La causa penal se abrió luego de que el ministro condicionara inversiones públicas a que la Municipalidad de Alajuela retire los procesos judiciales contra el proyecto de relleno sanitario de la empresa EBI.
La Fiscalía General de la República abrió una nueva causa penal contra el expresidente de la República y actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, por el presunto delito de tráfico de influencias, en relación con las actuaciones del jerarca durante un conversatorio con habitantes de Turrúcares de Alajuela, en el que condicionó una serie de inversiones públicas a que el gobierno local desistiera de sus acciones judiciales contra un proyecto de relleno sanitario impulsado por la empresa EBI.
Ante una consulta de Delfino.cr, el Ministerio Público confirmó este lunes que la investigación se tramita bajo el expediente 26-000116-0033-PE y que la apertura de la causa se produjo tanto por las informaciones divulgadas públicamente sobre lo ocurrido como por una denuncia recibida por la Fiscalía General.
Respecto a su consulta, la Fiscalía General indicó que, a raíz de las informaciones divulgadas y de una denuncia recibida, abrió una causa contra el ministro Chaves, dentro del expediente 26-000116-0033-PE, por el presunto delito de tráfico de influencias, en relación con los hechos que usted refiere”.
El Ministerio Público declinó proporcionar mayores detalles sobre las diligencias realizadas, amparándose en el artículo 295 del Código Procesal Penal, que establece el carácter privado de la etapa preparatoria del proceso penal para terceros.
Chaves condicionó inversión pública a retiro de acciones judiciales
Como documentó Delfino.cr el pasado 4 de noviembre, Chaves encabezó ese día un conversatorio en el Liceo de Turrúcares, al que asistieron ministros, jerarcas de instituciones públicas, integrantes del Concejo Municipal de Alajuela y representantes de organizaciones comunales.
Durante la actividad, el Gobierno ofreció atender necesidades de infraestructura vial, educación, atención infantil, servicios para personas adultas mayores y espacios deportivos. Sin embargo, Chaves estableció como condición para avanzar con las inversiones que el Concejo Municipal de Alajuela retirara los procesos de lesividad mediante los cuales busca anular los certificados de uso de suelo otorgados para construir un relleno sanitario en la finca Bajo Pita, en San Miguel de Turrúcares.
Entre los ofrecimientos figuraron intervenciones en las rutas nacionales 721 y 136, obras en puentes, una carretera de acceso al relleno sanitario desde la ruta 27, la construcción de un colegio técnico profesional, un establecimiento del CEN-CINAI y centros de atención para personas adultas mayores.
El condicionamiento quedó de manifiesto cuando el ministro de Educación Pública, José Leonardo Sánchez Hernández, anunció que enviaría personal a valorar un terreno para el colegio técnico. Chaves le ordenó no iniciar esa gestión mientras la Municipalidad mantuviera sus acciones judiciales contra el proyecto de EBI.
El ministro también manifestó su disposición a suscribir un documento con los compromisos gubernamentales, pero insistió en que la Municipalidad debía adoptar primero las decisiones que permitieran avanzar con el proyecto de disposición de residuos.
Chaves impuso, además, un límite temporal a su ofrecimiento: advirtió que el Gobierno retiraría las propuestas de inversión cuando tuviera que desembolsar los recursos para contratar la defensa jurídica de Costa Rica en un arbitraje internacional promovido por los inversionistas vinculados con EBI.
El jerarca estimó ese desembolso en aproximadamente ₡2000 millones y señaló que debía efectuarse antes del 2 de diciembre, por lo que instó a los integrantes del Concejo Municipal a adoptar una decisión en las semanas siguientes.
Arbitraje internacional utilizado como argumento por el Gobierno
La controversia por la construcción del relleno sanitario se remonta a los certificados de uso de suelo otorgados en el 2011. La Municipalidad de Alajuela acudió posteriormente a los tribunales para solicitar la anulación de esas autorizaciones, al considerar que contravenían las disposiciones del plan regulador del cantón.
Los procesos de lesividad constituyen un mecanismo jurídico mediante el cual una institución pública solicita a los tribunales anular sus propios actos administrativos cuando considera que son contrarios al ordenamiento jurídico y perjudiciales para el interés público.
El conflicto adquirió una dimensión internacional cuando inversionistas vinculados con la empresa canadiense Berthier EBI y la sociedad Bajo Pita S. A. promovieron un arbitraje contra Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), alegando afectaciones a sus inversiones.
Durante el conversatorio en Turrúcares, Chaves sostuvo que el Estado costarricense enfrenta un riesgo económico de hasta $150 millones y argumentó que las actuaciones judiciales de la Municipalidad debilitan la posición del país frente al tribunal arbitral.
La propuesta del ministro consistía en que el gobierno local desistiera de los procesos judiciales y reconociera los compromisos inicialmente adquiridos con la empresa, mientras los inversionistas retirarían su reclamación internacional y el Ejecutivo avanzaría con las obras ofrecidas a la comunidad.
Sin embargo, durante la actividad no se presentó ningún acuerdo firmado con la empresa que garantizara el retiro del arbitraje internacional, ni se acreditó que el desistimiento de los procesos de lesividad fuera suficiente para habilitar jurídicamente la construcción del relleno sanitario.
El presidente del Concejo Municipal de Alajuela, Jorge Arturo Campos Araya, calificó el ofrecimiento gubernamental como un "trueque" y sostuvo que los habitantes de Turrúcares debían participar en la decisión. Chaves rechazó la posibilidad de someter el asunto a una consulta popular e insistió en que correspondía a los 11 regidores adoptar la decisión.
Representantes de organizaciones comunales también cuestionaron que el acceso a inversiones públicas quedara condicionado a la aceptación del relleno sanitario, al tiempo que plantearon preocupaciones por sus posibles efectos sobre las fuentes de agua, los ecosistemas y la infraestructura vial del distrito.
Oficialismo rechazó condenar las actuaciones de Chaves
Un día después del conversatorio, diputados de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Frente Amplio (FA) acusaron al ministro de recurrir al chantaje para conseguir que la Municipalidad de Alajuela desistiera de sus acciones judiciales contra el proyecto de EBI.
El caso llegó nuevamente al plenario legislativo el pasado 9 de noviembre, cuando las fracciones de oposición impulsaron una moción para que la Asamblea Legislativa condenara las declaraciones y actuaciones de Chaves y de los demás jerarcas presentes en el conversatorio.
La iniciativa pretendía rechazar el uso de la inversión pública como mecanismo de presión política, así como cualquier intento de condicionar la construcción de obras o la prestación de servicios públicos a que las comunidades o los gobiernos locales renuncien al ejercicio de sus derechos o adopten posiciones favorables a los intereses del Gobierno o de particulares.
No obstante, como informó Delfino.cr, los 31 diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) votaron en contra de la moción, mientras que los 24 legisladores de oposición presentes respaldaron la propuesta, que finalmente quedó rechazada.
¿Qué establece la legislación sobre el tráfico de influencias?
El delito de tráfico de influencias se encuentra tipificado en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422), que establece una pena ordinaria de dos a cinco años de prisión.
La norma sanciona a quien, aprovechándose de su cargo o de una relación de poder personal o jerárquica, influya sobre un servidor público para que realice, retrase u omita una actuación propia de sus funciones, de manera que genere un beneficio económico o una ventaja indebida para sí mismo o para un tercero.
La disposición también sanciona a quienes utilicen u ofrezcan esa influencia y contempla circunstancias agravantes en función del cargo o la posición jerárquica de la persona que la ejerza.
La configuración del delito no exige que el eventual beneficio indebido sea exclusivamente para la persona que ejerce la influencia, pues la legislación también contempla aquellos casos en los que se favorece a terceros.








