El proyecto busca utilizar la contingencia energética de 2026-2027 para ampliar permanentemente de 20 a 40 MW el tamaño de las centrales privadas de limitada capacidad, elevar del 15% al 30% el límite de generación paralela y del 15% al 30% adicional las compras privadas del ICE —con lo que el margen combinado podría pasar de 30% a 60%—, duplicar de 50 a 100 MW los bloques del régimen competitivo, obligar al ICE a tramitar una contratación de 300 MW, autorizarle desarrollar geotermia en parques nacionales y demás áreas silvestres protegidas y permitir compras directas de energía por cooperativas, JASEC y ESPH; aunque la exposición presenta estas medidas como una respuesta inmediata y acotada a la emergencia, el articulado no les fija fecha de caducidad y varias de ellas modifican de manera estructural y permanente las reglas del sector eléctrico.