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Parlamento Cívico Ambiental rechaza relleno sanitario en Turrúcares y exige un nuevo modelo de gestión de residuos

La organización cuestionó el condicionamiento de inversiones públicas a la aceptación del proyecto de la empresa EBI y pidió respetar la autonomía municipal y la participación ciudadana.

El Parlamento Cívico Ambiental (PCA) manifestó su oposición a la construcción de un relleno sanitario en Turrúcares de Alajuela y expresó su respaldo a las comunidades que, desde hace más de una década, se oponen al proyecto por sus preocupaciones relacionadas con la salud, las fuentes de agua y la calidad de vida de sus habitantes.

Mediante un manifiesto denominado “¡Turrúcares no está sola!", fechado el 13 de noviembre y divulgado este martes 17 de noviembre, la organización rechazó que el Gobierno condicione inversiones públicas en infraestructura, educación, salud y otros servicios a la aceptación del proyecto impulsado por la empresa EBI en la finca Bajo Pita, en San Miguel de Turrúcares.

El Parlamento Cívico Ambiental sostuvo que las necesidades de las comunidades no deben utilizarse como mecanismos de presión para favorecer intereses empresariales.

El desarrollo local y la protección ambiental son derechos que deben garantizarse conjuntamente, nunca ponerse a competir entre sí".

El pronunciamiento surge luego de que el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, condicionara una serie de inversiones públicas en Turrúcares a que el Concejo Municipal de Alajuela retire las acciones judiciales mediante las cuales busca anular los certificados de uso de suelo otorgados para desarrollar el relleno sanitario.

Durante un conversatorio realizado el pasado 4 de noviembre, Chaves ofreció intervenciones en carreteras y puentes, la construcción de un colegio técnico profesional, un establecimiento de atención infantil del Cen-Cinai y centros de atención para personas adultas mayores, entre otras obras.

El ministro argumentó que el retiro de las acciones judiciales municipales permitiría negociar la terminación del arbitraje internacional promovido contra Costa Rica por la empresa canadiense Berthier EBI y su vinculada Bajo Pita S. A. Sin embargo, durante el encuentro no se presentó un acuerdo firmado con la empresa que garantizara el desistimiento de ese arbitraje.

El pasado 9 de noviembre, la fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano (PPSO) rechazó una moción que pretendía condenar las actuaciones del ministro. Posteriormente, el 16 de noviembre, la Fiscalía General de la República confirmó la apertura de una causa penal contra Chaves por el presunto delito de tráfico de influencias, en relación con esos hechos.

Proponen transformar el modelo nacional de gestión de residuos

Más allá de la controversia en Turrúcares, el Parlamento Cívico Ambiental consideró que el conflicto evidencia el agotamiento de un modelo nacional de gestión de residuos centrado fundamentalmente en su recolección, transporte y enterramiento en rellenos sanitarios.

Costa Rica no puede continuar resolviendo el problema de sus residuos mediante la búsqueda de nuevos territorios donde depositarlos, trasladando sus impactos de una comunidad a otra”.

La organización propuso avanzar hacia un sistema de gestión integral de residuos, conforme a los principios establecidos en la Ley 8839, que priorice las siguientes acciones:

  • Promover la separación de residuos desde su origen en hogares, centros educativos, comercios e instituciones.

  • Implementar sistemas municipales de recolección diferenciada.

  • Fortalecer los centros de recuperación y reciclaje de materiales.

  • Aprovechar los residuos orgánicos mediante compostaje domiciliario, comunitario y municipal.

  • Evaluar tecnologías para el tratamiento de residuos no aprovechables, bajo controles ambientales rigurosos y transparentes.

  • Fortalecer la educación ambiental desde la primera infancia.

El Parlamento enfatizó que la responsabilidad de gestionar adecuadamente los residuos no puede recaer exclusivamente sobre la ciudadanía, sino que el Estado y las municipalidades deben proporcionar la infraestructura y los servicios necesarios para facilitar estas prácticas.

La posición coincide en varios aspectos con el reciente pronunciamiento del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines (Ciqpa), que advirtió que la construcción de nuevos rellenos sanitarios no será suficiente para resolver la crisis de residuos del país.

A diferencia del Parlamento Cívico Ambiental, el Colegio aclaró que no se pronuncia a favor ni en contra de los proyectos de Turrúcares y Mora, e instó a las autoridades a determinar su viabilidad ambiental mediante estudios técnicos actualizados y públicos.

El Parlamento exigió respetar la autonomía municipal, el ordenamiento territorial y los mecanismos de participación ciudadana, e invitó a organizaciones comunales, ambientales, académicas y sociales a trabajar conjuntamente en la búsqueda de alternativas para la gestión de los residuos.

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