El proyecto autoriza al Estado a comprar una póliza para cubrir la responsabilidad civil y los gastos de defensa legal de las personas funcionarias policiales, cuando, como consecuencia del ejercicio de sus funciones policiales propiamente dichas, estas resulten acusadas penalmente, por tales acciones. La cobertura de la póliza aplicará únicamente cuando la persona funcionaria haya ejecutado sus funciones conforme a las instrucciones, protocolos o procedimientos institucionales vigentes al momento de los hechos. Quedan expresamente excluidos de dicha cobertura: los hechos derivados de decisiones de carácter administrativo, los actos realizados con dolo o culpa grave, cualquier conducta que constituya violación a los Derechos Humanos.