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Imagen principal del artículo: Sala Constitucional estudiará restricciones a la participación ciudadana en concesiones mineras
Foto: julieth Méndez_ @Jullphotocr

Sala Constitucional estudiará restricciones a la participación ciudadana en concesiones mineras

Acción de inconstitucionalidad cuestiona una disposición del Código de Minería que limita la posibilidad de presentar oposiciones a quienes poseen derechos mineros previos o realizan determinadas actividades de extracción.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio curso a una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 81 del Código de Minería, que establece quiénes pueden presentar oposiciones durante los procedimientos administrativos para otorgar permisos y concesiones mineras en Costa Rica.

La acción fue presentada por siete personas y admitida para estudio el pasado 11 de noviembre. El expediente, tramitado bajo el número 26-037195-0007-CO, cuestiona que la legislación limite la posibilidad de formular oposiciones a determinados titulares de derechos mineros, excluyendo a personas, comunidades y organizaciones interesadas en la protección del ambiente.

Los accionantes sostienen que esa restricción resulta incompatible con el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el principio democrático, la participación ciudadana en asuntos de interés público y el deber estatal de proteger los recursos naturales que pertenecen a toda la colectividad.

¿Quiénes pueden oponerse actualmente a una concesión minera?

El artículo 81 del Código de Minería (Ley 6797) establece que pueden presentar oposiciones a una solicitud de permiso o concesión minera las personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

  • Tener en trámite una solicitud de permiso o concesión minera anterior sobre la misma área.

  • Contar con un permiso o concesión minera previamente otorgado sobre esa área.

  • Ostentar un derecho preferente sobre el área solicitada.

  • Realizar trabajos manuales de extracción de minerales en placeres ubicados en los mismos terrenos desde antes de la presentación de la solicitud, siempre que las labores ejecutadas justifiquen la oposición.

La legislación establece un plazo de 15 días, contado a partir de la última publicación del aviso correspondiente, para presentar las oposiciones ante el Registro Nacional Minero. Si la oposición es acogida, corresponde a la autoridad minera determinar la extensión del terreno que continuará en poder de la persona que formuló el reclamo.

Según los accionantes, estas disposiciones fueron concebidas para resolver conflictos entre personas que poseen intereses mineros sobre una misma área, pero no contemplan la posibilidad de que la ciudadanía presente oposiciones fundamentadas en la protección de bienes ambientales de interés colectivo, como el agua, los suelos, la biodiversidad o el paisaje.

La parte accionante sostiene que tanto la redacción de la norma como la interpretación que realiza la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) impiden que las personas interesadas en proteger esos bienes intervengan formalmente en los procedimientos de concesión.

Como ejemplo de esa interpretación restrictiva, los accionantes citaron la resolución 2866-2026 de la Dirección de Geología y Minas, emitida dentro del expediente administrativo 2023-CDP-PRI-030. Según argumentaron, esa decisión impidió que personas con un interés legítimo en la protección ambiental expusieran los riesgos asociados con la concesión minera objeto de análisis.

Uno de los principales argumentos de la acción es que los procedimientos para otorgar permisos y concesiones mineras no pueden abordarse exclusivamente como controversias entre particulares con intereses económicos contrapuestos, pues involucran decisiones estatales sobre recursos que forman parte del dominio público.

El artículo 1 del Código de Minería establece que el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales existentes en el territorio nacional y su mar patrimonial, independientemente del origen, estado físico o naturaleza de las sustancias que contengan.

Aunque el Estado puede otorgar permisos y concesiones para la exploración y explotación de esos recursos, ello no supone una transferencia de su dominio sobre los minerales.

La parte accionante considera que esa condición jurídica implica que las decisiones sobre el aprovechamiento de los recursos minerales trascienden los intereses particulares de quienes solicitan las concesiones y deben orientarse a satisfacer el interés general, proteger el ambiente y garantizar el uso racional de los recursos naturales.

En ese sentido, sostiene que la ciudadanía debe tener la posibilidad de intervenir en los procedimientos administrativos mediante los cuales el Estado decide autorizar actividades que podrían afectar bienes pertenecientes a toda la colectividad, aun cuando las personas interesadas no posean derechos mineros ni puedan acreditar un perjuicio patrimonial directo.

Los accionantes también argumentan que las competencias ambientales de la Dirección de Geología y Minas son distintas y complementarias a las que ejerce la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), encargada de evaluar la viabilidad ambiental de los proyectos.

Según expusieron, el Código de Minería atribuye a la autoridad minera responsabilidades específicas relacionadas con la incorporación de obligaciones ambientales en los permisos y concesiones, la fiscalización de su cumplimiento y la prevención, corrección y reparación de los daños derivados de las actividades extractivas.

Entre las disposiciones invocadas figuran los artículos 101 a 107 del Código de Minería, que contienen obligaciones en materia de protección ambiental y regulan aspectos relacionados con los impactos de las actividades mineras sobre los recursos hídricos, los suelos, la biodiversidad, las poblaciones humanas y el patrimonio arqueológico y cultural.

La parte accionante también hizo referencia al artículo 104, que exige demostrar, bajo los supuestos contemplados en esa disposición, que el desarrollo de determinadas actividades mineras en terrenos forestales, reservas biológicas o cuencas hidrográficas representa una mayor utilidad económica o social para el Estado que la conservación del área.

Los accionantes consideran que estas responsabilidades demuestran que el otorgamiento de una concesión minera no constituye una simple verificación de requisitos administrativos, sino un procedimiento en el que también deben valorarse aspectos ambientales relevantes.

Por ello, sostienen que la existencia de mecanismos de participación ciudadana en los procedimientos de evaluación ambiental de Setena no elimina la necesidad de garantizar esa participación en los trámites de permisos y concesiones ante la Dirección de Geología y Minas.

Jurisprudencia constitucional e interamericana

La acción plantea que el artículo 81 del Código de Minería vulnera los artículos 9 y 50 de la Constitución Política, en relación con los artículos 89 y 121, inciso 14), del mismo cuerpo normativo.

Particularmente, los accionantes invocan el artículo 50 constitucional, que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la legitimación para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y reclamar la reparación del daño causado.

La parte accionante argumenta que la jurisprudencia constitucional ha reconocido ampliamente la posibilidad de que las personas intervengan en defensa de intereses difusos, es decir, aquellos que no pertenecen exclusivamente a una persona determinada, sino a la sociedad en su conjunto.

También citó la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativa al ambiente y los derechos humanos, en la cual el tribunal interamericano desarrolló estándares sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Según los accionantes, garantizar una participación efectiva exige que las instituciones públicas proporcionen información oportuna y comprensible, establezcan plazos razonables para formular observaciones y permitan que las comunidades potencialmente afectadas intervengan antes de que se adopten las decisiones administrativas.

Asimismo, consideran necesario que las autoridades expliquen cómo valoraron las observaciones presentadas por la ciudadanía, de manera que su participación pueda incidir efectivamente en las decisiones y no se reduzca al cumplimiento de una formalidad administrativa.

La parte accionante concluye que limitar las oposiciones a quienes acrediten derechos mineros previos constituye una barrera desproporcionada para ejercer el control ciudadano sobre decisiones administrativas con posibles consecuencias ambientales.

Admisión de la acción no paraliza el otorgamiento de concesiones

La Sala Constitucional admitió la acción al considerar que reúne los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Constitucional y reconoció la legitimación de los siete accionantes por actuar en defensa de intereses difusos relacionados con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El tribunal concedió una audiencia de 15 días a la Procuraduría General de la República y al director de la Dirección de Geología y Minas del Minae, para que se pronuncien sobre los argumentos planteados.

También ordenó publicar tres avisos consecutivos en el Boletín Judicial. Dentro de los 15 días posteriores a la primera publicación, las personas con interés legítimo y quienes figuren como partes en asuntos pendientes relacionados con la aplicación de la norma podrán comparecer ante el tribunal para respaldar u oponerse a la acción, o ampliar los motivos de inconstitucionalidad.

La Sala recordó que, como regla general, las acciones de inconstitucionalidad presentadas directamente en defensa de intereses difusos no producen efectos suspensivos. Por tanto, la admisión de esta acción no implica la suspensión general del artículo 81 del Código de Minería ni la paralización de los procedimientos para otorgar permisos y concesiones mineras.