Rodrigo Chaves ofreció construir carreteras, puentes, un colegio técnico y centros de cuido a cambio de que el Concejo Municipal de Alajuela retire las acciones judiciales contra el proyecto de la empresa EBI, y advirtió que la oferta tiene un plazo limitado.
El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, condicionó una serie de inversiones públicas en infraestructura vial, educación, servicios de salud y atención de personas adultas mayores en Turrúcares de Alajuela a que la Municipalidad de ese cantón desista de sus procesos judiciales contra los permisos otorgados para construir un relleno sanitario en la finca Bajo Pita, un proyecto impulsado por la empresa EBI que enfrenta oposición de sectores de la comunidad desde hace más de una década.
El ofrecimiento ocurrió este miércoles 4 de noviembre, durante un conversatorio celebrado en el Liceo de Turrúcares, al que asistieron varios ministros y jerarcas de instituciones públicas, integrantes del Concejo Municipal de Alajuela y representantes de organizaciones comunales. Chaves planteó que las inversiones comenzarían a tramitarse una vez que el gobierno local adopte las decisiones necesarias para permitir el avance del proyecto, denominado por la empresa Parque de Tecnología Ambiental.
La condición fue reiterada en distintos momentos de la actividad. Cuando el ministro de Educación Pública, José Leonardo Sánchez Hernández, ofreció enviar personal la próxima semana para valorar la compra de un terreno destinado a construir un colegio técnico profesional, Chaves le ordenó suspender la gestión hasta que la Municipalidad resolviera el conflicto con EBI:
No lo mande la próxima semana, no lo mande la próxima semana porque nosotros no vamos a desperdiciar plata si la municipalidad no hace lo que tiene que hacer. ¿Pa' qué vamos a mandar evaluaciones, carreteras, empezar diseños si después salen con un domingo siete?".
Chaves sostuvo que el Gobierno estaba dispuesto a formalizar los compromisos mediante un documento, pero insistió en que primero correspondía al Concejo Municipal decidir si retiraba sus procesos judiciales y reconocía los permisos originalmente otorgados a la empresa.
El jerarca también estableció un plazo para aceptar su propuesta. Advirtió que la oferta sería retirada cuando el Ministerio de Hacienda tuviera que desembolsar los recursos para contratar la defensa jurídica del Estado frente al arbitraje internacional promovido por la empresa, un gasto que estimó en $4 millones, equivalentes aproximadamente a ₡2000 millones.
En el momento que el ministro de Hacienda tenga que depositar 2000 millones de colones para ir a defender un litigio internacional producto de chorizo, estupidez o lo que sea, en ese momento la oferta se retira de la mesa".
Posteriormente, Chaves señaló que el desembolso, solicitado por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), debía realizarse antes del 2 de diciembre y que los regidores disponían de un periodo aproximado de entre 15 y 22 días para adoptar una decisión.
Carreteras, colegio técnico y centros de cuido a cambio de permitir el proyecto
La propuesta gubernamental incluye intervenciones en las rutas nacionales 721 y 136, la construcción o mejoramiento de puentes y una nueva carretera de acceso al relleno sanitario desde la ruta 27, para evitar que los camiones recolectores atraviesen el centro de Turrúcares.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, explicó que ya se trabaja en un diseño para intervenir aproximadamente cuatro kilómetros de la ruta 721, entre la ruta 3 y Cebadilla, pasando por Tajo Florencia. Señaló que las obras podrían comenzar en marzo de 2027, aunque el diseño tendría que modificarse para incorporar el eventual tránsito de vehículos pesados.
Para los restantes tramos de esa carretera, que comprenden alrededor de diez kilómetros hacia Turrúcares, Ciruelas y la rotonda del Coyol, Zeledón estimó que las intervenciones podrían comenzar entre septiembre y octubre de 2027. El costo aproximado de las obras en la ruta 721 se calculó en ₡4000 millones.
El Gobierno también ofreció atender puentes de las rutas 136 y 721 que, según los representantes comunales, presentan deterioro. Zeledón aclaró que esas estructuras todavía requieren diseños y mencionó una estimación cercana a $1 millón por puente.
En cuanto al acceso al relleno sanitario, Chaves afirmó que se negocia una carretera nueva desde la ruta 27, a la altura de los tajos de Cebadilla, hasta la finca Bajo Pita. El ministro calculó su costo en unos $5 millones y aseguró que, si se concretaba el proyecto, garantizaría que los camiones cargados de residuos no circularan por el centro del distrito.
La oferta se extendió al ámbito educativo. Sánchez Hernández planteó construir un colegio técnico profesional (CTP) en un terreno de aproximadamente 32.000 metros cuadrados contiguo al Liceo de Turrúcares, cuya adquisición solicitaron representantes de la comunidad. El ministro estimó que, una vez disponible la propiedad, la construcción podría completarse en un plazo de entre año y medio y dos años.
Sin embargo, Chaves frenó la posibilidad de iniciar inmediatamente el avalúo y la negociación de compra, vinculando expresamente esos trámites con la decisión municipal sobre el relleno sanitario.
La directora nacional del CEN-CINAI, María Marta Carballo Arce, indicó que se necesitan al menos 2500 metros cuadrados para construir un nuevo establecimiento de atención infantil, con cuatro aulas y un costo estimado de ₡800 millones. Durante la actividad se planteó que el terreno destinado al colegio técnico también podría albergar ese centro.
Por su parte, la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), Kennly Garza Sánchez, propuso estudiar la construcción de un centro diurno y otro de larga estancia para personas adultas mayores, con una inversión preliminar cercana a ₡1000 millones. Chaves sugirió que el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) participara en la adquisición del terreno.
El ministro también ofreció promover espacios comunitarios y deportivos con participación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), aunque no detalló sus características, ubicación definitiva ni presupuesto.
Al presentar el conjunto de propuestas, Chaves habló de inversiones cercanas a ₡100.000 millones, pero no ofreció un desglose que permitiera verificar esa cantidad.
Yo estoy dispuesto a firmar con esta pluma el acuerdo que acabo de decir una vez que la Municipalidad dé el paso que tiene que dar".
Gobierno exige retirar proceso judicial contra permisos del relleno
El conflicto se remonta a los certificados de uso de suelo otorgados en 2011 para desarrollar un proyecto de disposición de residuos en Bajo Pita, San Miguel de Turrúcares. La Municipalidad de Alajuela inició posteriormente procesos judiciales de lesividad para solicitar que se anularan esos actos administrativos, al considerar que no respetaban las disposiciones del plan regulador del cantón.
Un proceso de lesividad permite a una institución pública acudir ante los tribunales para solicitar que se anule una decisión propia que considera contraria al ordenamiento jurídico y perjudicial para el interés público. En este caso, la Municipalidad pretende que la justicia determine si los certificados de uso de suelo fueron otorgados legalmente.
El conflicto adquirió dimensión internacional cuando la empresa canadiense Berthier EBI y su vinculada Bajo Pita S. A. impulsaron un arbitraje contra Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), al alegar que las actuaciones municipales afectaron sus inversiones y los derechos que consideran adquiridos.
El Gobierno anunció en julio de 2025 que asumiría la defensa del Estado en ese procedimiento, que también comprende controversias relacionadas con un proyecto de disposición de residuos en Montes de Oro de Puntarenas.
Durante el conversatorio, Chaves sostuvo que Costa Rica enfrenta un riesgo económico de $150 millones, cifra que presentó como la eventual consecuencia de perder el arbitraje.
El jerarca argumentó que las actuaciones judiciales nacionales debilitan la posición de Costa Rica frente al tribunal internacional y aseguró que retirar los procesos municipales permitiría negociar la terminación del arbitraje.
¿Qué tiene que acordar el Concejo Municipal? Se acuerda por las razones tales y tales, retirar la lesividad, se acuerda honrar los compromisos iniciales con la empresa. La empresa, al mismo tiempo, retira la demanda en Washington y nosotros nos ponemos a trabajar".
La propuesta supone que la Municipalidad abandone las acciones con las que busca invalidar los certificados de uso de suelo y que la empresa acceda, a su vez, a retirar su reclamación internacional. Durante el conversatorio no se presentó un acuerdo firmado con EBI que garantizara el desistimiento del arbitraje ni se acreditó que la cancelación de los procesos de lesividad bastara jurídicamente para habilitar la construcción del relleno.
El regidor Bernal Alonso Soto Saborío, quien participó en una reunión previa con Chaves, explicó que la Municipalidad presentó tres acciones de lesividad, de las cuales una fue rechazada y las otras dos fueron acumuladas en un mismo expediente judicial. Soto afirmó que los procedimientos nacionales e internacionales son independientes y advirtió sobre las consecuencias que, según su criterio, tendría perder ambos litigios.
Vecinos cuestionaron el ofrecimiento y los efectos ambientales
Las propuestas del Gobierno generaron reacciones contrapuestas entre los representantes comunales y asistentes al conversatorio. Algunos agradecieron la posibilidad de recibir inversiones públicas, mientras que otros rechazaron que las obras se vincularan con la aceptación del relleno sanitario.
Uno de los cuestionamientos más directos provino de Gustavo Morera, representante de la Asociación de Desarrollo de San Miguel, quien recordó que había votado por Chaves, pero expresó su desacuerdo con el planteamiento gubernamental.
Don Rodrigo, yo voté por usted en sus elecciones, no lo voy a negar, pero hoy me vine a dar cuenta que diay, yo estoy ciego, porque no me encanta la idea de que nos vengan a ofrecer el cielo y la luna a cambio tener que comer todos los días a la par de un basurero".
Morera mencionó los riesgos que supone el tránsito de camiones pesados por las estrechas carreteras de la comunidad, así como la presencia de nacientes de agua, pozos, el corredor biológico Garcimuñoz y las restricciones asociadas con las operaciones aéreas del aeropuerto internacional Juan Santamaría.
No es solo que no queramos, es que no se puede".
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El presidente de la Asociación de Desarrollo de Cebadilla, Alfredo Agüero, también manifestó su rechazo al relleno y cuestionó las advertencias gubernamentales sobre el arbitraje internacional. Agüero recordó el caso de la demanda interpuesta por Infinito Gold contra Costa Rica por el proyecto minero de Crucitas, que fue desestimada en el CIADI, y pidió explicar por qué la controversia con EBI debía interpretarse de manera diferente.
Chaves respondió que los casos presentan circunstancias jurídicas distintas y sostuvo que, a diferencia de Crucitas, las actuaciones de las instituciones costarricenses en el conflicto de Bajo Pita favorecen la posición de la empresa.
El representante de una asociación ambientalista, Gerardo Alfaro, defendió que la finca Bajo Pita reúne condiciones para albergar el relleno y cuestionó que existan otros sitios de disposición de residuos en el distrito. No obstante, solicitó que, si el proyecto llega a realizarse, una parte importante de los beneficios económicos se destine a Turrúcares.
El ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, defendió la necesidad de habilitar nuevas instalaciones para disponer los residuos sólidos ante la próxima finalización de la vida útil de varios rellenos sanitarios. Aseguró que las instalaciones debidamente autorizadas y operadas conforme a las exigencias sanitarias no generan problemas de salud pública.
Sus afirmaciones no eliminaron las objeciones de los vecinos sobre la ubicación específica del proyecto, sus posibles impactos ambientales y la capacidad de la infraestructura vial existente.
Presidente municipal plantea que la comunidad decida
Jorge Arturo Campos Araya, presidente del Concejo Municipal de Alajuela.
Hacia el final del conversatorio, el presidente del Concejo Municipal de Alajuela, Jorge Arturo Campos Araya, intervino para explicar a los asistentes el alcance de las propuestas gubernamentales y la decisión que tendrían que adoptar los regidores.
Campos describió el ofrecimiento como un intercambio entre las inversiones anunciadas y el retiro de las acciones judiciales que obstaculizan el relleno sanitario.
Aquí hoy nos están ofreciendo un trueque, porque es que yo veo que unos le aplauden al ministro y otros le aplauden cuando la gente dice que no quiere basurero. Entonces, vamos a ver, tenemos que ser claros. Aquí lo que se está ofreciendo es algo muy bueno para la comunidad, pero es a cambio del basurero, téngalo claro".
El presidente municipal sostuvo que los habitantes de Turrúcares debían participar en la decisión y trató de conocer la posición de los asistentes, entre quienes se escucharon manifestaciones tanto a favor como en contra. Sin embargo, Chaves objetó la posibilidad de someter el asunto a una consulta popular y recordó que corresponde a los once regidores adoptar la decisión.
A mí me parece un grave error poner esto a referéndum cuando hay once mil habitantes, en gente que vino con buses y cimarronas. Esa es su decisión. Yo nada más le digo: ya hicimos la oferta. La Municipalidad va a tener que tomar la decisión de hombres y mujeres valientes".
Chaves insistió en que las autoridades municipales debían resolver el asunto antes de que Hacienda comprometiera recursos para la defensa internacional. También cuestionó la ausencia del alcalde de Alajuela, Roberto Thompson Chacón, durante la actividad.
Campos respondió que consideraba necesario explicar con claridad a los vecinos qué estaba solicitando el Gobierno y cuáles serían sus consecuencias. Finalmente, reconoció que corresponde al Concejo Municipal, integrado por once regidores, decidir el futuro de las acciones judiciales.
El conversatorio concluyó sin un acuerdo municipal para retirar los procesos de lesividad, sin un convenio firmado sobre las inversiones ofrecidas y sin una decisión definitiva sobre la construcción del relleno sanitario.
