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Presidencia publica ley contra abusos en cobros por mora 642 días después de su aprobación

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en febrero de 2025, pero el Poder Ejecutivo no la sancionó sino hasta noviembre de 2026. Casa Presidencial no explicó los motivos de la demora ante una consulta de Delfino.cr.

El Poder Ejecutivo publicó este martes la Ley 10.658, denominada "Ley para eliminar abusos en cobros por mora", un año, nueve meses y cuatro días después de que la Asamblea Legislativa aprobara definitivamente la iniciativa, que establece nuevas protecciones para las personas que se atrasen en el pago de sus obligaciones crediticias.

La normativa se publicó en el alcance n.º 153 a La Gaceta n.º 218 del martes 17 de noviembre de 2026, con lo que entró en vigor tras permanecer pendiente de sanción y publicación durante parte de las administraciones de Rodrigo Chaves Robles y Laura Fernández Delgado.

La iniciativa, impulsada por la entonces diputada del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén Pérez, se tramitó bajo el expediente 23.237 y recibió la aprobación en segundo debate el 13 de febrero de 2025, con 42 votos a favor y ninguno en contra.

Según los registros oficiales de la Asamblea Legislativa, el Congreso remitió el decreto legislativo a Casa Presidencial el 18 de febrero de 2025. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no lo sancionó sino hasta el 12 de noviembre de 2026 y su publicación se concretó cinco días después, es decir, 642 días después de su aprobación legislativa y 637 días después de su envío a la Presidencia de la República.

Casa Presidencial no explicó las razones de la demora

El pasado 20 de octubre, Delfino.cr consultó a la oficina de prensa de Casa Presidencial por los motivos por los cuales el decreto legislativo permanecía sin publicarse, pese a que había sido remitido al Poder Ejecutivo desde febrero del año anterior.

La Presidencia respondió a la consulta el lunes 16 de noviembre, 27 días después de haberla recibido, limitándose a señalar:

El decreto legislativo 10.658 ya se publicó en el Diario Oficial La Gaceta”.

La respuesta no explicó por qué las autoridades del Poder Ejecutivo demoraron más de un año y ocho meses desde que el Congreso remitió el decreto hasta su sanción. Además, aunque Casa Presidencial afirmó el lunes que la ley ya había sido publicada, esta apareció en el diario oficial correspondiente al martes 17 de noviembre.

El artículo 126 de la Constitución Política establece que el Poder Ejecutivo dispone de diez días hábiles, contados a partir de la recepción de un proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa, para objetarlo por razones de inconveniencia o proponerle modificaciones mediante el ejercicio del derecho de veto.

La misma disposición constitucional establece expresamente:

Si no lo objeta dentro de ese plazo no podrá el Poder Ejecutivo dejar de sancionarlo y publicarlo”.

Asimismo, el artículo 140, inciso 3), de la Constitución Política establece entre los deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente a la Presidencia de la República y al respectivo ministro de Gobierno sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento.

La publicación en el diario oficial constituye uno de los requisitos constitucionales para que las iniciativas aprobadas por el Congreso surtan efectos jurídicos. En este caso, la demora impidió que las nuevas protecciones para las personas deudoras entraran en vigor durante más de 21 meses después de su aprobación legislativa, dado que la propia ley estableció que regiría a partir de su publicación.

¿Qué cambia con la nueva ley?

La Ley para eliminar abusos en cobros por mora regula los montos que pueden cobrar las personas físicas o jurídicas que otorguen financiamiento cuando sus clientes se atrasen en el pago de sus obligaciones. Su ámbito de aplicación incluye tanto a las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) como a los prestamistas que no están sujetos a esa supervisión.

Uno de sus principales cambios consiste en establecer que la tasa de interés moratorio no podrá superar en más de dos puntos porcentuales la tasa de interés corriente pactada. Cuando un contrato no contemple intereses corrientes, pero sí moratorios, estos no podrán superar en más de dos puntos porcentuales la tasa de interés legal establecida en el Código de Comercio.

Con ello, la legislación unifica el límite aplicable a las operaciones crediticias, independientemente de que el financiamiento sea otorgado por una entidad bancaria u otro tipo de prestamista. Hasta ahora, el Código de Comercio permitía pactar intereses moratorios hasta un 30% superiores a la tasa de interés corriente, mientras que las operaciones bancarias estaban sujetas al límite de dos puntos porcentuales adicionales.

Por ejemplo, si una persona contrató un crédito con una tasa de interés corriente del 20% anual, bajo la regla anterior del Código de Comercio podía pactarse una tasa moratoria de hasta el 26%. Con la nueva disposición, el límite será del 22%.

La ley también establece que los intereses moratorios únicamente podrán calcularse sobre la parte del principal de la deuda cuyo pago esté atrasado. Los prestamistas no podrán cobrar intereses moratorios sobre los intereses corrientes adeudados.

En cuanto a los cargos administrativos por gestiones de cobranza, la normativa únicamente autoriza aquellos que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 36 bis de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

Esas condiciones, que ya estaban contempladas en la legislación, establecen que el cobro debe corresponder a una gestión administrativa cuya realización pueda demostrarse, no puede superar el 5% de la parte del abono al principal que se encuentre en mora ni los 12 dólares, únicamente puede aplicarse a partir del quinto día de atraso y no puede cobrarse más de una vez al mes.

La nueva ley refuerza esas disposiciones al establecer expresamente que los cargos administrativos por gestiones de cobro solo podrán aplicarse a cuentas en mora y deberán aparecer separados y detallados en los estados de cuenta.

Asimismo, amplía expresamente las facultades de la Comisión Nacional del Consumidor para eliminar cláusulas abusivas de los modelos de contratos crediticios y establece multas de entre diez y 40 salarios base por incumplir las obligaciones contempladas en el artículo 44 bis de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

Otra ley lleva más de cuatro años pendiente de publicación

En la misma consulta remitida a Casa Presidencial el 20 de octubre, Delfino.cr solicitó información sobre el decreto legislativo 10.180, correspondiente al expediente 22.450, que exonera del pago por la publicación de sus reglamentos en el diario oficial a los comités cantonales de la persona joven.

Esa iniciativa fue aprobada el 23 de marzo de 2022 y remitida a Casa Presidencial el 29 de marzo de ese año, durante la administración de Carlos Alvarado Quesada. Sin embargo, su publicación continúa pendiente.

La Presidencia de la República respondió que, mediante el oficio LyD312/04/2022-F del 28 de abril de 2022, la Dirección de Leyes y Decretos remitió el decreto legislativo a la entonces ministra de Deporte, Karla Alemán Cortés, para que el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) se encargara de publicarlo.

Sin embargo, según la información que motivó la consulta de este medio, el Icoder había señalado que no le correspondía realizar esa publicación.

Casa Presidencial sostuvo que las gestiones se realizaron durante el gobierno de Alvarado Quesada y remitió nuevamente a este medio al Icoder para consultar sobre el estado del trámite.

La oficina de prensa agregó:

Se aclara que esa era la forma de trabajar de esa Administración en relación con las publicaciones y ni la Presidencia de la República ni el Ministerio de la Presidencia, tanto de la Administración Chaves Robles como de la Administración Fernández Delgado, intervinieron ni participaron de forma alguna en la tramitación de dicho decreto legislativo”.

La respuesta no precisó qué acciones realizará el actual Poder Ejecutivo para resolver la situación y garantizar la publicación del decreto legislativo, cuya aprobación se produjo hace más de cuatro años y siete meses.