexibilizar el uso de los vehículos adquiridos con exoneración de impuestos, mientras que el expediente 25.903 plantea que las certificaciones de discapacidad no tengan vencimiento cuando la condición sea permanente.
Expediente 25.902: vehículos exonerados
La iniciativa reforma un inciso de la Ley N.° 7293 y los artículos 2, 3, 4, 5 y 8 de la Ley N.° 8444. Según el texto, el vehículo podría ser conducido por la persona beneficiaria, por hasta tres familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y por hasta dos personas adicionales que esta autorice.
Estas cinco personas podrían conducir el vehículo sin que la persona beneficiaria esté presente. Cualquier otra persona podría hacerlo únicamente cuando la beneficiaria viaje a bordo.
El vehículo mantendría su disponibilidad principal para la persona beneficiaria, pero podría utilizarse en actividades ordinarias del núcleo familiar sin necesidad de justificar cada desplazamiento. La inscripción, sustitución o exclusión de conductores sería gratuita y podría realizarse por medios digitales o presenciales ante la Dirección General de Hacienda.
El proyecto también reduce de siete a cinco años el plazo de la exoneración, prorrogable por periodos sucesivos. Además, permitiría trasladar el vehículo a otra persona con discapacidad que cumpla los requisitos y no posea otro vehículo exonerado, sin necesidad de cancelar los tributos dispensados. Ninguna persona podría tener simultáneamente dos o más vehículos exonerados.
En caso de robo o hurto denunciado ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), o de pérdida total declarada por una aseguradora, la persona beneficiaria podría solicitar de inmediato un vehículo sustituto, sin completar el plazo en curso ni reintegrar los tributos exonerados.
La iniciativa también ampliaría los criterios de valoración. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debería determinar si la interacción entre la discapacidad y las barreras del entorno dificulta de manera evidente el desplazamiento autónomo y el uso del transporte público.
Hacienda y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) definirían los controles sobre el uso de estos vehículos. Si se comprueba un incumplimiento, se aplicarían los procedimientos de revocación, liquidación y sanción establecidos en la Ley N.° 10.286.
Expediente 25.903: certificación sin vencimiento
El segundo proyecto adiciona un artículo 3 bis a la Ley N.° 9303, de creación del Conapdis. Las certificaciones tendrían vigencia indefinida cuando una valoración médica y técnica acredite que la condición es permanente.
Cuando exista una posibilidad razonable de un cambio relevante en la condición, la revisión se fijaría mediante un criterio médico y técnico motivado, sin establecer un plazo uniforme de vencimiento.
Conapdis también estaría obligado a emitir las certificaciones y carnés en formato digital accesible y verificable, además de entregar el documento físico, con igual validez jurídica, a quien lo solicite. Un transitorio otorga seis meses para implementar las reglas sobre certificaciones permanentes y por tiempo definido, y un año para habilitar su emisión electrónica.
La exposición de motivos cita datos del Servicio de Certificación de la Discapacidad (Secdis). Su personal pasó de nueve personas en 2023 a 13 en 2025, un aumento de 44,44%, mientras las solicitudes resueltas disminuyeron de 16.106 a 14.369, una reducción de 10,78%.
Además, 10.870 registros se encuentran cubiertos por una prórroga que vence el 30 de abril de 2029, por lo que la proponente advierte sobre una posible concentración de solicitudes de renovación para ese año.
Justificación de las iniciativas
Para justificar el expediente 25.902, la exposición de motivos cita la Encuesta Nacional sobre Discapacidad de 2018. Según esos datos, 46,4% de la población adulta con discapacidad recibe asistencia de otra persona; 90,2% de quienes brindan ese apoyo son familiares y 64,9% son mujeres.
También cita la Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2023, según la cual 676.310 personas de 18 años y más tienen alguna discapacidad, equivalente al 17,2% de esa población.
En el caso del expediente 25.903, la exposición de motivos recuerda que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresó en 2024 preocupación por el enfoque médico utilizado en la certificación, las demoras en el proceso y la falta de criterios claros, y recomendó simplificar el procedimiento.
Como la Asamblea Legislativa se encuentra desde el 1.º de noviembre en el segundo periodo de sesiones extraordinarias, ambos expedientes deben ser convocados por el Poder Ejecutivo para iniciar su trámite.
