La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizó una nueva ronda de indagatorias vinculadas al caso Cochinilla, sumando 31 personas nuevas al proceso judicial, que llega ya a 80 involucrados.

El fiscal adjunto, Glen Calvo Céspedes, detalló que tras los allanamientos realizados en junio donde se detuvieron 30 personas, tenía previsto desde antes realizar 45 indagatorias a personas físicas, las cuales era necesario llamar para que declararan como "personas imputadas".

Estas personas no fueron detenidas en el operativo anterior, basado en el principio de objetividad del Ministerio Público y determinando que no era necesario debido a los peligros procesales que presentaban, y de hecho, así fue en estos meses porque han respondido todos a los llamados judiciales y se han presentado a estrados con el fin de brindar su declaración.

En junio, cuando estalló el caso, la Fiscalía y el OIJ suministraron la identidad de 49 personas involucradas en el caso. De la lista suministrada por el Ministerio Público este martes, se desprende que 14 personas indagadas ya habían sido mencionadas en junio, por lo que son 31 personas nuevas, para un total de 80 indagados.

Las nuevas personas involucradas pertenecen: ocho a Constructora Meco, seis al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), tres personas a CACISA, dos personas a H. Solís, dos personas de Constructora Santa Elena de Poás, dos personas de LGC, dos particulares sin vinculación a empresas o instituciones; una persona de Contraolasa S.A, una del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, una de Grupo Empr. El Almendro, una de Constructora Hermanos Bustamante; una de Laboratorios OJM, y una de Castro & La Torre.

Además de las personas ya indagadas, el Ministerio Público citó a los apoderados generales, representantes legales y/o agentes residentes de 10 empresas, contra las cuales se investigan delitos bajo la reciente Ley de responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos.

Calvo explicó que esos representantes se apersonan, conocen los hechos que se investigan, cuáles son las pruebas en contra de las personas jurídicas y se les permite participar como persona jurídica con los mismos derechos y responsabilidades que tiene un imputado físico.

Sobre el avance del caso, recordó que se trata de un caso grande pero que tuvo investigación previa por dos años seguido, por lo que resta analizar las pruebas decomisadas. Para el mes de septiembre, por ejemplo, tienen agendado con el Organismo de Investigación Judicial analizar los respaldos informáticos que fueron realizados; posteriormente analizarán informes económicos junto con peritos especializados en ese tema; y estudiarán cuáles intervenciones telefónicas pueden aportar como pruebas de delitos.