La iniciativa del gobierno Fernández Delgado plantea que la insalubridad o peligrosidad de un trabajo se determine según sus condiciones y las medidas de prevención aplicadas, no por su naturaleza.
El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley (expediente 25.917) que propone reformar el artículo 294 del Código de Trabajo. El texto lleva la firma de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Mercedes Flores Badilla.
La propuesta establece que un trabajo o centro de trabajo será insalubre cuando, por las condiciones en que se desarrolla el proceso, genere factores de riesgo capaces de amenazar la salud de las personas trabajadoras o de provocar enfermedades del trabajo. Será peligroso cuando esos factores puedan ocasionar daños graves, fatales o inmediatos a la vida y la integridad física, o provocar accidentes de trabajo.
El Ejecutivo sostiene que almacenar o manipular sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables o explosivas no implica automáticamente peligrosidad o insalubridad, pues el riesgo real depende de los controles, los tiempos de exposición, los procedimientos de seguridad y el equipo de protección.
En ambos casos, la calificación aplicaría si no se incorporaron medidas de prevención y control en salud ocupacional, o si las incorporadas resultan insuficientes, ineficaces o inadecuadas frente al nivel de riesgo constatado.
Según la exposición de motivos, la redacción vigente fundamenta la calificación de un trabajo o centro de trabajo como peligroso o insalubre principalmente en su naturaleza, es decir, en la manipulación o el almacenamiento de ciertos materiales y residuos, sin importar las medidas de prevención que aplique la persona empleadora.
Entre los factores de riesgo, el texto menciona expresamente los de naturaleza química, física, biológica, ergonómica y psicosocial, así como las deficiencias en saneamiento, ventilación y otras condiciones ambientales del lugar de trabajo.
El Ejecutivo aseguró que la reforma no elimina la protección especial frente a estos trabajos, sino que busca valorar de forma integral elementos como la intensidad, la frecuencia, el tiempo de exposición, la concentración de agentes, los controles implementados y la eficacia de las medidas preventivas.
Vecinos y sustancias prohibidas
El proyecto elimina la referencia a los vecinos que hoy aparece en los dos primeros párrafos del artículo 294. Según la exposición de motivos, la salud ocupacional tiene como objeto proteger a las personas trabajadoras, mientras que la protección de terceros se ampara en la Ley General de Salud (Ley 5395 de 1973) y en las competencias del Ministerio de Salud. El Ejecutivo indicó que la modificación no debe interpretarse como una limitación de las potestades sanitarias y ambientales de esa cartera.
También suprime el último párrafo del artículo, que faculta al Consejo de Salud Ocupacional (CSO) para establecer de qué sustancias se prohíbe la elaboración o distribución, o si se restringen o se someten a requisitos especiales. Para el Ejecutivo, esa atribución corresponde a Salud, que, según el artículo 345, inciso 7), de la Ley General de Salud puede declarar tóxicas o peligrosas y sujetas a restricción las sustancias que representen un riesgo para la salud. La exposición de motivos señala que mantenerla en el Código de Trabajo genera una superposición de competencias.
El CSO conservaría las funciones del artículo 274 y la potestad de determinar cuáles trabajos o centros de trabajo son insalubres o peligrosos. Para ello, su órgano colegiado emitiría los criterios técnicos aplicables, de conformidad con la normativa vigente.
Como la Asamblea Legislativa se encuentra desde el 1 de noviembre en el segundo periodo de sesiones extraordinarias, el proyecto requiere que el Poder Ejecutivo lo convoque para iniciar su trámite.







