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Diputado del PPSO propone que concejos municipales declaren de forma exclusiva los caminos públicos cantonales

Iniciativa busca que concejos municipales y concejos municipales de distrito declaren de forma exclusiva e indelegable los caminos cantonales, con un procedimiento uniforme.

El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Ariel Alfonso Mora Fallas, presentó un proyecto de ley (expediente 25.916) denominado "Ley para fortalecer la seguridad jurídica en la declaratoria de caminos públicos cantonales". La propuesta otorga expresamente a los concejos municipales y a los concejos municipales de distrito la potestad exclusiva e indelegable de declarar caminos públicos cantonales dentro de sus jurisdicciones.

Para ello, reforma tres leyes:

  • Código Municipal (Ley 7794): adiciona un inciso w) al artículo 13, que faculta al concejo a declarar, mediante acuerdo motivado, los caminos públicos de la red vial cantonal en su jurisdicción.

  • Ley General de Concejos Municipales de Distrito (Ley 8173): agrega un párrafo final al artículo 3 para que estos concejos declaren los caminos de su circunscripción, en concordancia con su Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo. Cada declaratoria se comunicaría a la municipalidad del cantón para actualizar su inventario vial, sin que esa comunicación condicione la validez del acuerdo.

  • Ley General de Caminos Públicos (Ley 5060): reforma el artículo 1 y adiciona los artículos 1 bis y 1 ter.

Un vacío que llenó la jurisprudencia

Según la exposición de motivos, la ley no establece qué órgano municipal declara la condición pública de una vía ni con qué procedimiento. Ese vacío, indica el texto, lo ha llenado la jurisprudencia: desde 1993 la Sala Constitucional ha sostenido que la potestad corresponde al concejo municipal, criterio que ha seguido el Tribunal Contencioso Administrativo.

El diputado argumenta que, por el principio de legalidad, esa competencia requiere una regulación expresa. Señala que la ausencia de reglas ha llevado a los gobiernos locales a aplicar procedimientos distintos, sin criterios uniformes sobre requisitos técnicos, estudios previos o consulta a las comunidades, y que tampoco existen plazos para los trámites de inscripción ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La exposición de motivos agrega que una iniciativa anterior no reformaba la Ley General de Caminos Públicos y que otras presentadas en la actual legislatura dejaron por fuera a los concejos municipales de distrito. Esta propuesta busca incluir ambos aspectos.

Procedimiento mínimo

El artículo 1 bis establece que el trámite puede iniciarse de oficio o a solicitud de la alcaldía o intendencia, de la Junta Vial, de una asociación de desarrollo comunal o de cualquier persona interesada. Ningún acuerdo podría adoptarse sin que el expediente incluya:

  • Un informe de la Unidad Técnica de Gestión Vial con la ubicación, longitud, ancho, estado y conexión del camino con la red vial existente.

  • Un levantamiento o croquis georreferenciado.

  • La prueba del uso público del camino, o el acto de cesión o donación cuando exista.

  • Un informe jurídico sobre la situación registral de los inmuebles por los que pasa.

  • La constancia de audiencia a los propietarios colindantes y a terceros interesados, por un plazo no menor de diez días hábiles.

  • La verificación de que el camino no forma parte de la Red Vial Nacional.

El acuerdo debe ser motivado y se publicaría en La Gaceta, con los recursos previstos en el Código Municipal. Los gobiernos locales podrían reglamentar el procedimiento, pero sin disminuir estos requisitos.

Efectos de la declaratoria

De acuerdo con el artículo 1 ter, el acuerdo firme afecta el camino al dominio público y lo incorpora a la red vial cantonal. El gobierno local lo comunicaría al MOPT, que tendría 30 días hábiles para inscribirlo y solo podría rechazar la inscripción por incumplimiento de los requisitos del artículo 1 bis, mediante resolución motivada que indique los defectos por subsanar.

El texto aclara que la declaratoria no sustituye la expropiación: si el camino atraviesa terrenos privados sin cesión, donación o uso público acreditado, el gobierno local deberá seguir el procedimiento de la Ley de Expropiaciones (Ley 7495).

Un transitorio da a los gobiernos locales doce meses, tras la publicación de la ley, para adecuar sus reglamentos. Los procedimientos iniciados antes continuarían con la normativa vigente, salvo que el gobierno local decida adecuarlos.

La Ley 10935 incorporó a los concejos municipales de distrito en los parámetros de distribución de los recursos destinados a la red vial cantonal, según cita la exposición de motivos.

La iniciativa lleva la firma de apoyo de los siguientes diputados:

  • Ariel Alfonso Mora Fallas, del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

  • Wilson Jiménez Cordero (PPSO).

  • Nayuribe Guadamuz Rosales (PPSO).

  • Reynaldo Arias Mora (PPSO).

Como la Asamblea Legislativa se encuentra desde el 1 de noviembre en el segundo periodo de sesiones extraordinarias, el proyecto requiere que el Poder Ejecutivo lo convoque para iniciar su trámite.