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Imagen principal del artículo: PPSO buscará investigar al Poder Judicial por el trámite que dio a denuncias de Camilo Rodríguez
Foto: Asamblea Legislativa (Dominio público)

PPSO buscará investigar al Poder Judicial por el trámite que dio a denuncias de Camilo Rodríguez

Oficialismo presentará moción para convocar al fiscal general, al director interino del OIJ y al fiscal Mauricio Boraschi ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

La fracción legislativa del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) impulsará una investigación parlamentaria sobre el trámite que las autoridades del Poder Judicial dieron a las denuncias presentadas por el periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri, asesinado el pasado lunes en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

El anuncio lo realizó este miércoles el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta Jaén, durante el espacio de control político del plenario legislativo. El congresista adelantó que presentarán una moción ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico para convocar al fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez; al fiscal adjunto Mauricio Boraschi Hernández, y al director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto Rojas.

Acosta afirmó que la bancada oficialista acordó investigar las actuaciones de las autoridades judiciales respecto a las denuncias que Rodríguez presentó antes de su asesinato.

Hemos convenido como partido la necesidad de hacer una investigación de qué hace el Poder Judicial con las denuncias, con las denuncias de Camilo que le llevaron a la muerte, y hoy tenemos que empezar a pedirle cuentas no solamente al fiscal sino al OIJ".

El jefe de fracción oficialista sostuvo que la investigación debe trascender el caso particular de Rodríguez y abordar los mecanismos institucionales para garantizar la seguridad de las personas que ejercen su libertad de expresión mediante plataformas digitales, independientemente de si forman parte de medios de comunicación tradicionales.

El legislador indicó que pretende que las autoridades judiciales expliquen las medidas que existen para proteger a las víctimas de delitos y garantizar que las personas puedan expresar sus opiniones sin temor a sufrir represalias.

La investigación legislativa anunciada por Acosta deberá ser sometida a conocimiento de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, instancia en la que el oficialismo cuenta con cinco de sus nueve integrantes.

Fiscalía confirmó que Rodríguez no aceptó ingresar al programa de protección

El anuncio del oficialismo se produce dos días después de que el Ministerio Público confirmara que Rodríguez no formaba parte del programa de protección de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD).

Según informó la institución, el periodista fue referido en algún momento a esa oficina a raíz de las denuncias que interpuso. Sin embargo, Rodríguez no aceptó incorporarse al programa de protección, cuya participación es voluntaria, según explicó el Ministerio Público.

En declaraciones brindadas ayer al diario La Nación, el fiscal general confirmó que Rodríguez había presentado denuncias por amenazas y que el equipo técnico del Ministerio Público le propuso medidas de protección que el comunicador no aceptó.

Díaz también explicó que las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación sobre el homicidio, entre ellas posibles vínculos con las denuncias que Rodríguez realizaba sobre narcotráfico y asuntos políticos, sin descartar eventuales motivaciones relacionadas con actividades empresariales.

Como parte de las primeras diligencias, el Ministerio Público y el OIJ allanaron el apartamento del periodista entre la noche del lunes y la madrugada del martes. Las autoridades decomisaron cuatro teléfonos celulares, un disco duro, otros dispositivos electrónicos y documentación que será analizada para intentar esclarecer el crimen.

Este miércoles, el Ministerio Público anunció la conformación de un equipo especializado para investigar el asesinato de Rodríguez, integrado por fiscales especializados en crimen organizado, de la Fiscalía General y de la Fiscalía de Heredia, con la participación directa de Carlo Díaz.

La institución aseguró que reforzará los recursos destinados a la investigación y reiteró su compromiso de identificar tanto a los autores materiales del homicidio como a quienes eventualmente ordenaron su ejecución.

Oficialismo exigió renuncia del fiscal general el día del asesinato

La investigación legislativa anunciada por Acosta constituye una nueva iniciativa de fiscalización contra las autoridades judiciales promovida por el PPSO, luego de que el pasado lunes esa bancada aprobara una moción para exigir la renuncia inmediata del fiscal general o, en su defecto, solicitar a la Corte Suprema de Justicia iniciar un procedimiento para destituirlo.

La moción, aprobada con 29 votos a favor y 21 en contra, se fundamentó en la participación de Díaz en una inspección al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), motivada por denuncias de presuntas agresiones, torturas y abusos de autoridad contra personas privadas de libertad.

La discusión de aquella iniciativa se produjo mientras trascendían las informaciones sobre el asesinato de Rodríguez. Distintos diputados de oposición recriminaron al oficialismo que dedicara la sesión legislativa a exigir la salida del fiscal general y de la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, en lugar de abordar la situación de violencia que atraviesa el país.

Durante esa misma sesión, el diputado oficialista Daniel Siézar Cárdenas rechazó las intervenciones de legisladores opositores que, a su juicio, insinuaban una eventual responsabilidad del Gobierno en el asesinato de Rodríguez. El congresista calificó esas insinuaciones de irresponsables e instó a esperar los resultados de las investigaciones del Ministerio Público.

Una vez concluida la discusión de las mociones contra Díaz y Cruickshank, el plenario aprobó por unanimidad guardar un minuto de silencio en memoria de Rodríguez, reivindicar su labor de denuncia pública e instar a las autoridades competentes a esclarecer el homicidio.