El proyecto recibió 50 votos a favor y ninguno en contra.
El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en primer debate, con 50 votos a favor y ninguno en contra, un proyecto de ley para fortalecer la prevención y sanción del apoderamiento ilegal de combustibles, así como de las actividades relacionadas con su transporte, almacenamiento, distribución y comercialización ilícita.
La iniciativa (expediente 25.206) fue presentada por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles el 19 de septiembre de 2025 y recibió dictamen afirmativo unánime de la Comisión de Asuntos Jurídicos el 9 de junio de 2026. Su propósito es reformar la Ley 9852, vigente desde junio de 2020, para ampliar las herramientas de prevención y persecución penal de estas actividades.
Uno de los principales cambios consiste en sustituir el actual delito de robo de combustibles, que exige el uso de la fuerza o violencia sobre las personas, por el delito de apoderamiento ilegal de combustibles y sus mezclas. Con ello, ya no será necesario acreditar ese elemento para sancionar penalmente la sustracción no autorizada de combustibles propiedad de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Cambios en las penas de prisión
La legislación vigente sanciona con penas de cinco a 15 años de prisión el robo de combustibles mediante el uso de la fuerza o violencia sobre las personas. El texto aprobado introduce una pena básica de cuatro a ocho años de prisión para cualquier modalidad de sustracción no autorizada y una pena agravada de seis a 15 años cuando esta se cometa mediante intervenciones ilegales en los ductos o instalaciones del Sistema Nacional de Combustibles.
Las penas contempladas en los artículos reformados serán las siguientes:
Apoderamiento ilegal de combustibles: prisión de cuatro a ocho años para quien se apodere ilegítimamente de combustibles o sus mezclas propiedad de Recope, mediante cualquier modalidad de sustracción no autorizada.
Apoderamiento mediante intervenciones ilegales en ductos o instalaciones: prisión de seis a 15 años cuando se realice mediante perforación, ruptura, manipulación o instalación de tomas ilegales.
Transporte, distribución, almacenamiento, comercialización, posesión e introducción ilegítima de combustibles: prisión de tres a cinco años.
Apoderamiento, daño, alteración o manipulación ilegítima de sistemas e instrumentos de control: prisión de cuatro a ocho años cuando esas conductas afecten los sistemas tecnológicos o instrumentos de control, medición y seguridad del Sistema Nacional de Combustibles.
Favorecimiento de la sustracción ilegítima de combustibles y delitos conexos: prisión de tres a cinco años para quien destine, autorice, tolere o facilite el uso de bienes muebles o inmuebles para la comisión de las conductas descritas en el artículo 12 de la ley.
En el caso del transporte y la distribución ilegal de combustibles, la reforma eleva las penas actuales de uno a cuatro años de prisión a un rango de tres a cinco años, e incorpora expresamente como conductas sancionables su almacenamiento, comercialización y posesión ilegítima.
También aumenta de tres a cuatro años la pena mínima por las conductas delictivas relacionadas con los sistemas e instrumentos de control, manteniendo el máximo de ocho años. En el caso del delito de favorecimiento, la pena mínima aumenta de dos a tres años, mientras que la máxima permanece en cinco años.
El delito de favorecimiento abarcará la facilitación de bienes muebles o inmuebles para la sustracción, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización u ocultamiento de combustibles derivados del petróleo, sus mezclas o biocombustibles, así como para dañar, alterar o manipular los sistemas e instrumentos de control del Sistema Nacional de Combustibles.
El proyecto también deroga el artículo 8 de la Ley 9852, que actualmente sanciona de manera independiente la introducción ilegal de combustibles al país, dado que esa conducta quedará incorporada en el artículo 7 reformado.
La derogatoria también elimina la excepción expresa que contiene actualmente el artículo 8 para los vehículos que ingresan legalmente al país con combustible en sus tanques destinado a su tránsito, operación y funcionamiento. El nuevo artículo 7 no reproduce esa excepción, aunque continúa circunscribiendo el delito a la introducción ilegítima de combustibles.
Unidad especializada para proteger los ductos de Recope

La iniciativa establece la creación de la Unidad Especial para la Protección de Ductos de Combustible, adscrita a Recope, que tendrá como competencia vigilar, proteger y asegurar la integridad del Sistema Nacional de Combustibles, en coordinación y auxilio de las autoridades policiales y judiciales correspondientes.
Entre sus atribuciones estarán la seguridad preventiva, el patrullaje, monitoreo, observación, reporte, disuasión y respuesta operativa inicial ante actividades ilícitas.
En casos de delito flagrante, el personal operativo de la unidad estará facultado para aprehender a los presuntos responsables, asegurar la escena y decomisar preventivamente combustibles, vehículos y herramientas. Las personas aprehendidas y los bienes decomisados deberán ponerse inmediatamente a disposición de las autoridades policiales y judiciales correspondientes.
Estas competencias únicamente podrán ejercerse dentro del perímetro de las instalaciones de Recope y las servidumbres de paso constituidas a su favor. En operativos conjuntos o investigaciones judicializadas, la dirección funcional corresponderá siempre a la autoridad competente.
La unidad operará bajo un régimen de disponibilidad que permita responder durante las 24 horas del día, todos los días del año. Su personal deberá contar con capacitación y adiestramiento técnico, para lo cual podrán establecerse convenios de cooperación con la Academia Nacional de Policía del Ministerio de Seguridad Pública.
Recope deberá aportar los recursos presupuestarios, técnicos y equipos necesarios para el funcionamiento de la unidad y quedará expresamente autorizada para crear las plazas requeridas, conforme a la estructura y organización que se establezcan.
El proyecto también reforma el artículo 8 de la Ley General de Policía para incorporar entre las atribuciones de los cuerpos policiales la obligación de actuar bajo el principio de cooperación y auxilio recíprocos para el cumplimiento de la legislación contra el apoderamiento ilegal de combustibles y su reglamento.
Controles sobre la venta de mangueras industriales

Como medida preventiva adicional, el texto aprobado establece que los distribuidores y vendedores de mangueras industriales de alta presión deberán llevar un registro detallado de las ventas superiores a 100 metros de ese producto.
Para efectos de la ley, se entenderá por manguera industrial de alta presión aquella destinada al transporte de fluidos a presiones superiores a 150 libras por pulgada cuadrada (psi), fabricada con materiales resistentes a condiciones severas de temperatura y abrasión.
Los comercios deberán registrar la fecha de cada transacción, la descripción del producto, la cantidad vendida, el precio, el medio de pago utilizado y la identificación del comprador.
Asimismo, estarán obligados a verificar la identidad, domicilio, capacidad legal, ocupación u objeto social de sus clientes y, cuando se trate de personas jurídicas, su representación legal. La información deberá recopilarse mediante un formulario que el cliente firmará al momento de realizar la compra.
Los formularios deberán remitirse mensualmente a Recope, conforme a las especificaciones y formatos que establezca la empresa pública.
El incumplimiento de estas obligaciones, incluyendo la falta de registro, la verificación inadecuada de los datos o el envío tardío o incorrecto de los formularios, podrá sancionarse con una multa de diez salarios base, que aumentará a 15 salarios base en caso de reincidencia.
Recope tendrá a su cargo el procedimiento administrativo para el cobro de las multas y administrará los recursos recaudados, que deberán destinarse a labores de investigación, detección y prevención del robo de combustibles y sus mezclas.
Declaraciones patrimoniales de trabajadores de Recope
La propuesta también establece que las personas trabajadoras de Recope que ocupen puestos relacionados directa o indirectamente con el Sistema Nacional de Combustibles deberán presentar declaraciones juradas sobre su situación patrimonial, tanto al asumir sus funciones como durante el ejercicio y al finalizar su relación laboral.
Las declaraciones deberán presentarse en los siguientes plazos:
Declaración inicial: dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha del nombramiento.
Declaración anual: dentro de los primeros 15 días hábiles de mayo de cada año, consignando los cambios y variaciones en la situación patrimonial.
Declaración final: dentro de los 30 días hábiles siguientes al cese de funciones.
El contenido de las declaraciones deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Recope determinará mediante normativa interna y reglamentaria los puestos sujetos a esta obligación, sus alcances y los procedimientos necesarios para su cumplimiento.
La empresa podrá realizar averiguaciones y estudios sobre su personal para determinar si existe mérito suficiente para presentar denuncias ante las autoridades competentes por un eventual enriquecimiento ilícito o por la participación de sus trabajadores en alguno de los delitos contemplados en la legislación contra el apoderamiento ilegal de combustibles.
Recope establecerá un registro confidencial de las declaraciones patrimoniales, sin perjuicio del acceso de los propios declarantes y del que resulte necesario para investigar posibles infracciones, delitos o responsabilidades disciplinarias por falsedad.
Infraestructura crítica y servicio público esencial
La reforma también modifica la declaratoria de interés público del Sistema Nacional de Combustibles para reconocer expresamente su condición de infraestructura crítica que brinda un servicio público esencial.
Asimismo, incorpora a la legislación las definiciones de infraestructura crítica, bien estratégico y servicio público esencial, estableciendo expresamente que las actividades de importación, transporte, distribución, suministro y comercialización de combustibles son consideradas servicios esenciales.
De convertirse en ley, la reforma regirá a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. El Poder Ejecutivo deberá emitir el reglamento correspondiente, incluyendo las disposiciones necesarias para la organización y funcionamiento de la unidad especializada, mientras que Recope deberá desarrollar los procedimientos para implementar el registro de ventas de mangueras industriales.
El proyecto deberá superar todavía su votación en segundo debate antes de ser remitido al Poder Ejecutivo para su sanción y publicación.







