Referencia del BCCR

Tipo de cambio

Compra

₡...

Venta

₡...

Presentado por
Logo Coopealianza
Imagen principal del artículo: La Sala Constitucional entre la seguridad jurídica y la tutela de los ríos

La Sala Constitucional entre la seguridad jurídica y la tutela de los ríos

Costa Rica convive desde hace décadas con la ocupación de las áreas de protección de ríos, quebradas, arroyos y nacientes, una realidad tan extendida como incómoda. El problema es nacional, alcanza zonas urbanas y rurales, afecta construcciones antiguas y recientes, y pone en tensión valores constitucionales de primer orden, entre ellos la seguridad jurídica, el derecho de propiedad privada y la tutela efectiva del ambiente.

El propio Estado reconoció su magnitud al presentar en 2020 la Política Nacional de Áreas de Protección de Ríos, Quebradas, Arroyos y Nacientes 2020-2040 con la que busca recuperar y resguardar esas franjas.

Estas áreas cumplen funciones esenciales que se pierden cuando son ocupadas o degradadas. Protegen las nacientes, ríos, quebradas y arroyos, contribuyen a la conservación de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico, mantienen la cobertura arbórea y los ecosistemas ribereños asociados, y garantizan la provisión de servicios ecosistémicos fundamentales. Asimismo, funcionan como corredores biológicos, zonas de amortiguamiento frente a inundaciones y procesos erosivos, filtran contaminantes antes de que lleguen a los cuerpos de agua, favorecen la recarga hídrica y ayudan a mitigar riesgos naturales. Su protección responde a un interés público superior que trasciende el patrimonio de sus propietarios, debido a los beneficios ambientales, sociales y económicos que generan para toda la colectividad.

Sin embargo, la solución no resulta sencilla. Cuando una construcción se ubica dentro de un área de protección y su existencia es anterior a la norma que lo prohíbe, la determinación de los alcances y límites de la actuación estatal plantea una cuestión jurídicamente compleja.

Este tema fue el objeto de análisis del voto 37620-2026 de la Sala Constitucional, una sentencia que ayuda a entender la forma en que el ordenamiento costarricense busca conciliar la seguridad jurídica de los propietarios con la tutela ambiental.

El caso nació por edificaciones ubicadas dentro del área de protección del río Ipís, en Moravia. La Municipalidad sostuvo que varias de ellas eran anteriores a la Ley Forestal de 1969 y que aplicarles la normativa actual plantearía un problema de retroactividad. Para respaldarlo presentó fotografías aéreas de 1965.

La Sala reconoció el valor de esas fotografías, pero no aceptó que la antigüedad de las obras bastara para que la Administración dejara de fiscalizar, bajo el razonamiento que una edificación vieja no demuestra que la actual sea idéntica a la de hace décadas, pues pudo ampliarse o remodelarse, y que,  por sí sola, tampoco prueba que existan permisos válidos.

El aspecto más relevante del voto es la distinción que establece entre dos situaciones distintas. Por una parte, la aplicación de consecuencias jurídicas a hechos consumados bajo el amparo de una normativa anterior; por otra, el ejercicio actual de las potestades de control, fiscalización y protección respecto de situaciones cuyos efectos continúan proyectándose en el tiempo.

La Sala reconoce que la garantía constitucional de irretroactividad también opera en materia ambiental, impidiendo que nuevas disposiciones sancionen retroactivamente conductas lícitas al momento de su realización. Sin embargo, precisa que ello no excluye la facultad de las autoridades competentes de investigar, supervisar y adoptar las medidas que correspondan frente a afectaciones o condiciones que subsisten en el presente.

La precisión importa porque la irretroactividad suele invocarse como si fuera una barrera absoluta contra cualquier actuación posterior del Estado. Cabe señalar que muchas afectaciones ambientales se prolongan en el tiempo y siguen produciendo consecuencias.

La Sala venía discutiendo esta temática desde hace décadas. Los votos 2742-1993 y 14576-2004 señalaron que, tratándose de la salud pública y del ambiente, la antigüedad de una actividad no da derecho a seguir operando al margen de las exigencias del ordenamiento. Estos dos casos fueron sobre empresas y establecimientos sometidos a nuevas exigencias sanitarias o ambientales. De ellos surgió la doctrina de los actos administrativos habilitadores en materia ambiental.

Los permisos, licencias y autorizaciones ordenan actividades, obras y proyectos capaces de afectar el ambiente, y esa función es indispensable. Pero ninguno de estos actos puede entenderse como un título perpetuo e inmutable frente a nuevas exigencias de protección.

Toda autorización ambiental se otorga bajo una presunción de inocuidad, es decir, bajo la expectativa de que la actividad no causará daños incompatibles con la protección del ambiente. Si la realidad demuestra otra cosa, el Estado debe actuar, en la medida que proteger el agua, la biodiversidad o la salud pública exige que la Administración conserve potestades permanentes de supervisión y control.

Esta es la razón por la que los actos habilitadores ambientales tienen una naturaleza provisional. Quedan sujetos a nuevos conocimientos científicos y a nuevas exigencias técnicas, y una autorización, licencia o permiso vigente no convalida un daño ambiental ni libera al Estado de intervenir cuando los impactos resultan distintos de los previstos.

El voto 37620-2026 examinó edificaciones que, según la propia Municipalidad, fueron construidas con anterioridad a la legislación forestal que creó las áreas de protección del recurso hídrico, sin que se haya identificado una actividad económica en operación ni un acto administrativo habilitador ambiental.

De ahí que la sentencia exija una valoración individualizada de cada inmueble, que verifique su antigüedad, sus modificaciones, los permisos existentes y las posibles afectaciones ambientales, y que se haga con pleno respeto del debido proceso y del derecho de defensa. Cualquier decisión sobre demoliciones o sobre la existencia de derechos queda para el final de ese procedimiento.

El principal aporte del voto es precisamente ese equilibrio. Reconoce el valor de la seguridad jurídica y de la garantía de irretroactividad del artículo 34 constitucional, y rechaza que esas garantías sirvan para justificar la inacción administrativa ante problemas ambientales actuales.

El voto también es relevante en materia de coordinación institucional ambiental. Durante años, muchos conflictos por áreas de protección han quedado sin respuesta porque las instituciones se trasladan la responsabilidad unas a otras o simplemente no fiscalizan. La Sala recuerda que proteger el ambiente es un deber constitucional y que las instituciones públicas deben ejercer sus competencias, coordinarse entre sí e investigar los hechos antes de decidir si corresponde adoptar medidas correctivas.

Las áreas de protección hídricas seguirán generando controversias complejas, porque en ellas confluyen intereses patrimoniales, expectativas legítimas, competencias administrativas y bienes colectivos ambientales.

El voto 37620-2026 reafirma que la tutela ambiental se ejerce dentro del Estado de derecho y que la seguridad jurídica conserva su vigencia frente a la Administración, dejando claro que la antigüedad de una construcción, de una autorización o de una situación de hecho no puede paralizar indefinidamente la protección de los ríos y de los ecosistemas asociados.

Seguridad jurídica y tutela ambiental forman parte del mismo proyecto constitucional. Armonizarlas exige que la Administración investigue con rigor y decida con garantías de procedimiento. Tras este voto, ninguna municipalidad debería escudarse en la antigüedad de una obra para no revisar lo que ocurre en las márgenes de sus ríos.

La Sala Constitucional entre la seguridad jurídica y la tutela de los ríos | Delfino.cr