También advirtió que las restricciones presupuestarias de 2027 podrían obligar a cerrar despachos y afectar investigaciones criminales.
La nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, expresó este lunes su disposición a mantener un diálogo con la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, siempre que las conversaciones se desarrollen bajo condiciones de respeto, buena fe y reconocimiento de las competencias de cada poder de la República. La magistrada también rechazó expresamente las afirmaciones de la mandataria sobre una supuesta infiltración del crimen organizado "hasta el tuétano" en el Poder Judicial.
Vargas González ofreció una conferencia de prensa después de resultar electa y juramentada como presidenta de la Corte para el período 2026-2030. Durante el encuentro abordó las tensiones con el Poder Ejecutivo, las restricciones al presupuesto judicial para el próximo año, los atrasos en la resolución de los procesos penales y las medidas que pretende impulsar para mejorar la comunicación institucional y combatir la corrupción.
Consultada sobre la posibilidad de reunirse con Fernández, luego de que su antecesor, Orlando Aguirre Gómez, declinara asistir a una convocatoria del Ejecutivo, la magistrada manifestó que la Corte mantendrá abiertos los canales de comunicación con los demás poderes del Estado, aunque advirtió que la disposición al diálogo no implica aceptar ataques personales ni cuestionamientos que desconozcan la independencia judicial.
El Poder Judicial ha estado abierto al diálogo y en mi Presidencia por supuesto que seguirá estando abierto al diálogo".
La nueva presidenta explicó que cualquier acercamiento debe partir del respeto recíproco y de la buena fe, pues considera que estas condiciones son indispensables para que las conversaciones produzcan resultados concretos en beneficio de la ciudadanía.
Nosotros no podemos degradar la discusión con ataques personales o ataques que dividen y que polarizan".
Vargas González aclaró que todavía no existe una fecha definida para reunirse con Fernández y que la posibilidad será uno de los asuntos prioritarios que discutirá con las demás magistraturas. Agregó que el Poder Judicial está dispuesto a recibir críticas y reconocer errores, pero sostuvo que los cuestionamientos deben formularse en términos que permitan mejorar el funcionamiento de las instituciones.
La magistrada también respondió consultas sobre la eventual participación del Poder Judicial en espacios de coordinación con el Ejecutivo, como la denominada Fuerza Élite. En ese sentido, no confirmó la incorporación de la Corte a esa iniciativa y señaló que primero será necesario determinar cuáles actividades corresponden a las competencias constitucionales de jueces y magistrados, y cuáles pertenecen a otras instituciones.
En relación con la ausencia de jerarcas judiciales en la inauguración del centro penitenciario de alta contención conocido como CACCO, Vargas González explicó que la administración penitenciaria corresponde al Poder Ejecutivo. Por esa razón, consideró que la inauguración de una cárcel no constituye necesariamente una actividad a la que deban asistir integrantes de la Corte Suprema de Justicia, especialmente cuando podrían surgir posteriormente controversias judiciales relacionadas con ese establecimiento.
Rechaza afirmaciones sobre infiltración del narcotráfico
Durante la conferencia, un periodista consultó a Vargas González sobre las declaraciones de Laura Fernández acerca de la penetración del crimen organizado en las estructuras judiciales, una afirmación que la mandataria formuló públicamente desde julio y que posteriormente reiteró.
La nueva presidenta rechazó que pueda atribuirse al conjunto del Poder Judicial una infiltración generalizada del narcotráfico a partir de los casos de corrupción conocidos en los últimos meses.
Es una frase que no comparto de ninguna manera y la rechazo".
Vargas González reconoció que existen casos de corrupción dentro de la institución, pero afirmó que, a su criterio, se trata de situaciones puntuales que no representan al conjunto de las personas funcionarias judiciales. También sostuvo que el propio Poder Judicial identificó algunos de esos casos y promovió las investigaciones penales o administrativas correspondientes.
Según explicó, la existencia de personas investigadas por corrupción dentro de un poder de la República no permite concluir que toda la institución esté controlada por organizaciones criminales. La magistrada señaló que ese mismo criterio debe aplicarse al Poder Ejecutivo y al Legislativo, donde también pueden presentarse conductas irregulares sin que ello implique atribuirlas a todos sus integrantes.
La presidenta judicial aseguró que mantendrá una política de rechazo a los actos de corrupción y destacó la aprobación de la nueva legislación sobre el régimen sancionador de las personas servidoras judiciales, que modificó los procedimientos para investigar y sancionar faltas disciplinarias.
Entre sus propuestas se encuentra la elaboración de una política de persecución disciplinaria, instrumento previsto en esa legislación que permitiría establecer prioridades y criterios institucionales para investigar las conductas de mayor gravedad.
No obstante, Vargas González advirtió que resulta incorrecto equiparar automáticamente el número de denuncias recibidas con el de sanciones impuestas para concluir que existe impunidad. Explicó que toda investigación debe respetar el debido proceso y que una denuncia puede terminar archivada cuando no se comprueban los hechos o no existen elementos suficientes para sancionar.
Advierte posibles cierres de despachos judiciales por presupuesto de 2027
Otro de los asuntos centrales de la conferencia fue la controversia por las normas de ejecución presupuestaria incluidas en el proyecto de Presupuesto Nacional para 2027, expediente 25.754, que condicionan el uso de recursos del Poder Judicial y establecen requisitos adicionales para la utilización de plazas.
Vargas González confirmó que mantendrá la defensa jurídica e institucional del presupuesto judicial y recordó que la Corte presentó una consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional para cuestionar las restricciones propuestas.
La magistrada sostuvo que las disposiciones presupuestarias comprometen la capacidad del Poder Judicial para administrar sus recursos y prestar servicios, debido a que ₡29.843,8 millones quedarían sujetos a condiciones y autorizaciones que dependen de otras instituciones.
La presidenta considera que esas restricciones presentan problemas de constitucionalidad y advirtió que, si llegan a aprobarse y aplicarse, podrían impedir que el Poder Judicial utilice parte de su presupuesto durante 2027, aun cuando los recursos aparezcan formalmente asignados.
A ello se suma la disposición que condicionaría la utilización de 2463 plazas judiciales que figuran administrativamente como vacantes, pero que actualmente están ocupadas por personal interino. La magistrada explicó que estas restricciones podrían comprometer la continuidad de servicios en distintas regiones del país.
Como ejemplo, señaló que un despacho podría quedarse sin juez si una de esas plazas deja de estar disponible, una situación que eventualmente obligaría a suspender o cerrar sus operaciones. También mencionó posibles afectaciones en las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los servicios de pensiones alimentarias y la atención de conflictos laborales.
Vargas González agregó que parte de los recursos sujetos a condicionamientos presupuestarios se utilizan para contratar servicios tecnológicos indispensables para el funcionamiento de los tribunales. En particular, mencionó más de ₡10.000 millones vinculados con tecnología y advirtió que la falta de recursos para pagar licencias informáticas podría afectar incluso los sistemas mediante los cuales se notifican las resoluciones judiciales.
Ante ese escenario, anunció que preparará un plan de contingencia con las direcciones técnicas del Poder Judicial para determinar cuáles servicios podrían resultar afectados, qué medidas administrativas serían necesarias y cómo proteger la continuidad de la atención a la ciudadanía.
La nueva presidenta aclaró que la elaboración de ese plan no significa renunciar a las acciones legales para defender el presupuesto, sino prepararse para un eventual escenario adverso si las restricciones terminan aplicándose.
Según explicó, el trabajo deberá desarrollarse antes del inicio de 2027, porque la institución no puede esperar a que entren en vigor las disposiciones para identificar sus posibles consecuencias. Las decisiones se adoptarían con apoyo de las dependencias encargadas de la planificación y administración institucional.
Reconoce como válida la crítica por los atrasos judiciales
Aunque rechazó los cuestionamientos generalizados sobre una supuesta infiltración criminal, Vargas González reconoció que existen críticas ciudadanas justificadas sobre el funcionamiento del Poder Judicial, particularmente las relacionadas con la duración de los procesos.
Consultada sobre cuáles observaciones del Poder Ejecutivo considera atendibles, la magistrada señaló que el rezago judicial constituye uno de los principales problemas que deben corregirse, independientemente de las explicaciones que existan sobre sus causas.
La nueva presidenta afirmó que el Poder Judicial aumentó su productividad en los últimos años, pero reconoció que también creció la cantidad de asuntos que ingresan a los tribunales, lo que dificulta reducir los expedientes pendientes.
Como ejemplo, aseguró que durante 2025 se dictaron más de 17.500 sentencias que pusieron fin a procesos penales. No obstante, explicó que la jurisdicción penal continúa enfrentando una demanda creciente y señaló que, según los datos que maneja, los ingresos de asuntos aumentaron más de 7% en los últimos años.
Vargas González indicó que pretende impulsar una serie de medidas administrativas y tecnológicas para reducir los tiempos de respuesta, entre ellas la identificación de los expedientes más antiguos, los planes de mejora en despachos judiciales y la implementación de un sistema de monitoreo continuo.
Este último permitiría utilizar indicadores estadísticos y herramientas de análisis de datos para detectar anticipadamente situaciones de congestión, identificar riesgos de atraso y adoptar medidas correctivas antes de que se acumulen más expedientes.
También mencionó la importancia de avanzar en la utilización de inteligencia artificial y extender el expediente electrónico a la jurisdicción penal, que presenta un menor grado de digitalización que otras materias.
En el ámbito legislativo, la presidenta anunció que buscará conversar con diputaciones de las distintas fracciones para impulsar las reformas procesales que la Corte Suprema de Justicia presentó con el propósito de agilizar la tramitación de causas penales.
Entre las iniciativas pendientes mencionó propuestas sobre procedimientos penales y medidas cautelares, incluidas algunas que podrían resultar relevantes para investigaciones relacionadas con corrupción y delitos vinculados con el ejercicio de la función pública.
Promete mejorar la comunicación con la ciudadanía y la prensa
La magistrada también reconoció que el Poder Judicial necesita modificar la forma en que se comunica con las personas usuarias, los medios de comunicación y la ciudadanía en general.
Explicó que tradicionalmente las personas juzgadoras han mantenido distancia de los debates públicos para proteger su imparcialidad, bajo el criterio de que sus resoluciones debían explicar por sí mismas las razones de cada decisión.
Sin embargo, consideró que ese modelo de comunicación resulta insuficiente ante las nuevas formas de consumo informativo, la velocidad de las redes sociales y la difusión de cuestionamientos sobre el funcionamiento de la justicia.
Vargas González afirmó que la institución debe aprender a explicar sus resoluciones en un lenguaje comprensible para personas sin formación jurídica, particularmente cuando se trata de asuntos de interés público. Aclaró que esa apertura no implica que jueces y magistrados deban justificar sus decisiones para satisfacer a determinados sectores, sino facilitar que la ciudadanía comprenda sus fundamentos.
La presidenta también reconoció la importancia del trabajo de la prensa para transmitir información judicial y señaló que espera fortalecer la relación con los medios de comunicación durante su gestión.
Frente a los cuestionamientos sobre la confianza pública en el Poder Judicial, rechazó asumir que la ciudadanía dejó de creer en la institución. Sostuvo que la cantidad creciente de personas que acuden a los tribunales constituye, a su juicio, una muestra de que la población sigue buscando respuestas en la administración de justicia.
No obstante, admitió que esa confianza debe fortalecerse mediante una mejor comunicación, mayor transparencia y resultados concretos en la reducción de los atrasos judiciales.
Vargas González insistió en que su gestión no estará centrada únicamente en la figura de la Presidencia, sino en el trabajo conjunto de las 22 magistraturas y de las más de 13.000 personas funcionarias que integran el Poder Judicial. Según explicó, su propuesta de renovación institucional no depende de la edad ni de la antigüedad de quienes ocupan los cargos, sino de introducir nuevas formas de gestión y fortalecer la cercanía de los servicios judiciales con la ciudadanía.