El Consejo de Rectores recordó que los ₡8.048 millones recortados corresponden a recursos cuyo reintegro había sido acordado entre el Gobierno y las universidades públicas.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) pidió que las decisiones legislativas relacionadas con el financiamiento de las universidades públicas respeten las reglas constitucionales, luego de que la Sala Constitucional declaró inconstitucional la moción que recortó ₡8.048 millones de recursos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
La Sala IV determinó este viernes que la moción 16, aprobada por la Comisión de Asuntos Hacendarios durante el trámite del Presupuesto Nacional 2027, incurrió en un vicio sustancial de procedimiento por infringir el artículo 85 de la Constitución Política.
El fallo ordena eliminar la disposición declarada inconstitucional. Si la Asamblea Legislativa no realiza la corrección, la moción quedará excluida y el presupuesto deberá regresar, en lo relacionado con esos recursos, a la distribución existente antes de su aprobación.
Conare recuerda acuerdo con el Gobierno
Conare recordó que los ₡8.048 millones forman parte de recursos del FEES cuya transferencia quedó postergada durante 2020 y 2021, en el contexto de la pandemia de la covid-19.
El 20 de noviembre de 2025, el Poder Ejecutivo y las universidades estatales acordaron en la Comisión de Enlace reintegrar gradualmente esos recursos mediante ocho pagos anuales.
La moción aprobada en octubre por la Comisión de Asuntos Hacendarios rebajó los ₡8.048 millones y los trasladó a una partida del Ministerio de Educación Pública destinada al pago de contribuciones patronales a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
Conare señaló que esos recursos están vinculados con compromisos de inversión de las universidades públicas, por lo que su incorporación al presupuesto resulta relevante para la planificación y el desarrollo de sus funciones.
Pide respeto al marco constitucional en presupuesto extraordinario
El Consejo también pidió que durante la tramitación del Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para 2026 se respeten las disposiciones constitucionales que regulan el financiamiento de la educación superior pública.
Según Conare, el fallo evidencia la necesidad de que las decisiones sobre el financiamiento universitario se adopten conforme a los procedimientos establecidos por la Constitución.








