El proyecto pretende adicionar un artículo 3 bis a la Ley General de Contratación Pública (Ley 9986) para incluir que la Contraloría General de la República podrá autorizar la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios cuando la naturaleza del objeto y las condiciones del mercado así lo recomienden, sea necesario atender situaciones de riesgo inminente en procura de evitar daños a los bienes y a las personas en situaciones que no se ajusten a los supuestos del régimen especial de contratación previsto en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (Ley 8488) o si existen razones suficientes para considerar que esa es la mejor forma de cumplir con los fines y metas institucionales.