El reciente planteamiento de la Presidencia de la República a la comunidad de Turrúcares y al Concejo Municipal de Alajuela cruza una línea peligrosa en el ejercicio del poder. Condicionar la ejecución de obras de infraestructura, como vías, colegios o centros de cuido, a que el gobierno local retire los procesos judiciales que inició contra los permisos de un relleno sanitario no es una negociación política: es, lisa y llanamente, extorsión disfrazada de gestión pública.
Es innegable que Costa Rica enfrenta retos urgentes en la gestión de residuos sólidos y que las comunidades claman por mayor inversión social. Sin embargo, utilizar las necesidades básicas de la ciudadanía como medida de presión para obligar a una institución a renunciar a sus vías legales de fiscalización vulnera los principios más elementales del Estado de derecho.
Son muchas las dudas en torno al interés gubernamental en la apertura del relleno sanitario en Turrúcares, especialmente por el posible conflicto de intereses que plantea el hecho de que Juan Carlos Obando, exasesor y exgerente de EBI, figurara como financista de campaña del Partido Pueblo Soberano.
El proceso legal que inició el gobierno local no es un obstáculo antojadizo, sino la última línea de defensa de la legalidad. Pretender que una municipalidad ceda en el ejercicio de sus competencias a cambio de presupuesto sienta un precedente alarmante: normalizar el uso de los recursos de todos como un botín de presión política.
La inversión pública no es una dádiva del gobernante de turno ni un favor sujeto al capricho o a la obediencia política. Es un derecho ciudadano que todos financiamos con nuestros impuestos. Transformar la satisfacción de necesidades colectivas en un chantaje institucional para doblegar los controles ambientales y judiciales desnaturaliza por completo la función del Estado.
Un país democrático no puede regirse por la lógica de que las obras se consiguen a cambio de renunciar al control de legalidad. La crisis de los rellenos sanitarios y el desarrollo comunal exigen soluciones técnicas, transparentes y apegadas a la ley, no métodos de coerción que erosionan las bases de nuestra convivencia democrática.
